Atenco y la guerra sucia
Los cateos violentos e ilegales en las primeras horas del amanecer y en pequeñas aldeas o en pequeños barrios son una antigua y recurrente práctica de ejércitos represivos y de cuerpos policiacos. Gran parte de la eficacia de estos cateos y las secuelas de sus daños derivan por fuerza de lo inesperado del operativo mismo. Es la sorpresa el arma esencial en esta ocupación súbita de territorios aldeanos o de barrios urbanos. Por ello las primeras horas de la madrugada suelen ser las más idóneas para tales ataques sorpresivos.
Además de la sorpresa, debe destacarse otro dato esencial: la imperiosa, contundente, visible superioridad de las armas sobre familias inermes o sobre la endeble resistencia esporádica de mujeres o ancianos. El armamento es intimidatorio en varios aspectos. Primero, desde los retenes que cercan el territorio y bloquean entradas y salidas de la aldea o del barrio; después, en los comandos de elite que penetran en domicilios con violencia para acentuar la sorpresa y para evidenciar la superioridad de su armamento.
La violencia desplegada en estos operativos suele ser innecesaria desde la perspectiva de las víctimas, no desde la de los elementos militares o policiacos que efectúan el cateo. Porque la violencia extrema tiene una finalidad específica más allá de enfatizar la sorpresa y la superioridad armada: tiene como propósito amedrentar de inmediato, a fin de facilitar las aprehensiones ilegales de veintenas o centenares de hombres, mujeres y niños, incluso de ancianos.
En estos operativos, particularmente en la contrainsurgencia militar, cuando no es posible aún la captura de dirigentes notorios o ya ubicados, se efectúa una peculiar selección de estas multitudes aprehendidas: los jóvenes o los hombres capaces, por su edad y constitución física, de luchar como guerrilleros o de participar en alzamientos regionales.
Las aprehensiones numerosas facilitan varias cosas: la penetración en todas las habitaciones de las casas para detectar rápidamente armas, equipos, pertrechos, alimentos, propaganda o dinero. A estos detalles técnicos y tácticos se debe la imposibilidad de distinguir entre el robo, el despojo, la destrucción indiscriminada y lo que esos elementos y sus jefes quisieran que víctimas y analistas llamáramos solamente "inspección". La secuela de devastación, robo y ultraje es, así, connatural a la inspección y a la aprehensión multitudinaria.
Varias son las funciones de este tipo de aprehensiones colectivas. En la ocupación militar o policiaca contrainsurgente, amedrentar a la población ultrajada y saqueada para "disuadirla" de continuar en la "violencia" social. Segundo, ubicar combatientes. Tercero, identificar dirigentes. Cuarto, retener a familiares de combatientes o de dirigentes. Quinto, seleccionar candidatos para la tortura, para la desaparición forzada, para la consignación penal o para la liberación por falta de pruebas. El más largo corredor en esta represión es la tortura.
Pues bien, quizás puede bastar esta descripción sucinta para situar en otros contextos el valor político y militar de tal tipo de operativos. Uno de los más visibles o evidentes deriva de su naturaleza táctica: es la imposibilidad de que sea una acción improvisada. Se trata de un operativo que no puede surgir por azar, sino por estudio, balance o planeación previa. Es importante reiterarlo: requiere de planificación anticipada.
Segundo, son resultado de una coordinación de varios sectores administrativos y políticos. O sea, "requieren" de la anuencia, coordinación o disposición de poderes municipales, estatales y federales; de agentes del Ministerio Público Federal, de jueces, de servicios médicos, de fuerzas complementarias y de autoridades carcelarias. Esta coordinación multisectorial tampoco puede ser improvisada inopinadamente.
Un aspecto más deriva de los dos anteriores: no son operativos de alto riesgo militar ni policiaco, pues la sorpresa y la superioridad de armamento, más los estudios previos para su aplicación en las zonas ya vigiladas y analizadas, no suponen una resistencia peligrosa ni real. Son operativos de amedrentamiento y sometimiento inmediato, sí. Pero lo notable de estos operativos es, en cambio, su alto riesgo político. Quiero decir, el mensaje social que operativos así encarnan es de tal magnitud que no pueden aplicarse sin un mandato de las autoridades políticas. Claro, es recurrente en la historia de este tipo de acciones el discurso demagógico para deslindar a la autoridad política de la autoridad policiaca o militar. Esto explica y torna necesaria una coordinación más: la de los medios. Es muy útil el silencio, la complicidad e incluso la distorsión generada por televisión, radio y prensa escrita.
Destaquemos también que la autorización de las jerarquías políticas interviene no solamente para la aplicación del operativo en un punto rural o urbano específico, sino en otro aspecto más: el del propio entrenamiento de los cuerpos policiacos o militares.
Hace unos días publiqué en las páginas de La Jornada algunos pasajes de documentos desclasificados recientemente por el gobierno de Estados Unidos. En una carta que el entonces embajador Robert McBride dirigió el 5 de junio de 1971 a las oficinas centrales de Washington, afirma que el secretario de Relaciones Exteriores Emilio Rabasa había solicitado al gobierno de Estados Unidos ayuda para diseñar un programa especial teórico y de entrenamiento para un grupo selecto de mexicanos en tareas policiacas y control de multitudes (crowd control), y que con ese motivo el coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa había visitado el día anterior la embajada. Díaz Escobar "mostró especial interés en el control de masas, particularmente en relación con manifestaciones estudiantiles y motines" (he showed special interest in crowd control, dealing with student demonstrations, and riots). Al final de su carta, el embajador señala que "Díaz Escobar es un coronel del Ejército Mexicano y, entre otras cosas, está actualmente a cargo de un grupo de individuos conocidos como los Halcones" (Diaz Escobar is a colonel in Mexican army, and, among other things, is also currently in charge of a group of individuals known as the Halcones.)
En otras palabras, la autorización de la jerarquía política es inherente a este tipo de operativos llamados técnicamente de "control de masas". No hay un divorcio entre la decisión policiaca y militar y la decisión política, desde el entrenamiento de cuadros hasta la planeación de los operativos y su ejecución
Me extendí en estos aspectos de los operativos de cateo porque los he estudiado en diversas épocas y sociedades del mundo contemporáneo y porque ofrecen para el México de hoy un importante aviso: he descrito ampliamente estos operativos, con todas sus secuelas, en mi novela Guerra en el paraíso. Quiero decir que fueron las tácticas militares donde se originaron las desapariciones forzosas y los asesinatos de centenares de campesinos en el estado de Guerrero durante la guerra sucia de los años 70. La guerra sucia en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala, en cualquier país, en México mismo, hubiera sido imposible sin estos operativos que en las primeras horas del amanecer ensangrentaron aldeas y barrios enteros. Es el gozne que ha abierto las puertas a los corredores de tortura, muerte y prisión ilegal.
Aplicar en Atenco una de las tácticas elementales de la guerra sucia que ha vivido México en otros momentos de su historia es una grave equivocación política del actual y moribundo gobierno federal. En el contexto del país significa un grave retroceso. Con la complacencia del gobierno federal, mueren mineros en Pasta de Conchos, Coahuila; autoridades federales y estatales reprimen y asesinan a obreros de Sicartsa en Michoacán; autoridades federales y estatales violan leyes y sentencias de jueces de distrito para apoyar el ecocidio de la Minera San Xavier en San Luis Potosí; con el silencio cómplice de autoridades federales se cierra ilegalmente la mina San Martín en Zacatecas; el gobierno federal viola leyes para desconocer, sin la opinión mayoritaria de los mineros, a un líder tan corrupto como a los que convocó a Los Pinos para celebrar a escondidas el Día del Trabajo. En este contexto nacional, matar y reprimir en Atenco echando mano de una de las técnicas esenciales de la guerra sucia es un error y un retorno hacia la barbarie. Es claro, es lógico al menos, pensar que la política de Estado en los últimos meses de la administración de Vicente Fox distorsiona la naturaleza de la ley y de la estabilidad social. Se nos quiere hacer creer que la violencia institucionalizada que constituye el hambre y el empobrecimiento acelerado del país, más los intereses a salvo de las cúpulas de poder, son la paz social. Pero sobre todo se nos quiere hacer saber que, en los últimos meses de este gobierno, la represión sangrienta será la respuesta oficial para todos aquellos que se resistan a aceptar que la paz social es el hambre, la arbitrariedad, la simulación, el desempleo, la desnutrición, la miseria.