Ellos son los autoritarios: AMLO; los derechos se exigen pacíficamente: Calderón

Respalda AN intervención policiaca en Michoacán

Mientras que la dirigencia panista respaldó al gobierno de Michoacán por haber desalojado a los mineros, pues con ello buscó restablecer el orden y la vigencia del estado derecho que -aseguró- habían sido rotos por los disidentes, encabezados por el depuesto líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, en Jalapa, Tabasco, el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esa es la política represiva y autoritaria de quienes lo acusan a él de lo mismo.

En Michoacán, luego de conocer la tragedia ocurrida en Lázaro Cárdenas, el candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, dijo que no es con la violencia como pueden exigirse derechos o realizarse reclamos de justicia.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, afirmó que el desalojo de trabajadores de Sicartsa tiene su origen en la injerencia del gobierno federal al imponer al sindicato minero un secretario general "a modo", pero también cuestionó la intervención de la policía de Michoacán, por lo que reconvino al gobernador Lázaro Cárdenas Batel la intervención con uso de la violencia.

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De igual forma, defensores de derechos humanos criticaron la intervención policiaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mario Solórzano, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que con el uso "desmedido" de la fuerza pública, el Estado viola el código de conducta de Naciones Unidas para funcionarios encargados de cumplir la ley, el cual establece que los elementos policiacos deben responder proporcionalmente a los ataques, "y las piedras no son proporcionales a las balas".

En campaña por su natal Tabasco, López Obrador condenó enérgicamente la represión de que fueron víctimas los mineros. Dijo que esa es la política represiva y autoritaria de quienes lo acusan de autoritario. "Nosotros nunca vamos a reprimir al pueblo", subrayó.

Del mismo modo, deploró la intervención del gobierno federal en el gremio minero a raíz del accidente en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, hace dos meses, y advirtió que los conflictos deben resolverse democráticamente, por medio del diálogo y la conciliación.

Por su parte, Felipe Calderón exhortó a que se deslinden responsabilidades con toda puntualidad, que se investiguen estos hechos lamentables y que las autoridades actúen en consecuencia con la ley, una vez que terminen las pesquisas.

Insistió en que cualquier reclamo de un derecho legítimo debe hacerse por vía pacífica, y la manera de resolver los problemas es el diálogo y la ley, no la violencia. "Optar por ésta genera consecuencias lamentables y tristes, como las de hoy".

Por su parte, el senador panista César Nava aseguró que los mineros disidentes son "amigos de López Obrador", y la prueba es que entre sus aliados tienen a los dirigentes de los sindicatos de telefonistas y del IMSS, Francisco Hernández Juárez y Roberto Vega Galina, respectivamente, el último también candidato del PRD al Senado por la vía plurinominal. Nava aplaudió al gobierno de Cárdenas Batel, porque "con esas acciones se puede lograr que el país recupere credibilidad, competitividad y atractivos para la inversión y creación de empleos". Lamentó la violencia y los fallecimientos, pero consideró que parecía ser la única alternativa para restablecer el orden en la siderúrgica.

La diputada Marcela González Salas consideró "muy delicado que haya intervenido la policía", y subrayó que debe haber una investigación. Asimismo, invitó al gobierno de Michoacán a que revise "el comportamiento de las fuerzas de seguridad, que en este caso parecen de inseguridad", declaró.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro solicitó, vía telefónica, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y demandó las renuncias de los secretarios federal del Trabajo, Javier Salazar, y de Seguridad de Michoacán, Gabriel Mendoza, a quien el diputado Pablo Franco describió como "represor de los movimientos sociales en el Distrito Federal".

Franco, quien es integrante de la Comisión del Trabajo, consideró que a pesar de las presiones ejercidas por el sector privado en la entidad, que publicó una serie de desplegados para exigir la reapertura de Villacero, la administración de Cárdenas Batel cayó en una "grave irresponsabilidad, porque no es posible que un gobierno que ha recibido el apoyo de los trabajadores hoy se manche las manos de sangre".

Ayer, después de conocerse el intento de desalojo y su resultado de dos trabajadores muertos, las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo de la Cámara empezaron un cabildeo para solicitar la comparecencia de Javier Salazar, para que explique el apoyo de la administración foxista a Elías Morales y el desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia.

Por su parte, el diputado Rafael García Tinajero, representante de Cárdenas Batel en el Distrito Federal, refirió que parte de la responsabilidad deriva de la iniciativa privada, que amenazó a la administración cardenista con irse del puerto y cancelar inversiones.

En tanto, Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, señaló que este operativo policiaco "demuestra la facilidad que tiene el gobierno para hacer uso de la fuerza y la violencia, y no privilegiar el diálogo".

Para David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la violencia suscitada en Michoacán "es efecto de la indebida injerencia del gobierno federal en la vida interna de un sindicato".

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, refirió que en el gobierno de Vicente Fox las corporaciones policiacas "han favorecido" la provocación y los ataques sobre el diálogo.

Claudia Herrera Beltrán, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Emir Olivares; Jaime Avilés y Georgina Saldierna, enviados