Exigen a la empresa pago justo por uso de terrenos
Paralizan ejidatarios de BCS exportadora de sal
Clausuran autoridades de Los Cabos un proyecto turístico
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El gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, y el alcalde de Los Cabos, Luis Armando Díaz (de espaldas), clausuraron simbólicamente obras del complejo turístico que se construye en la playa Palmilla de este municipio
La Paz, BCS, 23 de abril. Unos 200 campesinos de los ejidos Gustavo Díaz Ordaz y Benito Juárez García, del municipio norteño de Mulegé, paralizaron este domingo la producción de la Exportadora de Sal de Guerrero Negro, en demanda de un pago justo por la utilización de 35 mil hectáreas de su propiedad por parte de la empresa.
La delegación municipal de Guerrero Negro informó que desde las 9:00 horas los ejidatarios se apoderaron de las ocho bombas que abastecen de agua de mar los vasos salineros de la paraestatal, 41 por ciento de la cual es propiedad del gobierno federal y 49 por ciento de la empresa Mitsubishi.
Los dirigentes ejidales Alvaro Sapién Castro y Antonino Pinedo Orozco revelaron que la compañía paga a los ejidos 137 pesos por hectárea al año y obtiene millonarias ganancias por usar sus tierras.
Además acusaron al magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en La Paz, Andrés Islas Soria, de estar a favor de la Exportadora de Sal, que niega que los ejidatarios tengan la legítima propiedad de los terrenos.
La ocupación del área de bombas fue pacífica: no hubo resistencia de los vigilantes de la empresa ni de las autoridades, según fuentes de la delegación municipal.
Exportadora de Sal de Guerrero Negro es la principal empresa de Baja California Sur y una de las mayores productoras y exportadoras de sal del mundo.
Mientras, en Los Cabos, el gobernador Narciso Agúndez Montaño y el alcalde Luis Armando Díaz, ambos de extracción perredista, clausuraron ''simbólicamente'' las obras del proyecto turístico que se construye en la playa Palmilla de San José del Cabo, por invadir terrenos propiedad del ayuntamiento.
Ambos funcionarios denunciaron que el gobierno federal, a través de Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre), vendió un predio de 9 mil metros cuadrados, entre ellos mil 500 metros del ayuntamiento de Los Cabos, a la sociedad mercantil San José, promotora del desarrollo turístico Palmilla.
Hace unos días el ayuntamiento presentó sendas denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para revertir la venta y proceder contra los funcionarios federales responsables que negociaron esa superficie.