¿Quién falló?
Por la mañana del miércoles 3 de mayo, día de la Santa Cruz, ocurrió en Atenco un episodio de la gestión del presidente Fox, cuyas consecuencias son todavía difíciles de calibrar.
Un incidente que se supondría menor -el desalojo de ocho floristas de un recinto municipal que ocupaban en contra de las órdenes del presidente municipal- creció hasta involucrar a las fuerzas de la policía municipal, la estatal y finalmente la federal. Después de los primeros forcejeos matutinos, todo fue transmitido por radio y televisión mientras ocurría. La atención capitalina, la nacional y luego la internacional, se fijaron en el asunto. Cuando los floristas fueron desalojados por la fuerza pública se convocó a la población de Atenco, real o flotante, a defenderlos. Lo hicieron con eficacia tal que la policía estatal hubo de intervenir con un contingente semejante al de los que participaban en el motín -término que las autoridades se han negado a usar porque está tipificado en el Código Penal como un delito político y significaría un mentís a un gobierno que ha hecho de las libertades democráticas su principal logro. La televisión registró la refriega y la brutalidad de los amotinados que obligaron a la policía a huir en desbandada.
Lo que los medios de comunicación no registraron fue que la policía recibió órdenes de retirarse de la manera en que lo hizo ni que tales órdenes fueron motivadas por el hecho de que para controlar a una multitud enfurecida sin hacer uso de armas letales es necesario contar con tres o cuatro agentes por cada amotinado y no se contaba con esa fuerza. La imagen recogida y transmitida fue la de un numeroso contingente policiaco derrotado y huyendo en desbandada.
Al día siguiente, jueves 4, los noticieros mañaneros tuvieron la oportunidad de transmitir, también en vivo, el desalojo de los ocupantes de Atenco y la captura de sus dirigentes y más de un centenar de sus coadjutores.
También se detuvo a cinco mujeres extranjeras que fueron sumariamente deportadas. La operación fue en esta ocasión exitosamente realizada por la Policía Federal Preventiva (PFP) acompañada por la policía estatal (aunque para efectos formales se afirma lo contrario). La televisión filmó un ejercicio ordenado y planeado en el que destacaron escenas de violencia innecesaria y desproporcionada contra personas que ya estaban sometidas.
Lo que hasta entonces había sido una crítica generalizada a los amotinados por la saña con que golpearon a algunos policías, a sabiendas de que estaban siendo filmados, dio un giro de 180 grados. Las críticas fueron contra la PFP y la policía estatal porque, contrariamente a lo que se espera de cuerpos profesionales y especializados, actuaron con brutalidad comparable a la de los amotinados.
Automáticamente, el asunto saltó del nivel operativo al político. Pero los gobiernos estatal y federal respondieron a las críticas exponiendo ante la prensa y la opinión pública a los jefes de las instituciones involucradas y no a los responsables políticos de las decisiones que se tomaron y, en última instancia, responsables también de la insuficiente capacidad de las instituciones.
Se olvidaron o decidieron no hacer caso de la complejidad del momento político del país. No obstante, el resto de los actores políticos formales e informales (con la posible excepción del Dr. Simi) se pronunciaron al respecto, porque no lo pudieron evitar o porque vieron en ello una oportunidad para llevar agua a su molino.
Los municipales fueron rápida y comprensiblemente superados. Los estatales respondieron apresurada y desordenadamente. La PFP, efectiva, se excedió. A los jefes operativos les es consustancial la incapacidad de responder a los apremios de la prensa. Los jefes políticos esquivaron las cámaras y los micrófonos. El ambiente político electoral se alteró sustancialmente.
¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué las autoridades municipales no previeron que su decisión de desalojar a los floristas con la fuerza pública podía degenerar en un zafarrancho? ¿Por qué la policía estatal acudió a realizar una operación mal o insuficientemente preparada? ¿Por qué la PFP tuvo que acudir en apoyo de la fuerza estatal que resultó incapaz de resolver el asunto por sí misma? ¿Por qué los mandos institucionales tuvieron que responder a los cuestionamientos de los medios informativos y no tuvieron el respaldo de los jefes políticos?
Porque fueron sorprendidos, todos. No sabían ni lo que iba a suceder ni lo que podía ocurrir. No cabe en la mente de los ciudadanos de a pie que las autoridades hubieran olvidado que esa población ya le había ganado al gobierno federal un costosísimo round defendiendo sus tierras de la voracidad de los funcionarios que pretendieron despojarla de ellas en un remedo de pago por su expropiación. De manera igualmente indeleble en la memoria social está grabado el hecho de que esa mala gestión impidió, una vez más, la construcción de un nuevo aeropuerto que la ciudad y el país necesitan hace medio siglo.
Tampoco es comprensible que el gobierno no dispusiera de información acerca de lo que estaba por venir si, como muchos suponen, se trató de algo programado; ni de la inteligencia necesaria para calibrar la potencialidad conflictiva reinante en Atenco y de los planes de contingencia de rigor.
Hay dos posibles motivos que en realidad convergen en una sola explicación. El primero es que la malhadada Ley de Seguridad Nacional no incluye en su listado de amenazas a la seguridad nacional la posibilidad del motín, que sí está contemplado entre los delitos contra la seguridad de la nación que se tipifican en el Código Penal Federal y, quizá, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no se siente obligado por la ley a atender tales eventos. El segundo es que el Cisen aplica y malgasta sus recursos en vigilar a los posibles adversarios del régimen (no del gobierno) y a los políticos propios y ajenos cuyas actividades puedan ser utilizadas para hacerles daño a ellos o a sus partidos por técnicas non sanctas, como la denuncia anónima. Verbigracia, Ahumada y Marín.