Detienen concesiones de transporte e investigan las otorgadas por los ex funcionarios
Buscan en 5 entidades a prófugos de Oaxaca
Oaxaca, Oax., 11 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) pidió apoyo a sus similares del Distrito Federal, estado de México, Querétaro, Puebla y Tlaxcala para encontrar y detener a Aurora López Acevedo, Eduardo Alberto Franco y Horacio Sainz Castro, ex funcionarios estatales acusados de falsificación de documentos y abuso de autoridad por otorgar miles de concesiones irregulares de transporte colectivo.
Ante las anomalías detectadas, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz emitió un decreto para suspender indefinidamente el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de los servicios públicos de transporte de pasajeros o de carga. Además, dispuso la revisión de todos los títulos de concesión otorgados hasta el 30 de noviembre de 2004 en un plazo de 60 días para cotejar los requisitos exigidos y las firmas contenidas. Si se detectan irregularidades se notificará a la PGJE y se cancelarán los permisos en forma definitiva.
La dependencia solicitó ayuda a las entidades mencionadas luego de recibir informes de que ahí podrían encontrarse la ex coordinadora de Transporte, Aurora López Acevedo, y sus ex colaboradores Eduardo Alberto Franco y Horacio Sainz Castro, informó el director de la policía ministerial del estado, Manuel Moreno Rivas.
Añadió que se investiga el origen de cuatro residencias propiedad de Aurora López en la ciudad de México, donde también tendrían inmuebles el ex director de Transporte, Horacio Sainz, y el ex jefe del departamento jurídico de la Coordinación de Transporte, Eduardo Alberto Franco, sobrino del senador priísta Jorge Franco Jiménez y primo del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jorge Franco Vargas.
Moreno Rivas destacó que la policía cateará 10 propiedades de la ex funcionaria, así como las oficinas de su línea de autobuses urbanos en esta ciudad, en busca de pruebas.
La procuradora de Justicia, Rosa Lizbeth Caña, no descartó solicitar la intervención de la Interpol, de comprobarse que los indiciados están fuera de México.
Por medio de su abogado, Gerardo López Thomas, los acusados promovieron el amparo 533/2006 en el juzgado quinto de distrito del estado para evitar ser detenidos.
Según el proceso penal 64/2006, con sede en el juzgado séptimo de lo penal, López Acevedo y sus colaboradores habrían extendido concesiones con la firma del ex gobernador José Murat Casab escaneada o falsificada a puño.
El actual titular de la Coordinación del Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, dio a conocer que la Secretaría de la Contraloría ha encontrado en una auditoría 6 mil concesiones con firmas escaneadas y otras 2 mil con firmas falsas hechas a mano, por cada una de las cuales se habrían cobrado ilícitamente hasta 70 mil pesos.
En entrevista, Ruiz Cerón dijo desconocer si la PGJE llamaría a declarar a Murat Casab. ''No sabría decir. Los asuntos netamente legales, jurídicos, los tiene la procuraduría'', respondió.
Añadió que por órdenes de Ulises Ruiz Ortiz la Secretaría de la Contraloría y la Coordinación del Transporte revisarán las aproximadamente 30 mil concesiones de taxis otorgadas en sexenios anteriores, incluidas las entregadas a ex funcionarios, guardaespaldas y periodistas.
La procuradora Caña Cadeza destacó que la PGJE investiga si existen más concesiones con documentos falsos y más involucrados.
Mencionó que la orden de aprehensión dictada por el juzgado séptimo de lo penal, a petición expresa de la PGJE, ''es un mensaje claro para cualquier servidor público'', pues ''cualquiera está expuesto a ser investigado, consignado y procesado si incurre en algún ilícito''.
Rosa Lizbeth Caña rechazó la versión de que Horacio Sainz y Eduardo Alberto Franco habían sido detenidos la noche del martes y presentados en la PGJE, pero liberados por ''órdenes de arriba''.