Sarkozy, el gran responsable, afirma el organismo
Derechos humanos sufren regresión en Francia: LDH
París, 13 de abril. La Liga de los Derechos Humanos (LDH) advirtió en su informe anual sobre la "regresión" de los derechos en Francia y las "desviaciones de las políticas públicas", cuando falta un año para las elecciones presidenciales. La LDH atribuye al ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, buena parte de estos retrocesos en materia de respeto a las garantías individuales.
"El cambio de gobierno que se produjo en junio agravó las desviaciones en materia de seguridad y xenófobas que tientan a tantos dirigentes y fuerzas políticas en este país", escribe el presidente de la Liga, Jean-Pierre Dubois.
"En particular el retorno al Ministerio del Interior de un candidato permanente a la elección presidencial aceleró la aplicación de orientaciones inaceptables tanto en el plano de la política de inmigración como en la aplicación de la gestión policial de los barrios populares y de los suburbios", prosigue.
La crisis de los suburbios en noviembre de 2005 es el principal indicio de estas "desviaciones", según la LDH. Durante la violencia urbana de 2005, "penas muy severas" fueron aplicadas, mientras 60 por ciento de los encausados nunca habían sido condenados. La mayoría de estos detenidos eran jóvenes de entre 16 y 25 años, de origen inmigrado.
La LDH agrega también que las primeras víctimas de esta política fueron los extranjeros y los indocumentados cuya "caza ha alcanzado una amplitud y un ritmo sin precedente".
Además de la "violencia judicial", la LDH identifica la violencia simbólica del recurso no necesario al estado de urgencia, es decir, a una forma de estado de excepción que hace pensar en la guerra de Argelia, que fue la respuesta que dio Sarkozy -quien salió fortalecido con la crisis del CPE- a los disturbios de finales del año pasado.
La organización de defensa de los derechos humanos lamenta también la "desestabilización del sistema de protección social" y la falta de reformas adaptadas para luchar contra el desempleo.
Por otro lado, la ley que sustituye el Contrato del Primer Empleo (CPE) ha sido adoptada definitivamente el jueves por el Parlamento al ser ratificada por los senadores.
Con su adopción, se certifica formalmente la muerte del CPE, que se ha sustituido por un dispositivo que favorece la inserción laboral de los jóvenes en dificultades. Según estimaciones gubernamentales, el proyecto costará 150 millones de euros (182 millones de dólares) a las arcas del Estado en 2006, y otros 300 millones (364 millones de dólares) en 2007.