Conflicto anunciado
Ampliar la imagen Saldos del enfrentamiento entre policías y mineros en Michoacán FOTOPeriódico Región LC
A los muertos de Pasta de Conchos hay que agregar ahora los de Lázaro Cárdenas. Parece que sólo la muerte hace que los gobernantes entiendan la dimensión de sus actos; el problema es que la muerte no tiene regreso, no es negociable y perdura en las familias y en las comunidades para siempre. Tres días antes de la matanza, se había reunido en Uruapan, Michoacán, el presidente Vicente Fox con los líderes mineros seccionales de Sicartsa, "levanten el paro y platicamos", les propuso. No tuvo capacidad alguna para entender la dimensión de un problema que su gobierno provocó sin sentido alguno, dos meses atrás, cuando el 17 de febrero por encargo de los grupos Minera México y Villacero decidió imponer a los trabajadores un liderazgo sindical ajeno.
¿Por qué ha debido llegar tan lejos el conflicto minero?, ¿por qué la tozudez gubernamental de mantener a Elías Morales, cuando su imposición fue recibida con paros de protesta?, ¿por qué el gobierno michoacano atendió con tal rudeza la petición empresarial de desalojo?, ¿por qué el Ejército?, ¿por qué nuestros papás? dirán los huérfanos. Son preguntas que requieren una respuesta si queremos evitar que la historia de Cananea se siga repitiendo, como si nada hubiéramos aprendido en 100 años. Uno de los aspectos que más indignan de esta matanza es que pudo evitarse, si hubiera existido un mínimo de sensibilidad del gobierno federal para entender la protesta de los mineros también si el gobernador michoacano hubiera dimensionado la firmeza de los paristas al ordenar el desalojo.
Las instituciones del Estado no pueden seguir actuando por encargo empresarial: nadie creyó al Secretario de Trabajo su cuento de que la destitución de Napoleón Gómez Urrutia había sido una simple "toma de nota". Las grotescas formas exhibieron al gobierno, que en menos de 24 horas y con base en dos firmas, una de ellas falsa, había iniciado un problema de consecuencias insospechadas, que por lo visto no ha acabado de entender. La limitación de los gobiernos gerenciales es que tienen una visión corta y sólo escuchan por un oído, por ello su autismo frente a los conflictos sociales; nada han aprendido en seis años, también por ello han desperdiciado las pasadas semanas, dedicados a una campaña de medios, en lugar de buscar una solución al conflicto.
Una característica adicional de estos gobiernos gerenciales es que hacen evidente la inexistencia de un árbitro. Al actuar el presidente Fox como mandadero de las empresas mineras y no como juez imparcial, se descalificó frente a una de las partes. Por eso los mineros no atendieron su solicitud el pasado lunes y decidieron mantener su protesta frente a la ilegalidad gubernamental. En este entorno es ridícula la calificación de "paro loco" a la movilización obrera. La actuación parcial del gobierno también fue evidente al estallar la mina en Pasta de Conchos, cuando sustituyó a la gerencia de la mina, enviando al Secretario de Trabajo en búsqueda de la foto, para luego terminar zarandeado por los deudos agraviados. No pudieron leer esta realidad.
Si queremos evitar nuevos Cananeas y más Sicartsas, convendría tomar en serio la necesidad de un cambio en el mundo laboral, permitir que los trabajadores decidan mediante el voto libre y secreto el curso de sus organizaciones, para que los líderes se vean obligados a rendir cuentas y hacer transparente su gestión, evitar que los gobiernos se entrometan en su vida interna, pretendiendo decidir su destino. Ha llegado el momento de crear nuevas instituciones que permitan lograr estos objetivos. Si no existe árbitro imparcial los conflictos seguirán definiéndose por la vía de los hechos.
El Presidente ha llamado a una reunión de gabinete de emergencia, ojalá reconozca que el problema minero fue creado por el propio gobierno al haber generado las condiciones propicias para su estallamiento. A él le corresponde la solución; ésta es clara: consultar la voluntad de los trabajadores. Agrava el conflicto seguir metiendo a la cárcel a los dirigentes seccionales, continuar organizando artificialmente, acorde con las empresas, un falso congreso sindical minero para el 2 de mayo; seguir inflando a un dirigente de pacotilla u ordenar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emita ridículas declaraciones de ilegalidad. No es solución duradera que por encima de la voluntad obrera se designe a un tercer dirigente, como lo sugiere la Secretaría de Gobernación, aún cuando sea proclive a Napoleón. Son los trabajadores y únicamente ellos a quien corresponde decidir su futuro.
Ya bastantes estropicios ha generado el gobierno en este caso, dañando incluso a su candidato y a los propios empresarios que busca defender. Lo lamentable es, que aún corrigiendo su actitud, nunca logrará regresar los muertos a sus hogares.