Empleado en Argentina durante la operación Cóndor
Dan a conocer reglamento de torturas que usaron represores
Buenos Aires, 13 de mayo. Un reglamento sobre "operaciones sicológicas", con métodos "compulsivos", torturas y amenazas de todo tipo para generar terror en las víctimas de persecución política, "apelando al factor miedo" para producir "angustia masiva y generalizada", además de todo tipo de "coacción", fue entregado esta semana al juzgado que sigue la causa de la operación Cóndor en Argentina.
El documento fue emitido cuando era comandante en jefe del ejército el general Alejandro Agustín Lanuse, con fecha 8 de noviembre de l968 y cuya vigencia se prolongó hasta el 21 de octubre de l997, lo cual indica que éste rigió "durante todo el ámbito temporal" que se fijó para la causa del Cóndor.
La presentación fue realizada por los abogados Alberto Pedroncini y Néstor Baigún, quienes representan a familiares de las víctimas de la operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70.
Los familiares querellantes en este caso, argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos, estiman que el documento demuestra que existieron órdenes de los militares y que éste sirve para documentar sus crímenes.
El reglamento se enmarca en la causa de la operación Cóndor -además de haber sido utilizado durante las dictaduras anteriores a la de 1976-, ya que estaba en vigencia durante el gobierno de Jorge Rafael Videla y sus sucesores.
"La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental. Por lo general este método será impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos o materiales de la misma tendencia. En él, la fuerza y el vigor remplazarán los instrumentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de acción sicológica transitarán por este método de la acción compulsiva", señala en una parte el reglamento antes mencionado.
Asimismo divide con claridad los "medios" previstos para la acción sicológica, entre los cuales se incluye la "compulsión física, torturas de tercer grado o síquica, anónimos, amenazas, chantajes, seguimientos, persecución telefónica, secuestros, terrorismo, desmanes y sabotaje, así como el uso de drogas y gases incapacitadores sicológicos, lavado de cerebro y otros".
De alguna manera relacionado con esto, el abogado Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sacó a luz uno de los episodios más ignorados durante la pasada y anteriores dictaduras, como la tragedia y persecución sufrida por seguidores de los Testigos de Jehová, quienes se negaban a realizar el servicio militar obligatorio, ya que sus creencias les impiden usar uniformes y armas.
"Los Testigos de Jehová también fueron perseguidos por los nazis, pero en Argentina vivieron un calvario a partir de la dictadura del general (Agustín) Lanusse, de quien poco se conoce", manifestó Moreau al diario Página/12. El jurista representa ante el Estado a 530 de esas víctimas, quienes reclaman reparaciones morales y económicas.
La mayoría estuvieron detenidos entre tres y siete años por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio.
Según el abogado, unos 4 mil Testigos de Jehová estuvieron presos entre 1971 y 1987. "El 35 por ciento de mis clientes fueron torturados físicamente y sicológicamente. Hay referencias de al menos tres muertes en cautiverio", destacó.
Esta fue una semana muy fuerte en el tema de los derechos humanos, por el hallazgo de más de mil quinientos legajos completos sobre los presos políticos de la pasada dictadura que estuvieron en la unidad nueve de La Plata, provincia de Buenos Aires, lo cual permite reconstruir los laberintos que llevaban desde una cárcel a un centro clandestino de detención, así como otros elementos claves para los juicios en marcha.
También ayudará en los juicios que se llevan a cabo contra los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense que cometieron delitos de lesa humanidad, porque aparecen los nombres de quienes ordenaban sanciones, después de que la semana anterior un juez ordenó la detención de 14 de esos funcionarios.
Asimismo, ocho militares de la Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, acusados de la desaparición de Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María de Ponce, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo; de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, así como de otros siete familiares en diciembre de 1977, fueron procesados y se les dictó prisión preventiva. Además, se les impuso un embargo de bienes por 12 millones de pesos a cada uno.