Editorial
Gobierno mendaz y sangriento
Conforme se multiplican y consolidan los datos y testimonios de la barbarie represiva perpetrada en Texcoco, San Salvador Atenco y Almoloya de Juárez desde el 3 de mayo hasta la fecha, las más altas autoridades federales y estatales se empecinan en la negación de la realidad y en la mentira. Es revelador el alcance del coro en el que participan Los Pinos, diversas dependencias federales y el grupo de gobierno mexiquense que asegura que nunca pasó lo que pasó: no hubo golpizas y lesiones severas a los detenidos, la policía estatal no asesinó a un menor de 14 años ni saqueó hogares humildes, los abusos sexuales documentados y formalmente denunciados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son un invento.
El presidente Vicente Fox dijo en Viena que hubo diálogo entre los tres niveles de gobierno y las víctimas de la represión "antes, durante y después" de la cruenta ofensiva policial. Afirmó que su régimen "no ha ocultado nada en estos últimos seis años en lo que se refiere a los derechos humanos" y aseguró que la intervención de la fuerza pública en Texcoco y Atenco fue para aplicar la ley "a quienes violentaron la situación de tranquilidad y paz de las familias" de esas localidades. El mandatario mintió por partida triple: no hubo ninguna disposición al diálogo por parte de las autoridades, las dependencias gubernamentales llevan más de una semana tratando de ocultar sus graves violaciones a los derechos humanos y, si bien los inconformes cometieron algunas agresiones injustificables y bárbaras contra efectivos policiales, fueron éstos los que alteraron gravemente "la paz y la tranquilidad de las familias" y los que quebrantaron de manera masiva las disposiciones legales y el marco constitucional: cateos y detenciones ilegales, robos en domicilios, golpizas a casi todos los detenidos, abusos sexuales y violaciones.
Mientras el mandatario invierte la realidad en sus declaraciones en el extranjero, y se enfrenta a las primeras protestas internacionales por la escalada represiva, sus empleados, en el país, se enredan en su propia incoherencia o, peor aún, se ven traicionados por sus propias palabras. Miguel Angel Yunes Linares, subsecretario de Seguridad Pública, y sobre quien recaen numerosos señalamientos como violador de derechos humanos en sus tiempos de priísta fue el encargado de las tareas represivas en Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos, y jefe de reclusorios del gobierno federal, aseguró que los efectivos policiales que tomaron Atenco a sangre y fuego "actuaron de acuerdo a la norma". El dicho de este funcionario confirma el testimonio de participantes en el operativo que fue presentado anteayer por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; cabe inferir, en suma, que "la norma" consiste en lesionar a los ciudadanos, abusar sexualmente de las mujeres, saquear y destruir las viviendas y llevarse detenida "a la gente que pudiéramos", según dijeron los policías entrevistados al referirse a las órdenes que recibieron de sus superiores. Yunes Linares, presuntamente involucrado en la red de agresiones sexuales contra menores que encabezaba el pederasta Jean Succar Kuri, inventa que en la incursión no hubo violaciones sino "abusos deshonestos". ¿Será esta novedosa figura legal, tipificada e incorporada ayer por el declarante al Código Penal, parte de "las normas" que Yunes considera aceptables?
Aparte de lapsus y aportaciones legislativas que no corresponden a sus funciones, el político veracruzano expresó ayer una inadmisible y amenazante descalificación al trabajo de defensa de los derechos humanos. Se refirió al Centro Pro como "un grupo que se ha dedicado a proteger a grupos violentos" y especuló que tras las denuncias por las atrocidades gubernamentales de la semana pasada hay la intención de "frenar o inhibir la acción de las policías". Como en el discurso de las dictaduras militares del pasado reciente en el continente, la defensa de los derechos humanos se homologa con la sedición. Sobran los motivos para alarmarse.
Junto con el subsecretario de Seguridad Pública federal, su jefe formal; Eduardo Medina Mora, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Lauro López Sánchez, y el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, se empecinan en negar la existencia de denuncias concretas por las agresiones sexuales las que han podido documentarse hasta ahora, que son 23 perpetradas por agentes de la fuerza pública. Mienten todos ellos y practican lo que Fox asegura que no hace su gobierno: "nosotros no ocultaríamos nada y nunca hemos ocultado nada en lo que se refiere a los derechos humanos". Mienten por partida doble cuando dicen que no pueden actuar en tanto no se presenten las querellas, no sólo porque éstas fueron interpuestas el martes pasado por la CNDH, sino porque la autoridad está obligada por ley a perseguir de oficio esta clase de delitos.
Acaso abrumado por las consecuencias de una práctica a la que no había recurrido sino hasta hace poco tiempo la represión violenta, el foxismo se escuda ahora en lo que ha hecho en forma regular, sistemática y constante desde antes de llegar al poder: mentir. Esta Presidencia no impulsó un crecimiento anual de 6 por ciento, no resolvió el problema de Chiapas ni en 15 minutos ni en todo el sexenio, no fue capaz de dotar a los hogares mexicanos de "vocho, changarro y tele" ni de "lavadoras no de dos patas", no combatió la corrupción precedente sino que se alió con ella y llevó la práctica a marcas históricas, no actuó con apego a un espíritu democrático y republicano, no respetó al Legislativo, no fortaleció los sistemas educativo y de salud los redujo, por el contrario, a niveles de depauperación sin precedente, no veló por la vigencia de los derechos humanos, y ya en su penoso y alarmante tramo final, se manchó las manos de sangre, como lo manifestó ayer el titular de la CNDH. El foxismo llega a su término tan mendaz como lo fue siempre y, por añadidura, ensangrentado.