Editorial

La ley Televisa no debe pasar

Este día en el Senado de la República debe ser dictaminado el paquete de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, un documento elaborado al gusto de las dos empresas que conforman el duopolio televisivo, a contrapelo de la opinión mayoritaria de la sociedad y de los intereses de la nación.

De de ser aprobada la minuta, según dijo en entrevista con este diario el senador Javier Corral Jurado, se generaría un quebranto de al menos mil millones de dólares a las arcas nacionales, además de que representaría la claudicación del Estado como rector de los bienes públicos y como regulador de las telecomunicaciones. Asimismo, en términos de competencia, su entrada en vigor se traduciría en prácticas desleales en favor de Televisa y Tv Azteca y en detrimento de los concesionarios menores de radio y televisión y de los medios electrónicos públicos y sociales.

El cabildeo realizado para la imposición de esta normativa ha sido tan evidente, escandaloso y repudiable como los tratos telefónicos entre el góber precioso, Mario Marín, y el rey de la mezclilla, Kamel Nacif: los senadores panistas y priístas dispuestos a cometer este atraco a los bienes nacionales ni siquiera se han molestado en ocultar que su interés en aprobar esta ley no fue dictada por los intereses del país, sino por el afán de gratificar a las televisoras para que éstas otorguen un trato favorable a los candidatos presidenciales de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.

Una vez más ­como ocurrió con el atropello pactado por Marín y Nacif contra la periodista Lydia Cacho­ el poder del dinero privado está a punto de imponerse a las instituciones del poder público.

Más allá de la indecencia que se ha revelado en la alineación de una mayoría de senadores tricolores y blanquiazules dispuestos a aprobar el engendro de reformas legales, es inevitable advertir en estos pactos el afán de proyectar, más allá del presente sexenio, la correlación de fuerzas en la que se ha basado el cogobierno de facto entre el PRI y el PAN.

Con ese espíritu se busca reducir al próximo gobierno a la condición de mero administrador de hechos consumados, bajo el signo de un proyecto gubernamental gerencial, privatizador, enterrador de la soberanía, obsecuente a la ortodoxia neoliberal y servidor de los grandes capitales.

Por esas razones, la tentativa de modificar al gusto de Televisa y Tv Azteca las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones ha generado un clamor de rechazo que reúne a sistemas de transmisión educativa y cultural, centrales sindicales, productores independientes, trabajadores del ramo, académicos, cineastas, escritores, organizaciones no gubernamentales y medios informativos.

Incluso instancias oficiales, como las comisiones federales de Telecomunicaciones y de Competencia, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, han manifestado fundadas críticas a la minuta de la ley Televisa, en tanto un grupo de senadores de los tres principales partidos ha pedido detener el proceso para que sea la próxima legislatura la que examine y dictamine el asunto.

Es necesario que los legisladores cooptados por las presiones corporativas del duopolio televisivo escuchen este clamor social y se abstengan de servir con su voto a una iniciativa que resultaría devastadora para las arcas públicas, la libertad de expresión, la libre competencia, la rectoría del Estado y el desarrollo nacional. Todavía están a tiempo.