Aplican la ley de amnistía de Pinochet a tres ex agentes de la policía política
Absuelve juez chileno a jefe militar que encabezó en 1973 matanza de 75 allendistas
Santiago, 13 de abril. El juez Víctor Montiglio aplicó hoy la ley de amnistía de 1978 heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet en favor de tres militares procesados por la matanza de decenas de opositores políticos en el llamado caso de la caravana de la muerte, y absolvió al ex general Sergio Arellano Stark, jefe de ese grupo.
Uno de los abogados de la parte querellante, Hugo Gutiérrez, al lamentar la "gravedad" del fallo del magistrado y tacharlo de "ignorante" del derecho internacional, dijo que ahora "sabemos lo que viene", en alusión al juicio que enfrenta Pinochet por los crímenes de la Operación Colombo, también en manos del mismo juez.
Al aplicar la antigua y polémica ley de amnistía, impuesta por la dictadura en un decreto para el periodo entre 1973 y 1978, el juez benefició a Odlanier Mena Salinas, ex director de la policía política, y a los subalternos Luis Carrera Bravo y René Bravo Llanos, quienes perpetraron los crímenes el 20 de octubre de 1973.
Respecto del jefe de esa comitiva criminal, estimó que no hay antecedentes suficientes que acrediten la participación de Arellano Stark en esos homicidios y lo absolvió, pese a testimonios que lo implican en el recorrido por el norte del país de la comitiva tras el golpe militar y que actuaba bajo órdenes del dictador Pinochet.
La caravana de la muerte, como se conoció al grupo de militares, recorrió el norte del país entre septiembre y octubre de 1973 a bordo de un helicóptero Puma del ejército, y en total ejecutó a 75 detenidos entre líderes sindicales, políticos y funcionarios del depuesto gobierno allendista.
Montiglio dejó de lado la figura jurídica que empezaron a aplicar los jueces chilenos a finales de los 90, que impedía la prescripción de los delitos mientras no se hallaran los cuerpos de las víctimas, que permitió someter a la justicia a numerosos militares, y sostuvo que seguía vigente la ley pinochetista de amnistía.
Del mismo modo, rehusó aceptar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad de Naciones Unidas, de 1968, al argumentar que ese instrumento del derecho internacional no ha sido ratificado por Chile.
Además, rechazó la demanda contra el fisco que interpusieron las familias de las víctimas Oscar Ripoll Codoceo, Julio Gastón Valenzuela y Manuel Donoso Dañobeitía, todos militantes socialistas fusilados en la cuesta de Chaca, cerca de Arica, cuyos cuerpos desaparecieron posteriormente.
En tanto, la presidenta Michelle Bachelet insistió en que se necesita verdad, justicia y rencuentro en derechos humanos, y afirmó que su gobierno buscará la "reparación" económica para los familiares de las víctimas de la tiranía, pero sin olvidar otros aspectos, y que intentará la reconciliación de la sociedad chilena.