El abogado sostiene que no proceden demandas que reclaman parte del fideicomiso de 55 mdd
Niega Presidencia obstaculizar viaje de De Buen para reunirse con Gómez Urrutia
Mientras el vocero presidencial Rubén Aguilar negó ayer que el gobierno mexicano haya incurrido en presiones en contra del abogado Néstor de Buen para evitar que pudiera visitar a Napoleón Gómez Urrutia en Vancouver, Canadá, el doctor en derecho insistió en que la forma en que se le impidió entrar a ese país hace pensar que "se trató de una presión más contra quienes están en favor del sindicato minero".
Néstor de Buen, experto en temas laborales, quien encabeza la defensa de este sindicato en las denuncias contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por haber violentado su autonomía, reiteró que en días pasados fue impedido de entrar a Vancouver con argumentos "poco claros" y en condiciones que permiten considerar que se trató de una más de las maniobras que se han orquestado para intimidar a quienes defienden la libre sindicación.
En entrevista explicó que él no está llevando la defensa de Napoleón Gómez Urrutia en los casos de las denuncias presentadas por ex trabajadores que reclaman parte de un fideicomiso por 55 millones de dólares ni tampoco los asuntos de supuesto lavado de dinero que se imputa al depuesto líder.
El abogado es defensor del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM) en materia laboral y se ha encargado de llevar el caso de la "ilegal" destitución que se hizo de Gómez Urrutia y de todas las irregularidades en que incurrió la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, para dar el aval a Elías Morales, personaje "siniestro", según calificó De Buen.
Dijo que en días pasados, al viajar a Canadá para visitar a Gómez Urrutia, se le negó la entrada a ese país bajo argumentos pueriles, ya que por ejemplo, se le inquirió "porque llevaba dos mudas de ropa si sólo iba a estar un día" y otras argucias de la misma naturaleza. Desde su punto de vista, seguramente el gobierno de México advirtió al de Canadá para que no se le autorizara su paso a territorio canadiense, por lo que envió una petición a la embajada de ese país a fin de que explique los motivos reales de esta decisión.
En tanto, la sección de comunicación de la embajada de Canadá en México informó desconocer el caso del abogado Néstor de Buen, pues "son cientos de ciudadanos mexicanos que viajan diariamente a su país" y que "ese acto de personal presuntamente de migración en el aeropuerto de Vancouver no corresponde a la práctica cotidiana".
También dijeron desconocer la carta que el abogado De Buen envió al embajador canadiense Baetan Lavertu, en la que relata los hechos ocurridos el pasado 29 de abril, cuando el litigante llegó a esa ciudad para entrevistarse con su cliente, el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.
Al respecto, el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, desmintió que haya habido "presuntas presiones del gobierno mexicano" en contra del Néstor de Buen para evitar que pueda visitar a su cliente Napoleón Gómez Urrutia en Canadá. Dijo que "jamás nunca México tomaría una decisión de esta naturaleza" y hasta calificó de irresponsable la denuncia del abogado.
"Estamos enterados (del caso) y desmiento de manera tajante y nos parece una irresponsabilidad acusaciones de este carácter sin ningún fundamento", señaló y dijo estar extrañado de esta "afirmación falsa".
En la conferencia mañanera de ayer, Aguilar estuvo acompañado del subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo, Gerardo Mosqueda, quien afirmó que el conflicto minero es "un problema intrasindical" y señaló que Napoleón Gómez enfrenta unas 6 mil 200 demandas laborales de agremiados.
A esta afirmación, Néstor de Buen respondió que prácticamente la totalidad de estas demandas no proceden, porque fueron levantadas por trabajadores que no tienen derecho a reclamar el fideicomiso de los 55 millones de dólares. Y explicó que sólo tienen derecho a estos recursos los trabajadores que laboraban en Minera del Cobre y Cananea al momento de su privatización, se les ha hecho creer que todos pueden reclamarlo.