Llaman académicos a que se transparente la información sobre violencia policiaca
El país debe abrirse al escrutinio internacional
La decisión del gobierno mexicano de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abre al escrutinio público de otros estados las acciones que México realice para consolidar estas garantías y ''obliga a las autoridades a realizar un ejercicio de transparencia sobre hechos relevantes como los de San Salvador Atenco, pues de lo contrario cualquier organización civil o país miembro podrá solicitar una investigación al respecto'', afirmaron especialistas e investigadores.
Agregaron que en la primera asamblea general del consejo, en junio, las autoridades mexicanas deberán informar sobre lo sucedido en el poblado mexiquense, para dar a conocer las investigaciones que realizaron ''y si hubo sanciones, porque no se trata sólo de presentar logros, sino reconocer si hubo fallas''.
Juan Carlos Arjona, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señaló que ''si se quiere fortalecer un organismo internacional en pro de los derechos humanos, se debe privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas, porque si México no lo hace, otros estados podrían hacerlo''.
No se trata, aseguró, de aplicar el error de que ''nos gusta señalar, pero no ser señalados, pues el consejo pretende constituirse como espacio de cooperación internacional donde los estados actúen con transparencia''. Indicó que de cumplir con una ''clara rendición de cuentas, cualquier organización civil o país miembro podría solicitar a los grupos de trabajo o a los relatores especiales realizar una visita a México para conocer del caso''.
En entrevista por separado, Pedro Lavariega, investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en derecho internacional, afirmó que la decisión de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se asume ''cuando existe una gran incertidumbre sobre si México enarbola la defensa de esas garantías''.
Aseguró que el gobierno mexicano no debe limitarse a ''aplaudir su ingreso al consejo, sino ir hasta las últimas consecuencias para despejar cualquier duda sobre la presunta violación a los derechos humanos de quienes fueron detenidos en San Salvador Atenco''.
Por su parte, Agustín Pérez Carrillo, profesor-investigador de la UAM-Azcapotzalco y especialista en derechos humanos, destacó que las condiciones de impunidad, corrupción y deshonestidad que prevalecen en el contexto político y social del país fortalecen un clima de violación ''sistemática'' de garantías.
Finalmente, en Querétaro, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, indicó que durante el ingreso de la policía a Atenco ''claramente se violó el principio de la proporcionalidad'', que "en ninguna democracia es aceptable".
Recordó que la presencia de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU implica "aumentar el nivel de responsabilidad", y tendrá que analizar qué está pasando en materia de seguridad y no únicamente buscar algunos culpables de lo ocurrido en Atenco "para salvar la cara".
Entrevistado durante el Congreso sobre Protección de Derechos Humanos en las Constituciones Locales, indicó que los actos de violencia de algunos pobladores no se justifican, pero es "grave" el uso excesivo de la fuerza pública para controlar esas muestras de inconformidad.