Se plantea necesidad de mejorar filtros en el servicio público
La detención de dos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reactivó la intención del gobierno federal de publicar el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, en el cual se plantea la realización periódica de exámenes de confianza a todos los empleados públicos, que incluye pruebas antidopaje, realizar "vigilancia y seguimiento, intervención de comunicaciones privadas" y "evaluaciones sicológicas y poligráficas", con la finalidad "de evitar infiltraciones e infidencias y corrupciones", revelaron fuentes gubernamentales de alto nivel.
Los pilotos Fernando Poot Pérez y Marco Aurelio Pérez de Gracia, quienes laboraban respectivamente como subgerente de coordinación de vuelo y subgerente coordinador de tripulación de vuelo en la Conagua, fueron detenidos el pasado lunes por su vinculación con el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en Ciudad del Carmen, Campeche.
Su presunto involucramiento con cárteles de la droga evidenció la falta de mecanismos de control y seguimiento de empleados de áreas estratégicas en los organismos estatales, indicaron las fuentes consultadas.
Según los funcionarios entrevistados, la pretensión del gobierno federal es convertir en ley lo que hasta finales de 2005 (La Jornada, 9 de noviembre del 2005) era supuestamente un proyecto inacabado de reglamento de la Ley de Seguridad Nacional, para poner fin a las fallas en el sistema de auscultación a la hora de contratar personal, y luego de su aceptación como servidores públicos, poder darles seguimiento puntual, con el propósito de evitar casos como los de Poot Pérez y Pérez de Gracia.
La situación de los pilotos de la Conagua ha puesto en evidencia que la Secretaría de la Función Pública (SFP) carece de los controles necesarios para advertir al resto de las instancias y proporcionar datos tan importantes como los historiales criminales de servidores y ex servidores públicos.
Lo anterior, debido a que, como sostiene Blanca Alicia Mendoza, subdirectora general jurídica de la Conagua, los expedientes de Poot Pérez y Pérez de Gracia, de la constancia emitida por la SFP "no se desprendía nada" relativo a que alguno de los dos detenidos hubiera sido señalado como responsable de actos de corrupción, abuso de autoridad, o inclusive que hayan estado recluidos en prisión por delitos contra la salud.
De acuerdo con las versiones obtenidas, las áreas encargadas de la seguridad nacional han entablado nuevas pláticas para impulsar la publicación del reglamento a la ley en la materia, luego de que en diciembre del año pasado no se llegó a acuerdos entre las instancias que integran el Consejo de Seguridad Nacional, en el que participan la PGR, las secretarías de la Función Pública, Defensa Nacional, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Supuestamente, la intención es mantener lo que hasta octubre y noviembre de 2005 era el proyecto aprobado, que incluía "el diseño de dispositivos de seguridad y contrainteligencia capaces de salvaguardar, con el más alto grado de efectividad", al Estado y sus instituciones, así como a las instalaciones que son consideradas estratégicas.
Como en su oportunidad lo informó La Jornada, el proyecto faculta al Cisen a que elabore una red nacional de información, que tendría como parte medular la obtención de datos personales de todo aquel que labore en entidades de la administración pública federal.
Gustavo Castillo y Jesús Aranda