¿Plaga de moscas en el Seguro Popular?
Cuando en 2004 la 32 Reunión Nacional de Contralores examinó el marco jurídico del Seguro Popular, varios responsables estimaron que requería de "reglas de operación y un marco jurídico muy bien determinado para evitar problemas posteriores".
Además de sus estructurales deficiencias médico-clínicas, año y medio después no es claro quién lo fiscaliza y si cumple con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En su artículo 12 ella establece la obligación de hacer pública toda información sobre los montos y personas a quienes entreguen -por cualquier motivo- recursos públicos, así como los informes que ellas remitan sobre su uso y destino. Igualmente, el artículo 22 de su reglamento indica que las dependencias y entidades, cuando transfieran recursos públicos a los estados o municipios, deberán hacer pública la información sobre montos entregados, así como los informes "a que hace referencia el artículo 12 de la ley".
Porque mientras la SFP inhabilita por tres años y nueve meses a Siemens -por presunta falsificación de documentos del SAT para así gozar de licitaciones públicas y obtener la adjudicación de un contrato en el hospital Juárez-, en la "operación" de ese singular seguro cunde un soberano cuadro de presuntas corruptelas, desvíos, anomalías e irregularidades.
1) Aguascalientes: la Contaduría Mayor de Hacienda detectó irregularidades en la cuenta pública estatal (segundo semestre) 2004. Se responsabiliza al ex director del Instituto de Salud del estado, Rubén Galviz Tristán, del desvío de 9 millones de pesos y pagos extraordinarios por más de 700 mil pesos. Según el dictamen, centros de salud del ISEA usaron medicamentos y material de curación caduco.
2) Baja California: el diputado local Carlos Alberto Astorga Otón denunció graves irregularidades, malos manejos y corrupción con el Seguro Popular bajo la gestión de Francisco Vera González en Isesalud.
3) Campeche: en la localidad de Palizada, el Seguro Popular no cumple con la atención que demandan sus afiliados, y cuando acuden a surtir la receta se llevan la sorpresa de que "no hay los medicamentos anotados, y si sólo hay uno, te exigen el papel firmado por el doctor", según la queja de una paciente.
4) Estado de México: la diputada federal panista Adriana González Furlong calificó al gobierno de la entidad de irresponsable por no haber ejercido el total de los recursos destinados al Seguro Popular. Durante 2004 de los 140 millones de pesos etiquetados sólo se habían ejercido 67.
5) Guerrero: ex funcionarios de primer y segundo nivel del ex gobernador René Juárez Cisneros fueron denunciados penalmente por defraudar 17 millones de pesos en la Secretaría de Salud estatal. Se encuentran en calidad de indiciados la diputada federal priísta Verónica Muñoz Parra, ex secretaria de Salud; su sustituto, Herón Delgado Castañeda, y Ana María Castilleja Mendieta, ex tesorera de la dependencia y ex alcaldesa priísta de Acapulco.
A petición del gobernador Zeferino Torreblanca, también se inició una auditoría al hospital de la Madre y Niño Indígenas de Tlapa para comprobar el dicho de Xóchitl Gálvez, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto a que hubo desvío de recursos públicos. Julio Frenk fue instruido para ponerlo en operación, restaurar los casi 100 centros de salud en la Montaña e interconectarlos con el Seguro Popular. Aunque este no es el único con problemas. Se encuentran en iguales circunstancias los hospitales básicos comunitarios de la Montaña, Huamuxtitlán, Tlacoapa y Malinaltepec.
6) Quintana Roo: el Organo Interno de Control de la Secretaría de Salud estatal descubrió un importante desvío de recursos en centros de salud del municipio Benito Juárez. El secretario del ramo, Amílcar Rosado Alavez, informó que no recordaba si "es el uno o el dos, pero es uno de éstos". Advirtió que se levantó una investigación y emprendió la "rotación de todos y cada uno de los responsables" de los centros de salud de la entidad para erradicar "malos vicios". Las indagaciones pudieran ampliarse a otros departamentos de la dependencia, puesto que también hubo negligencia de funcionarios al permitir que caducaran grandes cantidades de medicamentos, cuando se requería de ellos en comunidades rurales.
7) Tabasco. Son un secreto a voces las presuntas pillerías del secretario de Salud, Jaime Mier y Terán, y sus colaboradores más cercanos (Hilda Santos Padrón, Rodolfo Castillo Gómez, Luis Angel Rodríguez y Manuel Alamilla Villafuerte): compra de aparatos de rayos X para el hospital Rovirosa; abasto de alimentos para los hospitales Juan Graham, del Niño, de la Mujer y todos los restantes (públicos); nepotismo (parientes en la nómina del Seguro Popular); corrupción: supuestos negocios con la cadena de Farmacias Unión como la compra de medicamentos para el Seguro Popular con facturación a precios alzados y abasteciendo menos cantidades a los hospitales públicos respecto a la que se liquidó. También se dice que Mier y Terán engaña al gobernador con datos falsos sobre el "avance" de los programas sanitarios.
Y pese a todas estas penosas evidencias, el actuario -Amigo de Fox- Juan Antonio Fernández Ortiz, comisionado nacional de Protección Social en Salud, sostuvo en Fox contigo (26/11/05) que dispone, en 2006, de 17 mil millones de pesos para operar (¿electoralmente?) el impopular segurito.
¿Por qué no se destinaron esos recursos al Programa IMSS-Oportunidades? ¿Esto es lo que pretenden "continuar" los candidatos Calderón y Madrazo? El próximo gobierno deberá auditar inmediatamente esa auténtica plaga de moscas.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco