Balance económico
Los organismos financieros internacionales han hecho un balance poco favorable de la gestión económica del actual gobierno mexicano. Así se desprende de los documentos presentados en la reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), realizada la semana pasada en Washington.
Uno de los elementos más críticos de dicho balance corresponde al uso ineficaz de los abundantes recursos generados por la exportación de petróleo crudo. Esto ocurre en un mercado en el que los precios se han elevado considerablemente y se han sostenido en un nivel muy alto, que en días recientes llegó al orden de los 70 dólares por barril.
Dicen esos organismos que se desaprovechó la bonanza petrolera, asignando los recursos para conseguir el equilibrio del presupuesto del gobierno, desatendiendo, en cambio, las necesidades de inversión en infraestructura física y el mejoramiento de las condiciones de la productividad. Además de que no se alteró la forma de funcionamiento de la empresa petrolera estatal, Pemex, para consolidar su capacidad de transformación del crudo y, especialmente, su modo de operación financiera asociada con la fuerte dependencia fiscal del gobierno de las transferencias de esa empresa.
Así, en el curso de casi 25 años, primero con el auge de principios de los ochentas, y ahora con el de los de la primera mitad de la década de 2000, México habría desperdiciado dos veces la expansión petrolera para consolidar una economía más productiva, mejor articulada, con más capacidad de crecimiento y para generar mayor bienestar. Este es, sin duda, un componente esencial de cualquier análisis de la historia económica reciente del país, del carácter de las políticas públicas que se han aplicado y del mismo sistema político que se reproduce en medio de sus cambios.
A lo que apunta el balance ofrecido por el FMI y el BM es a lo que puede denominarse una trampa fiscal, puesto que, según los números de las cuentas públicas que se conocen de manera periódica, el equilibrio del presupuesto que tanto exhibe el gobierno, no es igual que el balance fiscal. Este último sólo puede basarse en la capacidad de sostener las cuentas fiscales en el mediano plazo, y con ello la capacidad de crecimiento del producto, del empleo y del ingreso.
En esta economía dicho balance no está armado: los ingresos que se obtienen por la captación de impuestos es muy reducida y la diferencia con los gastos es la que se ha cubierto con los ingresos petroleros (y las remesas) para generar un equilibrio del presupuesto. Pero dicho equilibrio se asienta en terreno frágil, como indica, por ejemplo, el nivel del endeudamiento público federal o la inminente crisis de los sistemas de pensiones públicas.
De tal manera, el equilibrio presupuestal se ha convertido en un pilar de la estabilidad financiera, junto con la política monetaria del banco central y, sobre todo, con la acumulación de reservas internacionales que sostienen al tipo de cambio. Sin embargo, ni la estabilidad de los precios, incluidas las tasas de interés y la paridad del peso con el dólar pueden ser el objetivo último de la política económica, del mismo modo que la posición fiscal sostenible no puede sustituirse por el equilibrio anual del presupuesto. Así, surgen nuevos desajustes como es el aumento del endeudamiento de las familias.
Ambas cuestiones expresan en el fondo la fragilidad esencial de la economía mexicana, que puede superarse únicamente con más inversión rentable económica y socialmente, con el incremento de la productividad y con la reducción de la enorme desigualdad que existe entre los habitantes y las regiones del país.
La economía mexicana sí genera riqueza, y no se necesita de la lista anual de la revista Forbes para saberlo. También crece. El producto aumenta, pero de manera insuficiente para elevar el nivel de vida de la inmensa mayoría de la gente y para retener a los trabajadores -hombres y mujeres- en el país. Ningún recuento de la economía puede soslayar que una de las principales formas de su funcionamiento es, precisamente, la expulsión física de la gente. Hay mucho de complacencia del gobierno en cuanto a sus programas de asistencia social que disminuyen estadísticamente el número de pobres. Las estructuras sociales y las pautas institucionales que delimitan el funcionamiento del Estado, de las organizaciones y de los mercados validan los patrones de la pésima distribución del ingreso.
El modo de gestión de la economía tiene que modificarse y uno de los aspectos cruciales tiene que ver con la política fiscal, que debe ir más allá del equilibrio del presupuesto a un verdadero balance de las cuentas públicas. Los excedentes petroleros no pueden seguir siendo la base de la política hacendaria y monetaria, sobre todo mientras Pemex se debilita en su capacidad de exploración y explotación de crudo y su transformación. Para que ese cambio suceda, se requiere de otros criterios, que no pueden ser los de un keynesianismo clásico que ignore las condiciones actuales de la economía capitalista mundial.