El
21 de junio de 2005 fue un día común
para Octavio y Martín hasta antes de las 4 de la tarde. Por
la mañana los jóvenes se despertaron abrazados en su
casa de la ciudad de Querétaro como lo hicieron durante los
siete años que vivieron juntos. Octavio desayunó apresuradamente,
pues tenía una larga jornada de trabajo por delante. Por la
mañana se entrevistó con otros activistas de derechos
sexuales y reproductivos, y por la tarde, como todos los días,
abrió la condonería "De colores", ubicada en
una calle céntrica de la ciudad. Establecimiento donde, además
de la venta de productos eróticos, impartía asesorías
sobre educación sexual. Minutos después, alguien entró al
local y asesinó al psicólogo y activista. El cuerpo del
joven Octavio, con 28 años de edad, fue encontrado desangrado
en el piso con seis puñaladas, cuatro de ellas mortales.
Ese mismo mes, en Colima, Vanesa pensaba seriamente abandonar el país
debido al hostigamiento policiaco. Ya había emigrado una vez, pero
ahora sí sería el adiós definitivo; estaba harta,
en una semana había caído presa cinco veces tan sólo
por portar atuendo femenino. No tenía otra ropa, así se vestía
desde los 14 años. Sin embargo, Jaime Javier López, como
realmente se llamaba, no alcanzó a realizar su deseo, fue encontrado
sin vida en el campo de futbol de una unidad habitacional de la capital
del estado. El cuerpo del joven de 25 años presentaba 39 heridas
de arma blanca y su rostro había sido desfigurado.
Ambos asesinatos presentan similitudes, no sólo en la coincidencia
en el tiempo, sino porque ambos jóvenes habían presentado
quejas por discriminación en las comisiones de derechos humanos
locales, en contra de agentes policiacos estatales y municipales.
Días
antes de su asesinato, Octavio denunció públicamente la agresión
y el maltrato que sufrieron él y su pareja por parte de agentes
de seguridad municipales en un parque del centro de Querétaro. Por
su parte, Vanesa, quien se dedicaba al trabajo sexual, había acusado
a agentes de seguridad pública y del municipio de hostigamiento
y detenciones arbitrarias. En el caso de Octavio, el o los asesinos no
han sido identificados, y la Procuraduría de Querétaro ni
siquiera ha presentado avances. En cambio, la muerte de Vanesa ha sido
aclarada, los asesinos fueron plenamente identificados; uno de ellos, de
22 años, ya está preso, su cómplice se encuentra prófugo.
Dos crímenes unidos por un mismo móvil: la homofobia.
Los crímenes de odio existen
Pese a su inexistencia jurídica, los crímenes de odio por
homofobia son una realidad en México. De 1995 a 2004 se han cometido,
cuando menos, 332 asesinatos contra personas homosexuales, según
el seguimiento hemerográfico que desde hace una década realiza
la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia.
De acuerdo con la metodología que rige tal seguimiento, detrás
de cada deceso registrado por la nota roja puede haber hasta tres asesinatos
más, lo que dispara la cifra a casi mil personas ejecutadas por
su orientación sexual.
En el ámbito oficial no existe un registro similar de agresiones
y muertes derivadas del odio homofóbico, pues la legislación
penal mexicana no considera la figura del "crimen de odio", como
si lo considera, por ejemplo, la legislación estadounidense desde
1992.
Según el Centro de Prevención del Crimen y la Violencia,
de la ciudad de San Francisco, California, los crímenes por odio
son actos violentos que pueden ir de la exclusión o discriminación,
hasta la golpiza o el asesinato perpetrado por una o varias personas hacia
un individuo que es, o se supone que es, parte de un grupo específico
(por su origen racial, étnico o nacional, su religión, género,
orientación sexual o discapacidad).
A partir de la tipificación legal, en Estados Unidos existen cifras
confiables que permiten medir la gravedad del problema. De acuerdo con
estadísticas del Federal Bureau of Investigations, tan sólo
en 2004 se cometieron en ese país casi dos mil delitos que entran
en la categoría de crimen de odio.
En México, pese a los datos que muestran un alto grado de violencia
y tortura en los asesinatos de homosexuales, no se ha discutido la posibilidad
de una modificación legal que incluya, cuando menos como agravante
en el delito de asesinato, la figura de "crimen de odio". Para
la maestra Karla Pérez Portilla, investigadora del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, "la homofobia institucional
opera porque muchas de las personas que se encargan de administrar la justicia
no comprenden el fenómeno del odio criminal y no le dan la importancia
que merece dentro de sus pesquisas". En entrevista con Letra S, la
jurista consideró que al cometerse un crimen de odio contra personas
estigmatizadas se hace patente su diferencia y su vulnerabilidad.
Los motivos para distinguir esa vulnerabilidad, explica la investigadora, "los
traemos arrastrando históricamente, pues han sido inculcados por
un discurso religioso homofóbico, que permea en las leyes que nos
rigen y que a pesar de los esfuerzos por eliminarlos, se siguen reflejando
en la educación pública, el lenguaje popular y, desde luego,
en lo que consumimos cotidianamente a través de los medios de comunicación".
Estereotipos del saber jurídico
El doctor Raymundo Mier es catedrático de la Universidad Autónoma
Metropolitana, campus Xochimilco. Para él, los procesos jurídicos
se desarrollan con base en estereotipos establecidos, es decir, en figuras
que se imponen a todos los casos, sin importar que con ello se violente
aún más a las víctimas. De ahí que muchas de
las investigaciones sobre ejecuciones de homosexuales aún se manejen
como "crímenes pasionales". "El saber jurídico —establece
Mier— parece no tener ningún tipo de criterios cuando aplica
las leyes que resultan aberrantes por aplicar criterios estereotipados,
que en realidad violentan la lógica del hecho mismo, lo que produce
un conjunto de acciones ineficientes en la impartición de justicia".
Otro ejemplo de estereotipo jurídico es el caso de Raúl Osiel
Marroquín Reyes, asesino de, cuando menos, cuatro hombres homosexuales
entre octubre de 2005 y enero de 2006. Para Mier, hay una modelación
del estereotipo del sujeto, "una especie de restauración de
un estereotipo, confirmado como perversión cíclica, es decir:
un perverso que mata perversos, lo que produce un efecto de tranquilizar
a la sociedad, pues el mensaje desde la institución judicial es
el mismo de siempre: se matan entre ellos; un asesino que mata a sujetos
ya marcados por una relativa, aunque soterrada o vergonzante, estigmatización".
Justicia ciega y discriminadora
Para el escritor Carlos Monsiváis, cuando de crímenes de
odio homofóbico se trata se distinguen cuando menos cuatro características: "los
asesinos no conocían previamente a sus víctimas; el asesinato
fue un acto de placer homicida, porque el propósito último,
evidente, era destruir a la especie representada por la persona indefensa;
el odio explica la cuantía y la profundidad de la saña; y
los delincuentes carecen de remordimientos" ("‘El sádico’ y
los crímenes de odio", en El Universal, 29 de enero de 2005).
A la violencia criminal descrita por Monsiváis se suma la ineficiencia
judicial que aún suele recurrir al concepto de "crimen pasional",
que carece de sustento jurídico pero facilita a las autoridades
judiciales cerrar el caso, evadir su responsabilidad de indagar e investigar
y culpar injustamente a amigos, pareja o conocidos de la persona asesinada,
como ha sucedido en el caso de Octavio Acuña, donde se intentó,
sin éxito, involucrar en el asesinato a Martín, pareja del
activista asesinado.
Diversas organizaciones civiles mexicanas con trabajo en materia de derechos
humanos, derechos sexuales y reproductivos, y de la diversidad sexual se
han manifestado en favor de la tipificación de los crímenes
de odio por homofobia en las leyes mexicanas. En un acto de repudio a los
crímenes de Marroquín Reyes se dio a conocer una carta firmada
por decenas de intelectuales y activistas que consideró: "Asumir
como crímenes de odio este tipo de delitos permite colocarlos en
un contexto social y cultural, e impide que se les considere como delitos
aislados, perpetrados por individuos desquiciados y perturbados sin relación
alguna con su entorno".
De acuerdo con los activistas, la carta se entregó a los legisladores
federales, sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento sobre el tema
por parte de algún funcionario o legislador. Mientras tanto, la
investigación sobre el asesinato de Octavio Acuña, en Querétaro,
como muchos otros casos por todo el país, sigue sin esclarecerse
y sus asesinos permanecen impunes.
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