Editorial
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Con información que poco a poco ha proporcionado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se ha configurado el perfil delictivo de los dos pilotos adscritos a la dirección general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que fueron detenidos el pasado lunes en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche, tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína, cargamento de un DC-9 con bandera de Estados Unidos procedente de Venezuela.
Fernando Poot Pérez, subgerente de coordinación de vuelo, y Marco Aurelio Pérez de Gracia, subgerente coordinador de tripulación de vuelo en la Conagua, ambos ex militares, son los detenidos. El primero ya había estado en prisión en 1999, acusado de delitos contra la salud por trasladar droga en una aeronave, y fue hasta 2000 cuando un juez lo dejó en libertad.
No obstante, ese antecedente penal no figura en su expediente laboral porque, al parecer, la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco lo tiene registrado. De Poot Pérez, originario de Quintana Roo, se conoce además que fue director de Seguridad Pública de Chetumal a principios de los años 90, durante el gobierno de Miguel Borge Martín, quien se vio obligado a retirarlo del cargo por presiones del Congreso local. Los legisladores de Quintana Roo acusaron a Poot de estar involucrado en corruptelas y abuso de autoridad. Fue piloto de Borge Martín y después del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, ahora preso en La Palma por sus vínculos con el cártel de Juárez. La SIEDO investiga los presuntos nexos del piloto con ese grupo de narcotraficantes, así como con el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ante los primeros resultados de las investigaciones es inevitable preguntarse, y particularmente preguntar a la SFP, cómo fue posible que pilotos con antecedentes de trasiego de drogas hayan ocupado cargos en el círculo más cercano al director general de la Conagua, Cristóbal Jaime Jáquez, debido a que eran personas que tenían acceso permanente a las aeronaves, hangares y aeropuertos que utiliza ese funcionario del gobierno federal; a qué se debe que ambos pilotos cuenten con un expediente "limpio" si, como en el caso de Poot Pérez, existen antecedentes de un dudoso desempeño como servidor público.
El caso ha evidenciado que la SFP carece de los mecanismos de control para detectar la intromisión en el gobierno de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado y, por lo tanto, está incumpliendo la tarea de advertir al respecto a las dependencias oficiales.
Al mismo tiempo se ha reactivado la urgencia de aprobar el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, proceso que quedó estancado en noviembre del año pasado por la polémica que desataron algunas disposiciones, como la aplicación periódica de pruebas antidoping y de polígrafo a funcionarios, así como evaluaciones sicológicas y acciones de estrecha vigilancia.
Pero más allá de la polémica, es urgente que el gobierno federal cuente con mecanismos de control que, en el marco de la ley y el respeto a los derechos fundamentales, evite que se infiltren criminales en el gobierno.