Preparan en San Lázaro crimen contracultura
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y conocido líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, Filemón Primitivo Arcos Suárez, El Monchi, declaró el martes pasado a una comisión encabezada por el secretario general del sindicato de académicos del INAH, que había encontrado "bondades" en el proyecto de dictamen de la Ley de Coordinación para el Desarrollo Cultural, elaborado nuevamente por el operador parlamentario Alejandro Sandoval, incondicional de los intereses foxistas. En realidad, ésta no es más que una versión reciclada y maquillada del maltrecho proyecto de ley Bermúdez que pretende privatizar la cultura y subordinar el INAH, el INBA y todas las instituciones culturales bajo la tutela del controvertido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y, peor aún, del titular en turno.
Esta declaración y el señalamiento justificador de "yo me debo a mi partido" del también director del grupo musical Los Joao -que solía animar con sus coristas las campañas del Revolucionario Institucional- en los lenguajes cifrados de la cámara significan que el presidente de la comisión ha entrado en un acuerdo, ansiosamente buscado por el PAN y sectores mayoritarios del PRI, para aprobar, posiblemente el próximo martes, al vapor y con dispensa de trámites, la citada iniciativa de ley.
La presencia de centenares de manifestantes fuera de las instalaciones de la cámara y la decidida participación de los sindicatos de trabajadores de la cultura dentro del recinto, conjuntamente con la llegada de suplentes a las menguadas bancadas partidistas y a la propia Comisión de Cultura, evitaron el albazo parlamentario el pasado 18 de abril. No obstante, El Monchi, quien en su trayectoria sindical como secretario de finanzas y secretario general se ha distinguido -a decir de los agremiados- por seguir la vieja escuela de su maestro Venus Rey, quien manejó discrecionalmente hasta su muerte sindicato, cuotas, comisiones de contratos, escuelas de música, salones de baile, ya anunció (o amenazó) sobre la necesidad perentoria de que la comisión y el pleno resuelvan en torno a un paquete de dictámenes que incluyen además de la ley Bermúdez, nada menos que los proyectos de Ley para Fomento del Libro y la Lectura, varios artículos a la Ley Federal de Derechos de Autor, así como la minuta del Senado respecto de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Los representantes sindicales le manifestaron al huidizo presidente de la Comisión de Cultura (que fue "invitado" a salir del Salón de Sesiones, donde se había refugiado convenientemente) que seguirían en pie de lucha en contra del clon de la ley Bermúdez y lo responsabilizaron por los costos políticos de prestarse para las maniobras de un nuevo madruguete parlamentario, después de la ignominia histórica que representó para el Congreso de la Unión la aprobación de la Ley de Radio y Televisión.
Mientras tanto, la situación del INAH, uno de los principales puntales de la defensa del patrimonio cultural del país, se deteriora por el divorcio entre la comunidad académica y el director impuesto por Sari Bermúdez, Luciano Cedillo, quien por unanimidad fue desconocido moral y políticamente en la asamblea general de investigadores al inicio de su periodo al frente de la institución y que, lejos de ganarse la confianza de los trabajadores y revertir esa resolución inicial, parece decidido a desmantelar desde adentro al instituto.
Como era de esperarse, Cedillo no ha hecho ningún pronunciamiento público en torno a la reciclada ley Bermúdez y, por el contrario, ha efectuado cambios institucionales, nombramiento de funcionarios incondicionales a las políticas de facto que esa iniciativa conlleva, debilitando o no tomando en cuenta los órganos colectivos y las condiciones generales de trabajo que rigen al instituto.
Cedillo favorece un INAH que sirva como creador de imágenes y espectáculos para el turismo internacional, bajo la lógica de la mercantilización de la cultura. Para ello, pretende una burocratización autoritaria del organismo y un abatimiento de sus tareas sustanciales, como la investigación y la defensa del patrimonio, discriminando y castigando al sector de investigación y docencia, y en este último rubro, en particular, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Distrito Federal y en Chihuahua.
Cedillo ha caracterizado recientemente a los dirigentes sindicales de investigadores y arquitectos como "enemigos internos" (molesto por su actitud crítica e independiente), y el 5 de abril, por la vía de su coordinador nacional de Recursos Humanos, Filiberto López Fuentes (Oficio Circular No. CNRH/154/2006), prohibió a todo el personal no sindicalizado su participación en actos en defensa del patrimonio cultural organizados por los gremios, en violación al derecho de manifestación garantizado por la Constitución, situación inédita en la historia del INAH.
Es de admirarse la lucha denodada de los trabajadores de la cultura que en México por más de una década, y en las más adversas condiciones, han resistido y triunfado por sobre los intentos del capitalismo neoliberal de adueñarse del patrimonio cultural de todos los mexicanos.
De consumarse este nuevo crimen contracultura en San Lázaro y de continuar la política autoritaria en favor de los grandes intereses del capitalismo neoliberal, será cada vez más difícil la tarea de reconstrucción y rescate nacional que esfuerzos como la otra campaña se proponen. Resistir y conservar la dignidad y el decoro son las tareas de quienes hacen posible el futuro de una patria liberada.