Las acusa de desviar recursos a la campaña de Calderón
Denuncia PRD a Vázquez Mota y Teresa Aranda
Por el presunto desvío de 55 millones de pesos del Programa Vivienda Rural a la campaña presidencial de Felipe Calderón, legisladores perredistas denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a diputados panistas, funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), entre ellos Josefina Vázquez Mota, por "asociación delictuosa, ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, cohecho" y otros cargos.
Al presentar la denuncia, la coordinadora de política social de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Clara Brugada, explicó que los recursos públicos se "triangularon" a través de una asociación civil "fantasma", Huehuetépetl Comunitaria, y de allí "fueron ilegalmente transferidos" a los diputados panistas Javier Castelo Parada y Jorge Luis Preciado Rodríguez, actuales candidatos a cargos de elección popular.
En la denuncia se especifica que Huehuetépetl está representada por Josefina Plata y "los empleados del PAN Carlos Vázquez, David López y Eric Vidal"; éstos transfirieron el dinero a José Benjamín Chacón, asistente de Castelo y Preciado, para "destinarlo a actividades de naturaleza electoral y partidaria, lo cual no sólo es incompatible con el propósito del programa, sino constituye un delito sancionado en el Código Penal Federal".
También se asienta que aunque la Cámara de Diputados asignó a Fonhapo la responsabilidad en la aplicación de los recursos del programa, Vázquez Mota anuló esa disposición cuando fue titular de la Sedeso y trasladó la obligación a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2005.
En compañía de los perredistas Beatriz Mojica y Horacio Duarte, Brugada dijo que la denuncia contra Vázquez Mota, ahora coordinadora política de la campaña presidencial del candidato panista, incluye a Teresa Aranda, actual titular de la Sedeso; Felipe González, ex subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, hoy candidato a senador por Aguascalientes; Sergio Soto Priante, subsecretario de Desarrollo Social y Humano; Isaac Rodskin Orleanski, director general de Opciones Productivas de la Sedeso; Andrés Vega Martínez, director Adjunto de Opciones Productivas de la misma secretaría, y el diputado panista José Isabel Trejo Reyes, por incurrir en violaciones e incumplimiento de diversos ordenamientos legales.
Contra los mismos funcionarios interpondrán otra denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y solicitarán a la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral que investigue el "financiamiento ilegal" de la campaña presidencial de Acción Nacional.
En la denuncia se entregan una serie de cartas y documentos intercambiados entre diputados panistas y funcionarios del gobierno foxista que demuestran cómo a partir de 2004 ambos "se dieron a la tarea de promover la conformación de organizaciones de la sociedad civil que eran favorecidas por la Sedeso en la entrega de recursos públicos".
Esa promoción se hizo con la misión de "crear cuadros militantes panistas en todo el país que desarrollen un modelo social para aprovechar y ejecutar los programas federales en beneficio de personas, grupos de la sociedad civil y productores agropecuarios, ganaderos y acuacultores que apoyen en procesos electores del PAN", según el Programa de Capacitación en Programas Federales, elaborado por el Consejo de Política Agropecuaria de la bancada panista, asesorado por el ex priísta Arnulfo Montes Cuen.
En la denuncia, los legisladores del PRD detallan que los recursos inicialmente aprobados para la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros (Fenpa), que representa Montes Cuen, finalmente se transfirieron a la asociación Huehuetépetl, bajo el concepto "comprometido como devengado no pagado a favor de la Fenpa".
Dicha transacción se hizo luego de que Montes Cuen se negó a depositar los recursos sociales en las cuentas bancarias número 0141205803 de BBV-Bancomer, a nombre del diputado panista Preciado Rodríguez, y a la 4028042489 de HSBC, a nombre de la Asociación Consejo Nacional Agropecuario y Forestal, AC, como demandaron Preciado y Trejo Reyes en un encuentro sostenido en un hotel capitalino.
El desvío se cometió en agravio de 5 mil 437 familias, a las cuales los diputados panistas hicieron firmar "recibos en blanco para cubrir las formas que requiere ese programa social".
Los diputados perredistas exigieron al titular de la SFP, Eduardo Romero Ramos, "que no defienda ni a su partido ni a su gobierno, ni se convierta en cómplice de estas irregularidades, porque tiene la obligación de actuar conforme a la ley".