Grupo civil denuncia irregularidades en indagatoria de la SFP sobre salas de apuestas

FABIOLA MARTINEZ

La Secretaría de Gobernación (SG) admitió que imprecisiones en la Ley Federal de Juegos y Sorteos impiden el combate a actividades ilegales, en especial para retirar las llamadas máquinas tragamonedas.

El gobierno federal calcula que existen por lo menos 70 mil artefactos de ese tipo, cuya operación está prohibida por la normatividad vigente, no así su tenencia, aun cuando se hallen a la vista de todos en pequeños comercios.

Es decir, para poder decomisarlas se requiere -como requisito indispensable- que se encuentren operando en el momento en que llega el supervisor.

Como difundió La Jornada el mes pasado, la SG pidió la colaboración de los mandatarios estatales para impulsar operativos conjuntos en los que intervengan los tres niveles de gobierno, como única alternativa para combatir el juego ilegal, especialmente ante la multiplicación de las máquinas tragamonedas. Los gobernadores aceptaron analizar el convenio propuesto por Bucareli y en breve entregarán una respuesta.

Mientras tanto, el gobierno federal mantiene un avance marginal en este combate y asegura que la operación de máquinas tragamonedas ocurre en pequeños establecimientos, como farmacias, tiendas de abarrotes o papele-rías, pero no en las grandes cadenas de juego de apuestas y sorteo de números.

Arturo Chávez, subsecretario de Gobierno de la SG, responsable de la expedición y operación de los permisos para juegos y sorteos, afirma que establecimientos como Yak o Caliente están utilizando máquinas permitidas en el marco de los "bingos en línea".

Respecto a las omisiones legales que impiden el decomiso de máquinas tragamonedas -cuya comercialización y mantenimiento se anuncian abiertamente en Internet-, señaló que poseer un artefacto de ese tipo no constituye delito, sino ponerlo en operación.

"Eso es importante de distinguir, porque ese precepto facilita la distribución, es decir, si se localiza una máquina no es delito; es necesario detectarla funcionando, y eso es un problema que tenemos para el combate" de actividades ilegales, declaró en entrevista.

Comentó que el cálculo de 70 mil máquinas tiene sustento en estimaciones que han entregado las delegaciones de la SG en todo el país.

"Por ello -agregó el funcionario-, necesitamos de la participación de los estados, porque las máquinas están instaladas en lugares específicos. Además de ello, no habría otra veta de irregularidades en este polémico sector", según Gobernación.

En tanto, la organización social Di no a los Casinos presentó denuncia ante el titular de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública en contra de los funcionarios a cargo de investigar las irregularidades en el otorgamiento de permisos para salas de apuesta, autorizados por Santiago Creel Miranda unos días antes de renunciar a su cargo como secretario de Gobernación.

Este grupo civil, que desde hace varios años pugna por reformar la ley en la materia, ha documentado omisiones e irregularidades en los procesos para la apertura de bingos, que en la última tanda favorecieron a dueños de medios de comunicación, en particular Apuestas Internacionales, filial de Televisa, a la cual el ex titular de la SG otorgó permisos para la apertura de 120 establecimientos de ese tipo.

Di no a los Casinos ha insistido en la presunta violación sistemática del artículo 22, fracciones 7 y 9 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (actualmente impugnado por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación), porque no existieron anuencias previas de gobiernos locales para la apertura de salas de apuestas.

La denuncia anterior, así como otras de irregularidades en la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, fue expuesta ante la SFP desde el 14 de junio de 2005 y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta.

La organización referida considera que la denuncia se encuentra estancada por desdeño y negligencia de los funcionarios referidos, lo que permite la impunidad de los presuntos responsables de la autorización indebida de los bingos.

Lo anterior ocurre aun cuando oficialmente diversas entidades, como el Distrito Federal, Nuevo León, estado de México, Jalisco, Veracruz y Chihuahua, han señalado que no autorizaron de manera previa ninguna sala de juego derivado de los permisos firmados por Creel.

Daniel Olivares, coordinador de Di no a los Casinos, consideró que persiste la estrategia de no bloquear los negocios de Televisa para favorecer, como lo hicieron con la reforma a la Ley de Radio y Televisión, al candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón, pero sobre todo para cubrir a Creel Miranda, postulado por su partido para ocupar un lugar en el Senado.