Expulsiones ilegales de extranjeros incómodos
En los hechos de Atenco, además de los violentos abusos ya conocidos cometidos por la autoridad, ahora hay que añadir los dramáticos testimonios de la cineasta María Novaro y de las ciudadanas españolas María Sastres y Cristina Valls sobre las vejaciones perpetradas contra las mujeres extranjeras detenidas y expulsadas ilegalmente en esos días.
A partir del levantamiento armado de 1994 nuestro país atrajo la atención de visitantes de prácticamente todo el mundo, muchos interesados en observar la situación de los derechos humanos de los pueblos indios en especial y también en otros ámbitos como la salud y la educación de los niños y las mujeres. En el gobierno de Zedillo decenas de ellos fueron arbitrariamente detenidos, incomunicados, torturados física y sicológicamente, y sumariamente expulsados a pesar de tener sus papeles en regla y no haber incurrido en ninguna conducta ilícita. Sus respectivas embajadas y consulados generalmente no prestaban el auxilio requerido y hasta algún funcionario diplomático atestiguó pasivamente los malos tratos a su connacional. El resultado era entonces, y al parecer sigue siendo ahora, la total indefensión de los extranjeros en nuestro territorio, cuando son víctimas de violaciones flagrantes a sus derechos humanos, pues no existe ningún recurso legal efectivo para prevenir, detener o evitar que se consume el atropello de que está siendo objeto un extranjero.
Después de numerosos litigios, generalmente perdidos por la autoridad y ante el descrédito internacional de México al ser considerado lugar inseguro para los defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros, esta política xenófoba e ilegal fue modulada durante este sexenio, pero nunca erradicada. A partir de 2001 se les permitió regresar a algunos de los expulsados castigados arbitrariamente con la prohibición definitiva para ingresar al país, se facilitó la estancia de algunos observadores y se obstaculizó la de otros; el ejemplo más cercano es el de los participantes en el tribunal independiente efectuado durante el Foro Mundial del Agua, a quienes se les negó la visa. Al parecer la política contra observadores de derechos humanos continúa vigente, así también las instalaciones migratorias referidas en abundantes testimonios, que coinciden con el de las ciudadanas españolas dado a conocer ayer, donde se incomunicó, interrogó y torturó a extranjeros (un calabozo en el aeropuerto Benito Juárez) en la "estación migratoria", eufemismo para designar lo que en realidad es una cárcel insalubre, por decir lo menos, que las autoridades no han permitido sea visitada por grupos civiles de derechos humanos, ubicada en la calle Agujas en Iztapalapa. La presencia de observadores extranjeros, que eventualmente puedan ser testigos incómodos de una realidad que contradice la propaganda oficial, sigue siendo un punto sensible de la política interna gubernamental. Dado que legalmente no se puede evitar su "molesta" presencia, se les ataca con argumentos insostenibles en un mundo globalizado y se les combate desde la ilegalidad y la impunidad, con una violencia sin límite que contrasta drásticamente con la posición oficial del gobierno ante los malos tratos sufridos por mexicanos en Estados Unidos.
En la próxima contienda del 2 de julio y ante las irregularidades ya presentes en las campañas electorales y no atendidas por el IFE, la presencia de observadores extranjeros resulta tan relevante o más que en otras ocasiones.
La actitud del gobierno contra las mujeres extranjeras ultrajadas en Atenco y sumariamente expulsadas no es buen presagio para la estabilidad, seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos que requiere el quehacer de los observadores internacionales.
*Defensor de derechos humanos