El PP vota en contra y Rajoy afirma: "es el principio del fin del Estado español"
Aprueban diputados de España el estatuto de autonomía de Cataluña
Encarcelar a Otegi, agresión contra un posible proceso de paz en Euskadi: Batasuna
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Pasqual Maragall, presidente del gobierno catalán (al centro) aplaude luego de la votación en la Cámara de Diputados de España que ayer aprobó por unanimidad el estatuto de autonomía de Cataluña
Madrid, 30 de marzo. Con el rechazo del derechista Partido Popular y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Cámara de Diputados de España aprobó hoy, por mayoría absoluta, el estatuto de autonomía de Cataluña, que concede a esta comunidad del noreste del país un mayor autogobierno y el reconocimiento de "nación".
El texto, aprobado por 189 votos contra 154, obtuvo el respaldo del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aunque hubo dos abstenciones, que correspondieron a la Chunta Aragonesista y Nafarroa-Bai.
Tras esta votación, el texto pasará al Senado, y después será ratificado en un referéndum popular en Cataluña previsto para junio.
El estatuto, resultado de negociaciones entre el gobierno socialista y los partidos catalanes, especialmente en el último tramo de los nacionalistas democristianos de Convergencia i Unió (CiU), amplía las competencias de una de las regiones más autónomas de España.
Para Mariano Rajoy, el líder del PP, el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña marca "el principio del fin del Estado español" tal como lo concibieron los españoles tras la dictadura de Francisco Franco (1939-975), y estructurado en 1978 con la proclamación de la Constitución vigente en España.
Este proyecto, añadió, nació para dar satisfacción a los nacionalistas, cuando los catalanes no son todos nacionalistas, ni van a percibir un beneficio del estatuto.
A juicio de Rajoy, este nuevo estatuto "no interpreta la Constitución, sino que dice lo contrario y niega su vigencia" en Cataluña, además, tiene un diseño "elástico y flexible" para soslayarla sin que se note.
"Es un mal texto jurídico. Divide a los españoles. Es inconstitucional. Contradice la Carta Magna y quiebra su letra y espíritu", sostuvo.
También criticó su redacción, que calificó de "mal hecha", "defectuosa a los ojos de cualquier profesional del derecho" y de "semillero de conflictos jurídicos", que está "impregnada de incertidumbre".
Por todo ello, pidió de nuevo la retirada del texto y la elaboración de uno nuevo. De no ser así, instó al gobierno a esperar a que el Tribunal Constitucional "entre en el fondo del asunto".
Rechazo del ERC
El texto también fue rechazado por el independentista ERC, pese a que fue su impulsor desde su llegada al poder regional en noviembre de 2003, junto a socialistas y a ecologistas-comunistas.
Joan Puigcercós, vocero del ERC, argumentó que el texto no reivindica a Cataluña como "nación" y no contempla las propuestas de mayor autonomía en materia de aeropuertos y puertos como pretendía esa formación. Estimó que el nuevo estatuto "es bueno para España, para una región de España, pero no lo es para una nación como Cataluña".
Al hablar en nombre del gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, defendió el texto porque "es producto del más profundo sentido democrático" y "fortalece" la Constitución.
Aseguró en que la reforma estatutaria de Cataluña es buena para esta Comunidad y para España, tras rechazar la dialéctica de la confrontación. El nuevo texto, dijo, es plenamente conforme a la Constitución, tanto en su letra como en su espíritu.
El presidente del gobierno catalán, el socialista Pasqual Maragall, destacó que "Cataluña se pone al día como nación", al expresar su confianza en que ERC se sumará finalmente al consenso del estatuto.
En otro asunto, el ilegalizado partido independentista Batasuna vasco afirmó que el encarcelamiento de su líder Arnaldo Otegi es una "agresión" y una "actuación gravísima" ante "las posibilidades que existen de abrir un proceso democrático" en Euskadi.
Joseba Permach, vocero de Batasuna, indicó que en estos momentos "única y exclusivamente" es la izquierda abertzale (nacionalista) la que pone en marcha ese proceso democrático, abierto tras el alto el fuego permanente de ETA, y advirtió que sólo una de las partes no puede sacar adelante un proceso de paz.
El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, negó que la decisión de la Audiencia Nacional de no ordenar prisión firme para Otegi haya estado condicionada por el alto el fuego de ETA, y explicó que el Ministerio Público se rige por el principio de autonomía y "pide lo que tiene que pedir con arreglo a criterios jurídicos".
Otegi se encuentra en prisión luego de que el juez Fernando Grande Marlaska dictó en su contra prisión eludible bajo fianza de 250 mil euros (unos 300 mil dólares), por pertenecer al entramado de ETA.
Dado que Batasuna debe reunir en total 650 mil euros (780 mil dólares) para liberar a Otegi y a otros dos dirigentes, el vocero de Batasuna podría pasar varios días en la cárcel.