Usted está aquí: sábado 1 de abril de 2006 Capital Grave error, borrar la memoria del Tribunal Electoral: Encinas

Los magistrados deben explicar por qué se destruyó el material: diputados de PRD y AN

Grave error, borrar la memoria del Tribunal Electoral: Encinas

La ALDF tiene facultades para intervenir en el caso, afirma el jefe de Gobierno

La medida abona al desprestigio del organismo y generará suspicacias el 2 de julio, consideran legisladores

GABRIELA ROMERO Y ANGEL BOLAÑOS

Ampliar la imagen El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, coloca unos anteojos a un estudiante, durante la segunda jornada del programa Recibe el regalo de la vista, en el gimnasio del deportivo Oceanía, delegación Venustiano Carranza Foto: Francisco Olvera

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y diputados locales de PRD y PAN consideraron un "error grave" la determinación del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) de destruir las grabaciones de sus reuniones privadas, porque significa "borrar" sus memorias de trabajo, que son materiales fundamentales de información de carácter público.

La Jornada informó ayer que alrededor de las 17 horas del miércoles la secretaría general del TEDF, la cual encabeza Gerardo Rafael Suárez González, entregó a la contraloría interna, presidida por José Rico Espinosa, los casetes con las grabaciones de las sesiones privadas del pleno, celebradas de 2003 a la fecha, para su destrucción, como propuso el magistrado Estuardo Mario Bermúdez Molina.

Encinas Rodríguez consideró que de ninguna manera tenían por qué eliminarse dichas grabaciones, porque se trataba de materiales que eran parte fundamental de la información de una institución de carácter público, sobre todo cuando no existió acuerdo del pleno para que se procediera a realizar dicha acción.

Cuestionado sobre el propósito de Bermúdez Molina, de impedir que la Procuraduría General de la República pudiera requerir dichas grabaciones para indagar sobre su intención de utilizar recursos del mismo tribunal para inducir el cambio de fuente de reporteros asignados a la institución, el mandatario capitalino dijo que, por tratarse de un organismo autónomo, el gobierno central, por medio de la Contraloría General, no puede intervenir, y tendría que ser su contraloría interna la que lo hiciera.

Precisó que la Asamblea Legislativa (ALDF) y la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) del órgano legislativo, sí tienen jurisdicción para intervenir en este caso; incluso consideró que por tratarse de un asunto de interés público, cualquier persona podría hacer un reclamo al órgano electoral.

"Yo creo que esto debe atenderse; respetando la autonomía del tribunal, debe atenderse de inmediato", señaló.

Entrevistados por separado, los diputados perredistas Pablo Trejo y Francisco Chiguil, presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, respectivamente, advirtieron que esta acción abona a la mala imagen que la ciudadanía tiene de los magistrados. "¿Qué pretenden ocultar al destruir parte de la memoria histórica del tribunal electoral?", interrogó Trejo Pérez.

Subrayó que la mala imagen que los magistrados se están forjando no se quita con dinero, ni destruyendo grabaciones, sino con trabajo.

El legislador panista Obdulio Avila Mayo, presidente de la Comisión de Estudios y Prácticas Parlamentarias de la ALDF, aseveró que los magistrados "se siguen llevando la corona en cuanto a la opacidad", y reprobó su actitud de pretender ocultar información, cuando "un servidor público debe estar abierto al escrutinio de los ciudadanos".

Francisco Chiguil calificó la decisión de los magistrados de "muy grave, en virtud de que debe haber constancia de las reuniones privadas y públicas de todos los órganos cuya vida depende del erario de la ciudad".

El perredista dijo que esto puede generar suspicacias acerca del actuar de los magistrados durante la resolución de las impugnaciones que haya con motivo del proceso electoral del 2 de julio.

Avila, Trejo y Chiguil advirtieron que los magistrados están obligados a dar una explicación pública de las razones que tuvieron para tomar tal determinación. En el mismo sentido se expresó el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el DF, Gilberto Ensástiga Santiago, quien acotó que es "evidente que algo pretenden ocultar; sin embargo, con la destrucción de ese material sólo se generan suspicacias que no convienen en vísperas del proceso electoral".

 
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