Editorial

EU: militares contra trabajadores migrantes

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ordenó ayer el despliegue de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con México para reforzar la persecución de los migrantes indocumentados que, procedentes de nuestro país y de otros de América Latina, acuden al territorio de la nación vecina en busca de trabajo.

Tanto la Casa Blanca como Los Pinos niegan que la medida signifique la militarización de la línea fronteriza común. El vocero del presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar, especuló incluso que la presencia de los militares será un mero "apoyo administrativo y logístico" a los cuerpos policiales que hasta ahora se han encargado de la caza de los migrantes. Por su parte, Bush aplicó una capa de miel a esta determinación amarga ­"México es nuestro vecino y nuestro amigo"­, pero no dejó dudas del sentido del despliegue castrense: cerrar la frontera "a los ilegales, los criminales, los narcotraficantes y los terroristas". En esta frase se condensa la visión ­criminal, esa sí­ del gobierno estadunidense, que homologa a los trabajadores sin papeles con delincuentes de alta peligrosidad.

El hecho es que la Guardia Nacional es un cuerpo formado por voluntarios y bajo el mando de los gobernadores de los estados, pero es, a fin de cuentas, un organismo militar, dotado de medios militares ­marítimos, terrestres y aéreos­, varias de cuyas unidades están actualmente desplegadas en Irak. Una de las significativas diferencias entre esta agrupación y las otras ramas de las fuerzas armadas ­ejército, marina, fuerza aérea, infantería de marina­ reside en que las segundas tienen prohibido usar armas para hacer respetar la ley en el territorio estadunidense, en tanto que la Guardia Nacional dispone de autorización para disparar dentro del país. En la medida en que Bush envía tropas de ese cuerpo a la frontera para reforzar allí la vigilancia contra "ilegales, criminales, narcotraficantes y terroristas", creerle la afirmación de que "no participarán en tareas de detención" sería muestra de una candidez inadmisible e irresponsable. Por ello, es condenable la pretensión de la Presidencia de México de minimizar la decisión de Washington y escamotear a la opinión pública la gravedad de una medida que implica, aunque ambos gobiernos quieran ocultarlo, la militarización de la frontera.

Por lo que respecta a la Casa Blanca, la determinación es muestra de una crueldad inaudita: en adelante, quienes cruzan la frontera en busca de una vida mejor deberán hacer frente no sólo a los peligros de un entorno natural inclemente, a los traficantes de personas, a los abusos de las corporaciones policiales de uno y otro lados de la línea de demarcación, al sadismo de grupos civiles racistas que practican el deporte de la cacería humana y a la explotación y el atropello: ahora tendrán que vérselas también con fuerzas militares entrenadas ­debiera ser obvio­ para la guerra y para la aniquilación física del adversario.

Por lo demás, el designio de Bush representa una nueva y monstruosa distorsión del asunto migratorio, fenómeno social que la globalidad ha vuelto inexorable y necesario tanto para las economías que, como la nuestra, expulsan a sus individuos, como para la del país receptor, que se beneficia con la explotación de su trabajo. No satisfechos con catalogar a los migrantes como delincuentes, y de convertir el fenómeno en asunto policial, los gobernantes del país vecino lo convierten ahora en tema militar: los indocumentados son, además, el enemigo.

En su alocución el presidente estadunidense afirmó que su país es "un Estado de derecho y debemos hacer que se cumpla con nuestras leyes; también somos una nación de inmigrantes y debemos respetar esa tradición, que ha fortalecido a nuestro país de tantas maneras; éstos no son objetivos contradictorios". No lo serían si la clase política de Washington asumiera de una vez por todas que no hay solución más sensata, constructiva y humanitaria que despenalizar la migración. Por hoy, sin embargo, y para todo efecto práctico, este fenómeno ha sido colocado en el ámbito de las amenazas militares, y ello representa una aberración lógica, legal, moral y humana.