Seguridad y plan de trabajadores huéspedes van de la mano: Bush

La amnistía, centro del debate en el Senado de EU

Es el nuevo tema de derechos civiles que enfrenta el país: Kennedy

Satisfacer a empresarios y responder a presiones, dilema de republicanos

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 29 de marzo. El debate en el pleno del Senado acerca de la reforma migratoria arrancó hoy entre caracterizaciones sobre si las propuestas representan o no una amnistía para indocumentados, la urgencia de abordar "la gran amenaza" a la seguridad nacional que significa la frontera con México, e intervenciones retóricas sobre el "sueño americano", "los valores estadunidenses" y la definición del carácter fundamental del país. En la sesión, todos reconocieron que este "es un momento histórico".

El debate formal, en el cual se espera gran "pasión", está programado para continuar hasta finales de la próxima semana, con la posibilidad de que se logren aprobar algunos puntos antes del receso que inicia el viernes 7 de abril. Durante ese tiempo se analizarán varias iniciativas y habrá un gran espectáculo público entre los senadores cuando argumenten sobre asuntos de seguridad de la patria y los valores "americanos", y se recordará que esta es "una nación de inmigrantes".

En tanto, todas las fuerzas políticas representadas aquí desarrollarán una intensa labor de cálculos políticos para evaluar costos y beneficios de cada posición, particularmente al comenzar una etapa electoral de este año.

La Casa Blanca aclara su postura

El presidente George W. Bush manifestó hoy su posición sobre el asunto, tal vez con los términos más firmes y definidos hasta la fecha. "A mi juicio, no se puede asegurar la frontera sin un programa de trabajadores huéspedes. Los dos van de la mano. Hay gente que está haciendo trabajos que los estadunidenses no harán. Mucha gente que ha llegado a nuestro país está ayudando a crecer nuestra economía. Eso simplemente es un hecho de la vida", declaró en respuesta a una pregunta en el Freedom Forum. Insistió así en que una reforma real debe contener ambos elementos, en el día en que el Senado por fin comenzó el debate sobre el asunto.

Por su lado, los senadores empezaron a marcar las líneas de la batalla que comienza en la Cámara. El líder de la mayoría republicana, Bill Frist, declaró que la definición de un país implica su defensa, particularmente de sus fronteras. "La frontera sur es uno de los mayores retos de seguridad nacional, sólo después de la guerra contra el terrorismo", advirtió.

Mezclados entre los que vienen buscando una vida mejor, agregó, hay "terroristas", narcotraficantes, contrabandistas y más, y expresó su oposición al proyecto que ofrecía "amnistía" a quienes han llegado violando la ley.

Arlen Specter, presidente del Comité Judicial, rechazó que la propuesta aprobada contenga una "amnistía", y acusó que esa es "una palabra en código" que sólo busca contaminar y distorsionar el debate.

Procedió a enunciar los elementos del proyecto, que incluyen programas de trabajadores temporales, mecanismos para legalizar a los indocumentados, medidas de seguridad fronteriza (entre ellas una barda "virtual") y más recursos para la aplicación de la ley en el interior del país, entre otros puntos.

"Este es un país construido por inmigrantes", afirmó, y los que hoy llegan buscan "un estilo de vida superior". Este proyecto, sostuvo, ofrece una manera "realista" de abordar el problema.

Pero el republicano Jeff Sessions -quien representa la otra parte del debate- rechazó el proyecto, y declaró: "la verdad, es amnistía", algo que no puede ser permitido, ya que sería otorgar derechos plenos a inmigrantes que están aquí en violación de la ley.

En su turno, el senador Edward Kennedy dijo que
el problema migratorio es "el nuevo tema de derechos civiles" que enfrenta el país. Insistió en que el proyecto aprobado el lunes anterior incluye los temas de seguridad nacional y económicos, pero sobre todo el "tema de valores" que forman parte de este asunto. Informó que hoy conoció a Fabián Núñez, presidente de la Asamblea Legislativa de California, y señaló que es un ejemplo de la "historia real de Estados Unidos": hijo de un bracero y de una madre inmigrante de México, hoy es líder de la legislatura de su estado.

Sin embargo, se vislumbró que existe división, sobre todo en el Partido Republicano, entre aquellos que desean satisfacer las necesidades del sector empresarial y los conservadores que tratan de responder a las presiones para "asegurar" las fronteras y detener la "invasión" de indocumentados.

El problema para los republicanos es cómo balancear estas presiones. Tal vez lo más difícil es que enfrentan un gran riesgo: perder ese sector del voto latino que han conquistado durante los años recientes.

Los latinos, la minoría más grande del país (unos 40 millones en total), son un voto cada vez más determinante en regiones clave de Estados Unidos, y este tema es fundamental para ellos, de acuerdo con las encuestas. Los políticos que decidan apoyar las medidas antimigrantes corren el riesgo de enajenar a este sector, advierten estrategas, recordando la experiencia del gobernador Pete Wilson, de California, en los años 90, cuando sus propuestas antimigrantes casi anularon la presencia del Partido Republicano en ese estado durante una década.

"Creo que sería un error que el Senado no apruebe un proyecto integral (sobre inmigración)", dijo el senador republicano Lindsey Graham a la agencia Reuters. "Creo que sería un error político como también un error en términos de política."

Algunos de los políticos que se oponen a una reforma amplia argumentan que no es justo para los inmigrantes legales que han "jugado con las reglas" y que habrán sido defraudados.

Sin embargo, ayer una encuesta realizada por Bendicen y Asociados para New America Media, arrojó como resultado que una amplia mayoría de inmigrantes legales apoya un programa de legalización para indocumentados (68 por ciento). Además, una mayoría también opina que ha crecido el sentimiento antimigrante en el país y está alarmada por el tono del debate sobre la reforma migratoria. Por ello, reprueba la labor del Congreso y del presidente Bush.

Los políticos también desean confirmar sus credenciales inmigrantes, sean promotores u opositores de la reforma migratoria integral. Esto fue lo más destacado al iniciar el debate en el pleno del Senado, cuando casi todos los legisladores que hablaron aseguraron que ellos también son parte de la diáspora migrante, y afirmaron una y otra vez que esta es "una nación de inmigrantes".

El republicano Pete Domenici, senador por Nuevo México, declaró en el pleno: "este senador es hijo de una madre que fue inmigrante indocumentada -ella era italiana", y recordó cómo fueron víctimas de olas antimigrantes y cómo su madre fue arrestada cuando él era menor de edad por ser indocumentada. "Cuento esto para que sepan que no importa si uno es republicano o no, pero cuando platican de lo que le ocurre a los indocumentados, como si fueran otra gente, pues yo sé como se siente eso, me pasó a mí. Son como todos nosotros, no son otros... no son delincuentes.

"Son los que construyeron este país. Ahora no se llaman tanto Domenici, son más bien Martínez, Salazar, Chávez... Pero estamos hablando de la misma gente", concluyó el veterano senador.

Por su parte, el senador Specter dijo que su padre fue inmigrante ruso que, amenazado por el zar de ser enviado a Liberia, "prefirió huir a Pennsylvania". Su madre también fue una migrante europea que llegó a Missouri.

El propio Frist señaló que Estados Unidos es un país de inmigrantes, como tantos más. Su colega, Mel Martínez, declaró que él es el único inmigrante en el Senado nacido en Cuba.

Pero tantos elogios a los inmigrantes no significan ningún consenso sobre la reforma migratoria, y nadie se atreve a pronosticar si el debate culminará en la aprobación de un proyecto de ley en el Senado y menos si de aquí se llegará a promulgar una reforma este año.

El senador republicano Charles Grassley declaró a la publicación Congressional Quarterly, que tal vez lo único que ocurrirá este año es que "el Senado aprueba un proyecto de ley, todos declaran victoria y nada se logra hasta después de la elección (en noviembre)".