Siete meses en busca de justicia en el estado de México

Chimalhuacán, Mex., 13 de abril. José Vargas, cuyo hijo fue herido por asaltantes, acudió durante siete meses a las oficinas de la Mesa de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Toluca, Nezahualcóyotl y en esta localidad, pero ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) respondió a la denuncia que presentó.

El centro de justicia local ''se ha convertido en una fábrica de hacer dinero a costa del dolor humano'', dijo.

Vargas, vecino de Chimalhuacán, presentó ante la subprocuraduría regional de la PGJEM con sede en Nezahualcóyotl la queja número NEZA/MR/I/896/05 contra el agente del Ministerio Público José Martínez Acosta, quien ''en contubernio con el médico legista'' liberó a Juan Carlos Hernández Herrera, La Zorra, quien atacó e hirió de gravedad a su hijo Eduardo Vargas Moreno.

El 15 de septiembre de 2005 La Zorra hirió a Eduardo en la yugular con un arma punzocortante. Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le salvaron la vida, pero sufrió ''secuelas irreversibles, como la pérdida relativa de su voz'', explicó Vargas.

Aunque el asaltante originario de Chimalhuacán fue detenido, salió libre al cabo de 48 horas, pues el Ministerio Público determinó que las heridas de Eduardo no fueron mortales y la tentativa de homicidio no es un delito grave.

''El agente del Ministerio Público me pedía que acusara al agresor de mi hijo de robo con violencia, porque ése sí es un delito grave, pero yo le respondí que eso no fue lo que ocurrió. La verdad es que La Zorra agredió a mi hijo con la intención de causarle la muerte'', recordó.

Según Vargas, el agente ministerial y el médico legista consideraron, ''sin mediar diligencia médica alguna, que las heridas producidas a mi hijo no eran graves''.

El inconforme sostuvo que en Chimalhuacán las víctimas de delitos del orden común como violación o robo ''no denuncian ante el Ministerio Público porque conocen o han vivido la corrupción que impera en el centro de impartición de justicia''.

Vargas inició una denuncia contra las autoridades del centro de justicia local, pero no hubo respuesta, por lo que acudió a la contraloría de la PGJEM, donde inició la queja CI/PGJEM/Q/518/05. Sin embargo, desde septiembre las investigaciones no han tenido avance alguno.

René Ramón, corresponsal