Nada otorga al presidente "poder sin límite para escuchar comunicaciones": NYT

Agentes federales catean oficinas y casa del director saliente de la CIA

FBI: republicanos, la mayoría de los altos funcionarios que están implicados en corruptelas

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 12 de mayo. Cuando esta mañana las autoridades llegaron con órdenes judiciales y catearon la casa y oficinas del director ejecutivo saliente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), culminó la semana con un círculo completo: big brother dio la vuelta para toparse con big brother.

La noticia que sacudió ayer a Washington -hoy, nota principal en todos los periódicos y anoche de los noticiarios de televisión- fue la revelación de que todas las llamadas telefónicas domésticas (fijas o móviles) de unos 200 millones de estadunidenses están registradas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), bajo un programa secreto autorizado por el presidente George W. Bush poco después del 11 de septiembre de 2001.

La existencia del programa, revelado por el periódico USA Today, intensificó el debate sobre los poderes secretos adquiridos por el gobierno de Bush y sus implicaciones constitucionales en el supuesto derecho sagrado de los ciudadanos a la privacidad. "Si todos los detalles del programa son confirmados la invasión a la privacidad es sustancial", opinó hoy el New York Times en su editorial principal. "Al cruzar los números con bancos de datos, que vinculan números a nombres y direcciones, el gobierno puede compilar un dossier sobre qué personas y organizaciones tiene contacto con cada estadunidense.

"Lo que tenemos aquí -advierte el Times- es un programa de vigilancia clandestino, de un tamaño enorme, operado por miembros de la administración (de Bush), quienes no están sujetos a ningún límite o escrutinio más allá de lo que ellos se imponen." Apunta que si no fuera por la revelación, la Casa Blanca habría mantenido ese programa en secreto para siempre, sin rendir cuentas a nadie. Señala que ayer Bush nuevamente justificó la existencia de ese programa, como hizo con la intervención de comunicaciones internacionales revelada por el Times hace unos meses, y concluye que los atentados del 11 de septiembre y la decisión de reforzar las defensas del país "no otorgan al presidente el poder sin límite que ahora se atribuye de incursionar en las comunicaciones privadas del pueblo estadunidense".

Mientras influyentes legisladores han demandado investigaciones y audiencias en torno de la nueva controversia, ésta se convierte en parte de la aparentemente interminable disputa de abusos del poder, filtraciones, operaciones clandestinas posiblemente ilegales tanto dentro como fuera de Estados Unidos y escándalos de corrupción que parecen rodear al gobierno de Bush y sus aliados.

Lo notable es que esos escándalos y controversias poco a poco se van cruzando entre sí y reaparecen las historias negras del pasado. Por ejemplo, el cateo de hoy a la casa y oficinas de Kyle Dusty Foggo, quien recién ofreció su renuncia como número tres en la jerarquía de la CIA, abre un abanico de relaciones que van más allá de este caso particular.

Foggo fue elevado a ese puesto de los rangos medios de la agencia por el ahora ex director de la CIA Porter Goss. Cuando Goss fue obligado a dimitir, hace una semana, lo hizo ante una creciente especulación de que su sorpresiva renuncia fue resultado, al menos en parte, de una investigación criminal que podría mancharlo. Se sabía desde entonces que su subordinado Foggo estaba vinculado con la investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre actos de corrupción de legisladores, la cual ya había resultado en la dimisión, confesión y encarcelamiento del representante federal republicano Randy Duke Cunningham.

Foggo y Cunningham asistían a fiestas semanales de pókar, donde también, según algunas versiones, se ofrecían prostitutas en un suite del hotel Watergate. El anfitrión de las fiestas era Brent Wilkes, un contratista militar. Wilkes está bajo investigación en el caso de corrupción de Cunningham, ya que él y otro asociado usaban esas fiestas para armar relaciones con varios legisladores y funcionarios de agencias de inteligencia, en las que se hacían las negociaciones para los sobornos de los legisladores a cambio de que éstos ayudaran a conseguir contratos federales multimillonarios a los contratistas. Cunningham recibió un total de 2.4 millones de dólares en sobornos.

Foggo es amigo de Wilkes desde la secundaria y ahora está bajo investigación por su posible participación en ese círculo de corrupción. También fue agente de la CIA en Tegucigalpa durante los años 80, donde participó en el apoyo de la contra en esa zona, entre otras operaciones en varias partes del mundo.

Ayer Los Angeles Times reveló que el representante republicano Jerry Lewis, presidente del poderoso Comité de Apropiaciones de la Cámara, también está bajo investigación en el caso de Cunningham y Wilkes. Fuentes cercanas a la pesquisa han señalado que en el asunto podrían estar involucrados hasta seis legisladores federales.

Más de 2 mil investigaciones por corrupción oficial

Pero ésta es sólo una de las investigaciones de corrupción contra funcionarios y políticos electos en este país. Otra gran pesquisa federal se centra en Jack Abramoff, uno de los cabilderos más influyentes de Washington, con vínculos muy cercanos con el representante Tom DeLay, también bajo acusación de cometer varios delitos. Se sospecha que varios legisladores federales están en otro gran complot de corrupción política para el enriquecimiento de unos cuantos.

Aquí también se supone que habrá varios legisladores y funcionarios (uno de los encargados de la oficina de programación y presupuesto de la Casa Blanca renunció el año pasado, justo antes de ser formalmente acusado de mentir sobre su relación con Abramoff) implicados en ese escándalo. Recientemente se dio a conocer que Abramoff había estado en varias ocasiones en la Casa Blanca y en una de ellas con el estratega político de Bush, Karl Rove.

Mientras tanto, continúa la investigación federal contra altos funcionarios de la Casa Blanca en torno del escándalo sobre la filtración a los medios de la identidad de una agente de la CIA -el caso de Valerie Plame-, en el que fue acusado Lewis Libby, asesor principal del vicepresidente Dick Cheney.

Y ahí no acaba la lista. Ayer, el gobernador republicano del estado de Kentucky fue acusado formalmente de ofrecer empleos públicos a sus aliados políticos. Otros 13 integrantes de su gobierno han sido acusados de cometer varios ilícitos, y se esperan más.

La FBI realiza actualmente más de 2 mil investigaciones sobre corrupción de políticos y funcionarios, informó el New York Times esta semana. "Los resultados sugieren que las fechorías de servidores públicos en todos los niveles del gobierno están profundamente enraizadas y son amplias", aseveró el diario, y señaló que los casos de más alto nivel han involucrado a los republicanos. En 2004 y 2005, más de mil 60 empleados gubernamentales fueron condenados por actividades corruptas, incluyendo 177 funcionarios federales, 158 estatales, 360 locales y 365 agentes policiacos.

La escena de las fiestas en el Watergate con jefes de inteligencia, legisladores corruptos, contratistas y cabilderos que hacen de la política un gran negocio parece ser cada vez más la imagen perfecta para simbolizar el panorama político actual: buena parte de Washington ya no es más que un juego de pókar exclusivo.

A todo esto, el general Michael Hadley, el hasta hace poco jefe de la Agencia de Seguridad Nacional -encargado, entre otras cosas, de los programas secretos de rastreo de llamadas telefónicas dentro del país, como el de intervenir comunicaciones entre este país y el exterior-, ha sido nombrado por Bush para ocupar el cargo de jefe de la CIA.

El círculo se cierra con una gran interrogante: si big brother se dedica a vigilar a todos (claro, dentro de los marcos legales y sólo para defender el país contra el "terrorismo"), ¿quién vigila a big brother?