La PGR, sin pretexto para turnarla a un juez, dicen
Ratifican diputados ampliación de la denuncia contra los Bribiesca
La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga a los hijos de Marta Sahagún ratificó ayer, ante la Procuraduría General de la República (PGR), la ampliación de la denuncia penal en contra de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, su socio Miguel Khoury, y el secretario ejecutivo del Instituo para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), Mario Beauregard.
Una vez cumplido el trámite, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos informó que se abrió la averiguación previa AP59/UEIDCSPCAJ/2006, con lo que, oficialmente, el Ministerio Público Federal dará inicio a la investigación sobre la probable comisión de los delitos de tráfico de influencias, fraude y uso indebido del servicio público.
La diligencia se realizó ayer, luego de que la PGR giró citatorios a los diputados integrantes de la comisión para ratificar la ampliación de la denuncia que realizaron, a su vez, el 9 de mayo pasado, cuando los legisladores presentaron nuevas pruebas de cómo el IPAB protegió las operaciones de los Bribiesca y Khoury para hacerse de cartera vencida en poder de ese instituto.
El presidente de la comisión, Jesús González Schmal, consideró que con este trámite el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, "ya no tiene pretexto para dilatar la investigación y turnar el caso a un juez federal".
La base de la denuncia de los diputados se fundamenta en las operaciones que, a través del IPAB, realizaron los Bribiesca.
Entre éstas se encuentra la que hicieron desde Construcciones Prácticas para la compra de 275 departamentos del condominio Santa Catarina, en San Francisco Totimehuacán, Puebla, paquete por el que pagaron 20 millones 993 mil pesos, de los cuales 4 millones 410 mil pesos fueron cubiertos por Alberto Dunand Aramburu, y un millón 869 mil 900 pesos por la propia empresa.
De acuerdo con la comisión, el cheque de Dunand fue aceptado por el IPAB, aunque provenía de una cuenta bancaria diferente a la de Construcciones Prácticas, ganadora de la subasta pública, lo cual contravino los lineamientos generales establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro y Bancario y el Programa de Enajenación de Bienes.
Se trata, explicaron, de conductas que pueden tipificarse como delitos, tanto de los servidores públicos involucrados en el proceso de subasta como de los particulares que promocionaron y gestionaron la resolución ilícita.
Otra de las operaciones irregulares fue la realizada para "legalizar" la venta del predio rústico Los Pirules, en Celaya, Guanajuato, del que Construcciones Prácticas tenía posesión desde el 3 de junio de 2003. Un año después, el 1º de abril de 2004, el IPAB realizó una subasta pública para adjudicar el terreno, que finalmente "ganó" la empresa de los Bribiesca.
Como parte de la ampliación de la denuncia, los diputados solicitaron a la PGR solicitar a comparecer a Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, a Miguel Khoury y a Mario Beauregard.