Telepoder
La minuta sobre la ley Televisa será probablemente aprobada hoy y ratificada por la mayoría de PAN y PRI, en el pleno de la Cámara de Senadores el próximo jueves.
La cascada de críticas que han emitido los especialistas no ha servido de nada ante una decisión del poder político que no mide en absoluto la mayor fuerza política que está entregando a poderes fácticos de la sociedad civil (las televisoras dominantes) que, así, van borrando su frontera con el poder político. Cuando esa minuta se vuelva ley, el dinero y las televisoras adquirirán una fuerza determinante en las decisiones político electorales. Ese es apenas un aspecto del engendro que parirán los senadores.
José Luis Benavides Gut, experto en comunicaciones al servicio de los intereses que están detrás de la minuta -formulada aún no sabemos por quién, pero irresponsablemente aprobada por la Cámara de Diputados-, ha dicho en distintos foros que "el espectro radioeléctrico y las frecuencias que ya tienen asignadas, tanto las televisoras y las radiodifusoras, al cambio de convergencia digital seguirá siendo el mismo espectro; sencillamente el espectro se eficientiza, es la única diferencia. No puedo entender el argumento -dice-, de que es un nuevo espectro y le estamos dando mayores frecuencias. No es cierto, ese espectro es el mismo; sencillamente, donde pasa el analógico en estos momentos, donde pasa el canal 2 o el canal 3, o el que sea, la frecuencia se complica... Con la emergencia digital, la frecuencia se hace más pequeña y permite mayores servicios, ésa es una gran diferencia, y por eso es un derecho que tienen los radiodifusores y los concesionarios". ¿Por eso? Vaya consistencia lógica.
Benavides tapa el sol con un dedo: la concentración de concesiones en México es tal, que Televisa y Televisión Azteca acaparan 82 por ciento de las frecuencias televisivas, y el espectro de la radiodifusión comercial está en manos de 13 grupos. Sí, el espectro se "efiencientiza", pero la multiplicación de frecuencias y de los nuevos servicios que vendrán al cambio de convergencia digital quedará igualmente concentrada; quién va a disputar a las televisoras tan extremadamente dominantes el poder multiplicado que la ley les habrá fabricado.
La minuta deja atrás una estela de dudas en que se mezclan la corrupción -la compra de votos-, los arreglos inconfesables entre el poder político y el mediático y económico, así como los acuerdos abiertamente confesados por Espino, respecto de la "rentabilidad electoral" de la decisión de convertir a Televisa, principalmente, en un factótum decisivo del acontecer político del país. La morfología del poder habrá sufrido un cambio altamente negativo para el desarrollo de la democracia. El poder teledirigido será un hecho consumado e institucionalizado.
Las reformas políticas han llevado al país a la creación de una clase política que sólo se representa a sí misma. Cuando tres partidos decidieron cerrar al máximo el acceso a nuevas formaciones políticas, la clase política gobernante así conformada, actuando en un marco institucional de democracia representativa -delegativa (en la que el ciudadano se limita a entregar su voto cada seis años)-, se separa de la sociedad y acaba representándose sólo a sí misma. Véase: ¿cuál es la consideración de Espino para aprobar la minuta de marras?: la rentabilidad electoral inmediata para su partido; no hay, por supuesto, en su discurrir la más mínima referencia a la sociedad o al desarrollo de la democracia. El fortalecimiento sustantivo del duopolio hoy conviene, aunque ello implique la progresiva dominación de las instituciones del Estado, por los poderes fácticos de las empresas de telecomunicación: el capital empresarial dando nuevos pasos para adueñarse del Estado. El futuro de la democracia mexicana en grave riesgo. Es claro que, pese a su gravedad, el problema mayor no es esta minuta, sino la institucionalidad política que nos rige, donde los ciudadanos no cuentan.
Queda el recurso del veto presidencial: ¿alguien cree que el empresario Fox va a asumir la defensa de las instituciones estatales y a entender algo sobre la importancia de un Estado que concentre el interés general y no el del capital particular, sin lo cual no hay en realidad Estado?
Otro recurso es la contienda posible derivada de la inconstitucionalidad de los contenidos de la minuta: ¿alguien confía en que la Suprema Corte de Justicia mirará el fondo del asunto y percibirá el grado en que el interés particular de las televisoras dominantes va a prevalecer por encima del interés general con una nueva ley probablemente pergeñada por las propias televisoras?
¿Es correcto que el dinero de los contribuyentes sirva a las televisoras para convertirse en el factótum decisivo de las elecciones, al tiempo que se repleta las bolsas de millones? ¿No es esto un absurdo absoluto? ¿No basta, frente a esa inconmensurable irracionalidad, simplemente prohibir la propaganda política televisiva, como ocurre hoy en Europa?