España: alto el fuego
El alto el fuego permanente decretado por la organización separatista vasca ETA fue recibido de inmediato con alegría y esperanza por muchas personas y organizaciones políticas en el Estado español, excepto por la cúpula del Partido Popular (PP), heredera ideológica del franquismo. Era de esperar de esa formación, cuyo jefe real, el fascista José María Aznar, mintió deliberadamente cuando intentó con fines electoreros achacar a ETA la autoría del atentado terrorista del 11 de marzo, ha sido servil colaborador de Bush en la inmoral e ilegal invasión de Irak y se ha ofrecido como voluntario para enfrentar la marea antineoliberal en América Latina.
Este cese el fuego no es comparable a otros anteriores. ETA no ha ocasionado una baja mortal en casi tres años y según fuentes cercanas al conflicto vasco su determinación de cesar las acciones armadas es resultado de un largo proceso de discusión interna y de la influencia política ejercida por la izquierda abertzale, en particular por la ilegalizada Batasuna, a la que con un maniqueísmo trasnochado se acusa de ser el "brazo político" de la organización armada. El vocero de Batasuna, Arnaldo Otegi, habría sostenido durante los últimos seis años reuniones en secreto con líderes del Partido Socialista de Euskadi, expresión vasca del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero, que crearon un clima de confianza y abrieron el camino a posteriores contactos de esta con el Ejecutivo.
Hay que reconocer la valentía de quienes en ETA se decidieron a dar este paso, como la lucidez y el coraje de Otegi y otros integrantes de Batasuna en empujar hacia esa meta. Pero no le escatimo méritos a Rodríguez Zapatero, sin cuyo decidido concurso este desenlace habría sido imposible, no obstante mis prevenciones hacia la socialdemocracia en general, por su alianza con el capital imperialista, y hacia el PSOE en particular también por eso y por su enorme responsabilidad en el castramiento de la llamada transición española a la democracia. Una transición que dejó intactos los poderes fácticos del franquismo y no tuvo en cuenta los derechos nacionales del pueblo vasco al imponerle una Constitución que éste rechazó.
Las acciones de ETA no pueden desligarse de este contexto ni de la sistemática represión contra el independentismo vasco y en especial contra la izquierda abertzale. Durante el gobierno de Felipe González esta represión se ejerció por una banda paramilitar totalmente al margen del estado de derecho con licencia para matar y torturar. Pero las torturas siguieron en el mandato de Aznar y se han convertido en práctica cotidiana contra todos los presos vascos, sean o no miembros de ETA. A ello se ha unido el cierre de publicaciones, la caza de brujas y el hostigamiento permanente contra quienes sostienen en Euskadi ideas distintas a las dominantes en el Estado español. A diferencia de comunicados de ETA previos a anteriores ceses el fuego, en éste aboga por una salida democrática en la que no será la organización armada el actor principal, sino el pueblo vasco. Encaminarse hacia una solución duradera del conflicto exigirá por todas las partes involucradas mucha paciencia, altura de miras, capacidad para hacer concesiones y perdonar. Y de la necesidad de perdonar habrá que convencer a los integrantes de algunas de las organizaciones de víctimas de ETA, cuyas directivas son burdamente manipuladas por el PP.
Después de varios días de anunciado el alto el fuego ese partido, por boca de Mariano Rajoy, ha tenido que dar su respaldo a Zapatero en la negociación con ETA cuando se ha evidenciado que es un clamor del electorado, aunque lo ha hecho de dientes para afuera y poniendo todos los peros habidos y por haber. Pero Zapatero también deberá vencer la resistencia de los sectores más conservadores de su propio partido, que se opondrán, al igual que el PP, a darle un lugar a Batasuna en el proceso. Y es que esa formación es un dolor de cabeza para el conjunto de la burguesía, incluyendo la vasca, por su proyección auténticamente socialista e internacionalista. Por lo pronto el gobierno español tiene que encontrar la forma de legalizar a Batasuna como un gesto indispensable para dar credibilidad a su intención negociadora y la amenaza inminente de encarcelamiento que pende sobre Otegi es una muy mala señal en esa dirección.