En Ginebra, Stavenhagen hace un llamado al diálogo
Pide la ONU a Bachelet atender el caso de 4 mapuches en ayuno
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Protesta de artistas chilenos, el pasado 27 de abril, contra la escasa cobertura de las televisoras al caso de los indígenas presos
Foto: Reuters
Ginebra, 29 de abril. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, así como la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), han enviado sendas cartas a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en las cuales le expresan su preocupación por la salud de los mapuches que están en huelga de hambre en la cárcel de Angol, sur de Chile, y la instan a buscar un acuerdo que resuelva la demanda indígena de justicia.
Los defensores de los derechos humanos están inquietos porque el estado físico y mental de cuatro mapuches, quienes tienen más de 40 días en huelga de hambre, se ha debilitado considerablemente. Cumplen condenas de 10 años y un día de prisión por el delito de incendio terrorista, por supuestamente haber provocado una conflagración forestal en tierras que pertenecían a una maderera en la localidad de Poluco Pidenco.
La situación actual de éstos puede ser peor, debido a que la carta del relator Stavenhagen está fechada el 21 de abril. De acuerdo con la FIDH y la OMCT, los mapuches fueron condenados injustamente por actos terroristas.
Stavenhagen pide en su carta a Michelle Bachelet que considere la posibilidad del diálogo con los indígenas para llegar a soluciones duraderas sobre la demanda de los presos y las peticiones históricamente rezagadas del pueblo mapuche, informó el vocero del alto comisionado de los derechos humanos, José Luis Díaz.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos argumenta en su carta que la aplicación de la ley antiterrorista contra comuneros mapuches es una maniobra política para acabar con la protesta social de los indígenas, iniciada hace 10 años. La organización agregó que la ley es "absolutamente desproporcionada", vulnera los derechos de los inculpados y es "lesiva" para la buena imagen de la institucionalidad democrática chilena.
Bachelet prometió terminar con la criminalización del movimiento social mapuche, y reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.