Demanda Unicargas igualdad entre competidores
El negocio del gas LP, en la mira de los Bribiesca Sahagún
Supuesto representante de la familia de la esposa de Fox hizo oferta hostil para comprar planta almacenadora de Tepeji del Río
La Unión Nacional de Industriales de Carburación a Gas (Unicargas) denunció que, utilizando información privilegiada, la familia Bribiesca Sahagún pretende ahora incursionar en el negocio del gas licuado de petróleo (LP), energético cuyo precio planea liberalizar este mismo año las secretarías de Energía y de Economía.
Acompañado por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente de Unicargas, Enrique Puebla, informó ayer en conferencia de prensa que un presunto asesor de la familia Bribiesca Sahagún se presentó en las instalaciones de la planta de almacenamiento Silva, ubicada en Tepeji del Río, para hacer una oferta de compra.
Señaló que el propietario de la almacenadora de gas, quien prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias, el pasado miércoles recibió la visita de una persona que dijo llamarse José Luis Hinojosa Carrera, avecindado en León, Guanajuato, quien aseguró que era representante de la familia Bribiesca Sahagún, para hacer una oferta de compra equivalente a la mitad del valor de la empresa de gas LP.
Enrique Pueble afirmó que esta oferta "hostil" se realizó después de que, el pasado 17 de abril, la Secretaría de Energía, a través del director general de Gas LP, César Alejandro Monraz Sustaita, informó sobre la intención de liberalizar los precios del energético, lo cual se basará en una regulación que estará lista en julio o agosto de este año.
Enrique Puebla señaló que la oferta por la planta Silva -con capacidad para almacenar un millón de litros del combustible- presentada por el presunto representante de la familia Bribiesca Sahagún es equivalente a 50 centavos de cada peso del valor de los activos de la compañía.
La presunta liberalización del gas dejará importantes ganancias a grandes consorcios, como Tecogas, Regio Gas, Gas Uribe, Grupo Z, Gas Metropolitano, Global Gas, Grupo Tomza, Grupo Soni, Combugas y Gas Express Nieto, estas dos últimas con inversionistas de Guanajuato, en detrimento de otras empresas más pequeñas y de las propias compañías de carburación a gas, aseguró el dirigente de Unicargas.
Consideró que esta propuesta de liberalización no es congruente con un programa energético nacional, al diferenciar sistemas de precios entre gasolinas, diesel, luz y gas LP, entre otros, pues unos productos tienen cotización oficial y otros de venta máximos, lo que hace difusa y sin sentido la política energética. "Esto representa una forma de empezar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), al poner al gas LP como punta de lanza en este proceso.
"Adicionalmente -dijo Puebla-, a la mayoría de las familias mexicanas que consumen el combustible para uso doméstico, y que representan 80 por ciento de la población nacional, por ser un producto de primera necesidad, se les vende este energético a precio de venta máximo a usuarios finales, lo que afecta fuertemente su economía. Sin embargo, para las grandes empresas el energético sólo es un insumo; "se les vende a precios muy inferiores, que llega a ser hasta un peso por debajo de la cotización de venta máxima".
Ahora bien, advirtió, si el gobierno federal quiere liberalizar el precio del gas LP, debe permitir igualdad de oportunidades a todos los mexicanos para comercializar el energético, es decir, que no sólo los empresarios que tengan plantas de almacenamiento puedan comprar directamente a Pemex, sino también los propietarios de estaciones de carburación a gas LP, que son muchos y cumplen con las normas federales, estatales, municipales o delegacionales en materia técnica y de protección civil, de ecología y de libre competencia.
Por su parte, Ramírez Cuéllar adelantó que este martes se discutirá la nueva Ley Federal de Competencia, porque el caso del gas LP es un ejemplo típico de una práctica agresiva, monopólica, depredadora y de competencia desleal, donde unas empresas llevan a la quiebra a otras, y pone en peligro el empleo de alrededor de 100 mil personas.
Asimismo, indicó que persiste la complicidad de funcionarios de Pemex y la indolencia de las autoridades para combatir y frenar el robo de gas por bandas bien organizadas, el cual se ha convertido en una industria que deja millonarias ganancias en detrimento de Pemex.