Reforma el Senado artículos de la Constitución
Gobiernos locales podrán combatir el narcomenudeo
El combate al narcomenudeo dejará de corresponder únicamente a las autoridades federales, y su persecución y castigo penal será aplicado también por los gobiernos estatales y municipales. La Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República para reformar la Ley General de Salud y los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, para fortalecer las acciones de prevención y combate a la posesión, comercio y suministro de narcóticos.
La minuta del Senado manifiesta que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno tendrán atribución para participar en el combate de los delitos por narcomenudeo cuando ocurran en lugares públicos, y actuarán conforme a sus atribuciones.
En el caso de los farmacodependientes o consumidores a los que se les encuentre en posesión de algún narcótico para su consumo personal, siempre y cuando no exceda las cantidades para su ingestión individual, no se procederá penalmente contra ellos.
Las cifras establecidas para el consumo de narcóticos es la siguiente: hongos alucinantes, 250 gramos; LSD, 0.015 miligramos; tenanfetamina, 200 miligramos; silosibina, 100 miligramos; anfetaminas, 100 miligramos; dextroanfetamina, 40 miligramos; fenciclidina, siete miligramos; metanfetamina, 200 miligramos, y malbufina, 10 miligramos.
Nueva atribución a la CNDH
Los legisladores federales aprobaron también reformas al artículo 105 constitucional, con objeto de la que Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promueva acciones de inconstitucionalidad cuando leyes o tratados contravengan garantías individuales dentro del ámbito de su competencia.
Los cambios a la Carta Magna facultan a la comisión para solicitar la ejecución de dicha figura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la CNDH podrá recurrir a esa facultad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de tratados internacionales firmados por el presidente de la República o el Senado, y cuando estos vulneren los derechos consagrados en la Constitución.
Como se anunció en este diario el miércoles pasado, el pleno camaral aprobó regular y normar las actividades de las empresas de seguridad privada mediante una nueva ley federal. Se trata de garantizar servicios responsables, honrados, profesionales y de calidad a los usuarios.
El dictamen respaldado por 309 votos en favor, plantea que la regulación y registro de los proveedores y personal operativo pretende evitar que personas no aptas, desde el punto de vista legal, presten servicios de seguridad privada. También se condiciona la creación de un banco de datos que permita detectar las causas que originan los delitos, y el establecimiento de un sistema de evaluación, certificación y verificación del prestador de servicios, personal operativo, así como de la infraestructura relacionada con las actividades y servicios de seguridad privada.
Por otra parte, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó reformas a las leyes de Instituciones de Crédito, General de Títulos y Operaciones de Crédito, Federal contra la Delincuencia Organizada, y al Código Federal de Procedimientos Penales con objeto de proteger a más de 40 millones de mexicanos que forman parte del universo probable de víctimas de delitos de falsificación y uso indebido de los instrumentos bancarios.