El voto definirá la economía
Un ex gobernante de la ciudad de México, si se manifiesta mayoritariamente la voluntad ciudadana en las urnas el próximo 2 de julio, puede convertirse en presidente de la República, pero a cuatro meses de la elección federal, los ciudadanos del Distrito Federal seguimos sin campañas formales, aunque la actividad de los candidatos es obvia y, según denuncias de unos y otros, se gastan en ellas cotidianamente cientos de miles de pesos.
Los aspirantes presidenciales de PRI, PAN y PRD toman a la capital del país como terreno de disputa y realizan proselitismo intenso, casi siempre sin la compañía de los abanderados locales de sus organizaciones políticas. Así, poco a poco y en medio del ruido, se aprecian las distintas propuestas de cómo mejorar la vida urbana, aunque algunos afirmen que son propuestas lo que menos se publicita en el marketing electoral. El mensaje oficial favorece lo que llama logros de gobierno, al tiempo que los partidos arrecian sus ataques contra el puntero en la intención del voto, para apenas dar a conocer un esbozo de quiénes son las mujeres y los hombres que quieren gobernar el país y la capital, metrópoli que en menos de una década transformó parte de su fisonomía y estructura financiera, bajo administraciones de izquierda, las que aprovechan el bagaje político que ofrece gobernar al padrón electoral más grande del país y, por tanto, al conglomerado demográfico de mayor peso a la hora de ejercer el sufragio.
Del número de ciudadanos que acudan a las urnas dependerá el triunfo y la legitimidad de las políticas perredistas, y las propuestas y compromisos de abanderados como Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador parten de programas gubernamentales que ya son un hecho en el DF y causaron desde sus inicios controversia, por destinar recursos económicos a mejorar las estructuras sociales de los estratos de escasos recursos de la población que habitan la megaurbe. Con un enfoque especial en la protección social de los grupos vulnerables como adultos mayores, madres solteras, niñas, niños y jóvenes, que por medio de partidas financieras especiales, como tarjetas de intercambio de productos, préstamos y servicios a cargo del erario y de nuestras contribuciones fiscales, la izquierda realiza lo que titula inversiones sociales y refiere el eslogan "Por el bien de todos, primero los pobres", apostando a políticas que reconstituyan los tejidos sociales rotos por los efectos de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN.
La principal tesis para captar electores de todas las clases sociales, incluyendo a los empresarios, es cambiar la economía que ha dejado a la mayoría de la población en estas tres décadas en la pobreza y la marginación, por lo que la interrogante es: ¿qué más violento y peligroso para México que ser una llamada fábrica de pobres, que con desesperación arroja fuera de sus fronteras a 500 mil mexicanos cada año? o ¿qué más violento que los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y la persecución política judicial contra la periodista Lydia Cacho? ¿Qué más peligroso que dejar sin castigo los crímenes de la guerra sucia de las décadas de los sesenta y setenta? ¿Qué más riesgoso que de la noche a la mañana descendiéramos a la economía número 13, cayendo dos posiciones, con su consecuente impacto en el empleo y la inversión?
El voto del miedo es a lo que convocan con desesperación los candidatos de la derecha, que advierten que ante el hartazgo social de regímenes corruptos e ineficaces una parte importante de la población vira hacia objetivos de reivindicación social y nacionalistas, como acabar con la corrupción, bajar el costo del gobierno -según AMLO se pueden ahorrar así cerca de 100 mil millones de pesos tan sólo en una primera etapa-, reducir la deuda pública y eliminar privilegios fiscales. Significa más que bajar los precios de los energéticos, con el fin de financiar la creación de nuevas empresas e impulsar la generación de empleo, con lo que las empresas pequeñas y medianas, que formaron parte de las cadenas productivas ahora casi inexistentes, se reconfiguren en beneficio del desarrollo nacional. Y aunque el Legislativo aterrice una posible y auténtica trasformación económica en favor de todos y no de unos cuantos mexicanos, con candados en el primer año de gobierno, el sufragio será lo que defina de una vez por todas cuál es la política económica de Estado que queremos en la capital y en la República.