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Jueves 4 de mayo de 2006
Más de mil víctimas ha dejado el desastre en la planta química
A 15 años de Anaversa, la muerte aún ronda Córdoba
Autoridades pretenden reutilizar la planta, contaminada con dioxinas
Médicos y afectados exigen reabrir investigaciones y prevenir riesgos
Habitantes de Córdoba, Veracruz, conmemoraron ayer la explosión ocurrida hace 15 años en la planta de Anaversa, considerada uno de los peores desastres químicos de América Latina Foto Cortesía de El Mundo de Córdoba
Córdoba, Ver., 3 de mayo. Desde que ocurrió la explosión en la fábrica de pesticidas y fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz SA (Anaversa), el 3 de mayo del 1991, en Córdoba han perecido más de mil personas como consecuencia de afecciones derivadas del contacto con las dioxinas generadas durante el accidente.
Entre las principales causas de decesos entre los pobladores destacan diversos tipos de cáncer, desde tumores hasta leucemia linfoblástica, así como anencefalia y otras malformaciones genéticas.
Rosalinda Huerta Rivadeneyra, presidenta de la Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, dijo que a 15 años del siniestro, considerado el peor desastre químico en América Latina, persiste la negligencia oficial para castigar a los responsables y apoyar a las víctimas, muchas ya fallecidas.
Este miércoles los cordobeses recordaron con una misa en la parroquia de San Antonio a las personas que fallecieron a causa de las dioxinas generadas por la mezcla, combustión y propagación de más de 50 mil litros de químicos altamente tóxicos que almacenaba Anaversa.
Los cordobeses bloquearon simbólicamente el edificio abandonado que albergaba la fábrica de pesticidas en protesta porque las autoridades pretenden reutilizarlo en lugar de sellarlo permanentemente para evitar el contacto con las dioxinas, que estarán activas durante por lo menos 50 años. En el principal acceso al inmueble colocaron mantas y cartulinas con los nombres de las mil personas fallecidas por cáncer y otros padecimientos y cuyos casos han sido documentados por la organización.
El 3 de mayo de 1991 un cortocircuito provocó un incendio y la consiguiente explosión en la fábrica, ubicada en la colonia La Estación, prácticamente en el centro de la ciudad.
Sin equipo suficiente para enfrentar el desastre, los bomberos del municipio intentaron sofocar las llamas con agua, lo que generó una nube de gases tóxicos que se esparció por toda la ciudad, y derrames que, a través del drenaje, contaminaron mantos freáticos, arroyos y depósitos de agua potable que posteriormente consumieron los pobladores.
Huerta Rivadeneyra recordó que evaluaciones hechas por investigadores de diversas universidades y otras instituciones concluyeron que debido a la magnitud de la catástrofe se debió desalojar inmediatamente a los pobladores de al menos 28 colonias expuestas al humo y las dioxinas.
Afirmó que el gobierno municipal, presidido entonces por el panista Tomás Ríos Bernal, minimizó los hechos y se negó a reconocer la existencia de víctimas.
Recordó que por intervención del entonces secretario del ayuntamiento, Gerardo Buganza Salmerón -hoy senador y aspirante a una diputación federal del PAN por la vía plurinominal-, se desviaron los 100 millones de pesos que el gobierno estatal, encabezado entonces por Dante Delgado Rannauro, depósito en un fideicomiso para dar atención médica a los afectados por el siniestro.
En cambio, el dinero, ''si es que en verdad se utilizó en eso'', se destinó a una campaña contra el paludismo y a la construcción de un supuesto parque ecológico, ''pero se negó apoyo a quienes enfermaron de tumores cancerosos y leucemia'', sostuvo Huerta Rivadeneyra.
Rememoró también que a pesar de que hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el expediente 99/1991, para investigar el accidente, dar atención médica a los afectados y sancionar a funcionarios de la Secretaria de Salud e instituciones encargadas del medio ambiente, hasta la fecha no se ha cumplido ninguna de estas disposiciones.
Durante un foro realizado en el Museo de la Ciudad, investigadores y activistas de la Universidad Veracruzana e integrantes de asociaciones de médicos cordobeses, principalmente oncólogos, exigieron reabrir la investigación sobre el caso de Anaversa para castigar a los responsables y realizar un nuevo monitoreo epidemiológico para determinar la magnitud de las secuelas en la salud de los pobladores.
Explicaron que se han efectuado tres estudios epidemiológicos basados en la existencia de elementos órgano-fosforados que no causaron secuelas, pero se requiere un sondeo para detectar elementos organoclorados, es decir, las dioxinas con las que tuvieron contacto los lugareños y que a largo plazo causan cáncer.
