De no hacerlo, amenaza con intervenir fondos de pensiones de BBVA y Zurich Financial
Conmina La Paz a bancos europeos a transferir acciones petroleras a YPFB
Este gobierno acepta sugerencias, pero rechaza las bravuconadas: vicepresidente boliviano
La Paz, 15 de mayo. El gobierno boliviano amenazó el lunes con intervenir las dos administradoras privadas de fondos de pensiones del país, manejadas por grupos financieros de Suiza y España, si no transfieren a la estatal YPFB las acciones que poseen en tres empresas petroleras.
El vicepresidente del país, Alvaro García, anunció que los fondos de pensiones Futuro de Bolivia, del grupo Zurich Financial Services, y Previsión Bolivia, del español BBVA, tienen un plazo de tres días para hacer la transferencia sin costo, tal como lo estableció la nacionalización de hidrocarburos decretada a principios de mes.
"Habrá intervención a los fondos de pensiones si no cumplen en tres días el decreto, así de claro", dijo García al presentar un decreto complementario de la nacionalización que está llevando a cabo el gobierno izquierdista del presidente Evo Morales.
Según la norma, las administradoras de fondos de pensiones deben transferir las acciones que controlan en las petroleras que el gobierno decidió expropiar parcialmente: la operadora de ductos Transredes, manejada por la anglo-holandesa Shell, y las productoras de crudo y gas Chaco, de la estadunidense BP Amoco, y Andina, de Repsol-YPF.
Con el traspaso, YPFB pasará a controlar entre 34 y 48 por ciento de Transredes, Chaco y Andina.
Para que YPFB alcance el control de las tres petroleras locales, el decreto de nacionalización dispuso la expropiación de las cantidades necesarias de acciones de las petroleras extranjeras, en un proceso de traspaso que el gobierno dijo que espera hacer en forma concertada.
García, quien recordó que el traspaso de acciones petroleras tiene el respaldo de un referéndum realizado en 2004, reveló que el plazo de tres días fue fijado luego de que fracasara un diálogo con las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que la semana pasada denunciaron una supuesta ilegalidad de la expropiación.
"Este gobierno dialoga, recoge sugerencias, pero se cansa también del diálogo insulso, de las bravuconadas", dijo García.
Anunció que el gobierno prevé que los nuevos directorios de Transredes, Chaco y Andina, que tendrán una mayoría de representantes de YPFB, asumirán funciones a más tardar el próximo fin de semana.
"Con esto, YPFB tendrá respaldo económico para apalancar otros recursos (...), nacionalizamos y esta nacionalización de hidrocarburos nadie la va a parar, ninguna fuerza externa, mucho menos una fuerza interna conservadora", agregó.
Transredes, Chaco y Andina son empresas formadas a partir de una privatización del sector ejecutada en 1996, cuando las empresas extranjeras aportaron capitales que les dieron 50 por ciento de las acciones, más la administración.
El saldo de las acciones quedó desde entonces en manos de las AFP y los trabajadores de las compañías.
La expropiación parcial dispuesta por el decreto de nacionalización alcanza también a la empresa de refinerías de propiedad de la brasileña Petrobras y a la compañía logística CLHB, un consorcio conformado por OilTanking de Alemania y Graña Montero S. A. de Perú, en las que no participan las AFP.
El decreto del lunes no afectó a las acciones que manejan las AFP en otras empresas que pasaron por similar proceso de privatización la década pasada en los sectores de telecomunicaciones, ferrocarriles, aviación y electricidad.
Aparte de las cinco expropiaciones parciales, que no afectan a las operaciones mayores de extracción de crudo y gas, el decreto de nacionalización ordenó que las empresas extranjeras entreguen toda su producción a YPFB, recibiendo a cambio entre 18 y 50 por ciento del valor del producto.
La mayor riqueza de hidrocarburos boliviana es el gas natural, con una reserva actual de 48.7 billones de pies cúbicos y exportaciones a Argentina y Brasil que en 2005 sumaron casi mil millones de dólares.
El gobierno de Morales negocia actualmente un aumento "sustancial" de los precios de exportación del gas, como base de sus planes de crecimiento económico del país de 9.5 millones de habitantes, cuyo PIB sumó el año pasado unos 8 mil 500 millones de dólares.