Usted está aquí: viernes 12 de mayo de 2006 Capital Tres jóvenes encarcelados sin razón ahora exigen la reparación de daños

Les fabricaron acusaciones de robo; fueron golpeados y amenazados de muerte

Tres jóvenes encarcelados sin razón ahora exigen la reparación de daños

Tras varios meses de prisión e irregularidades, el TSJDF los declaró inocentes

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Ampliar la imagen Interno del Reclusorio Oriente se dispone a participar en una pelea de boxeo durante un torneo de pugilismo organizado por las autoridades penitenciarias. Imagen de archivo Foto: Roberto García Ortiz

Los hermanos Miguel Angel y Rubén Gámez Mogollón, así como Juan Carlos Hernández Palafox, son jóvenes que perdieron parte de su vida en prisión.

Primero fueron detenidos, implicados en delitos que no cometieron, y luego sentenciados. Sólo que las acusaciones fabricadas cayeron por su propio peso, por lo que fueron puestos en libertad.

Ayer, en compañía de sus respectivos padres, narraron los detalles de su drama. Aseguran que a pesar de haber presentado quejas y denuncias ante la Procuraduría General de Justicia capitalina y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, los policías y funcionarios implicados en su encarcelamiento siguen en sus puestos.

Según consta en la averiguación previa VC-3T1/844/05-03 y lo expresado por Miguel Angel, de 27 años, el 27 de marzo del año pasado caminaba por calles de la colonia Magdalena Mixhuca, y en el cruce de Río Frío e Industria fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que sin darle tiempo de identificarse lo subieron a una patrulla.

"Por medio de la fuerza fui esposado con las manos hacia atrás, golpeado y arrastrado por los policías que después supe se llaman Daniel García García y Francisco Jesús Morales Hernández, quienes decían que me había robado un camión con madera de una empresa. Rumbo a la agencia del Ministerio Público les dije que los denunciaría ante derechos humanos, pero me golpearon más y me dijeron que me iban a matar y me iban a tirar en otro lugar".

Su hermano Rubén presenció los hechos y siguió a las patrullas en un taxi, pero al llegar a la agencia del MP también fue detenido y golpeados. Las huellas, según mostraron, todavía son visibles. Después se les consignó y con base en lo que califican de "declaraciones fabricadas" de los policías y de gente de la empresa Autotransportes de Carga NASA, fueron encerrados en el Reclusorio Norte.

Su defensa apeló el caso y, a poco más de un año, el pasado 4 de abril la novena sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) resolvió dejar en libertad a Rubén y a Miguel Angel, señalando que la conducta base de la acusación era del todo "incierta, que había incertidumbre en la detención de los acusados y de que ellos fueran los responsables".

"Se parecía" al asaltante

El caso de Juan Carlos Hernández, de 20 años, fue similar. El fue detenido en calles de la delegación Iztapalapa el 11 de marzo de 2004. En la patrulla que lo interceptó iba una mujer que dijo que se parecía a un sujeto que le había robado 100 mil pesos de su casa.

Secundado por su padre, el afectado mencionó que los uniformados le pedían 30 mil pesos para dejarlo en libertad, pero ni Juan Carlos ni su familia tenían ese dinero, por lo que fue consignado al Reclusorio Oriente por el delito de robo a casa habitación, a mano armada y en pandilla, con base en las declaraciones de la mujer.

Narra que al Ministerio Público se le dificultó "fabricarle" las pruebas, por lo que rebasó el término constitucional de 48 horas para resolver su situación; debido a ello, en el proceso, el juez 58 penal determinó que el Ministerio Público incurrió en delito contra la administración de justicia.

Finalmente, luego de cinco meses en prisión, Juan Carlos salió libre el 30 de agosto de 2004 sin ningún cargo, luego de que los magistrados de la primera sala penal, en la toca 1001/2004, resolvieron que el señalado era inocente.

Hoy, tanto los padres y la defensa de Rubén y Miguel Angel, así como los de Juan Carlos, exigen a las autoridades capitalinas que les sean resarcidos los daños ocasionados por su ilegal reclusión.

 
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