Se amplía la garantía de libertad de expresión, considera el académico Javier Esteinou

Avance democrático para periodistas, despenalizar calumnia y difamación

Se evitarán violaciones a derechos humanos, como las cometidas recientemente en agravio de las escritoras Lydia Cacho y Olga Wornat, dice el investigador de la UAM

La despenalización de los delitos de calumnia y difamación, aprobada el pasado martes en la Cámara de Diputados, constituye un ''indudable avance democrático'' para los periodistas, no sólo porque amplía la garantía de libertad de expresión, sino también porque se da a unos días de que se aprobó la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, conocida como ley Televisa, que ''atenta contra los medios de comunicación'', señaló Francisco Javier Esteinou, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El especialista en medios de comunicación dijo que la aprobación de una nueva legislación que despenaliza estos delitos evitará acciones con las que se pretende acotar la libertad de expresión de los comunicadores, como los de las periodistas Lydia Cacho Ribeiro y el de la escritora argentina Olga Wornat.

Secreto profesional

No obstante, el académico señaló que con la aprobación de nuevas reformas que garanticen el secreto profesional de los comunicadores, y de esta iniciativa en la Cámara de Diputados, ''también es necesario reconsiderar y reflexionar en torno a la responsabilidad de los periodistas, quienes deberán ser cuidadosos para ejercer esta libertad''.

Profesor-investigador de la UAM-Xochimilco, Esteinou indicó que pese a este ''avance'' es necesario precisar aspectos como ''qué se va a entender por calumnia o difamación, pues no ha quedado suficientemente claro, ya que en caso de que se cometa algún abuso o error tendrá que ser castigado por la vía civil y no penal''.

Al respecto, la organización civil Reporteros sin Fronteras celebró la aprobación de esta iniciativa, que tendrá que ser ratificada por el Senado de la República para su entrada en vigor.

En un comunicado, la organización destacó que ''esta modificación de la legislación representa una victoria para la libertad de expresión en México. Esperamos con impaciencia que el Senado apruebe la despenalización de los delitos de prensa, que pondría término a las increíbles disparidades en las sanciones dictadas de un estado a otro contra comunicadores considerados culpables de difamación o injurias''.

La nueva disposición legal impone pena de cárcel a cualquier funcionario público que obligue a los profesionales de la información facilitar y revelar sus fuentes. Dicha sentencia podrá llegar hasta 10 años de prisión y de mil a dos mil días de salario mínimo.

Asimismo, la organización mostró confianza en que la Cámara de Senadores ratifique la despenalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación, ya que actualmente en los 32 códigos penales estatales se fijan penas de cárcel para quienes sean declarados culpables de dichos ilícitos.

Laura Poy y Emir Olivares