Espera que el juez conceda 6 años de plazo para liquidar el total, de $60 millones
Caso Paraje San Juan: abona el GDF $10 millones de la indemnización
Se cumplió en tiempo y forma con la resolución de la Corte, afirma Alejandro Encinas
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) depositó un anticipo de 10 millones de pesos para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo obliga a indemnizar a un particular con 60 millones de pesos, por la expropiación del predio Paraje San Juan.
El titular del Ejecutivo local, Alejandro Encinas, dijo que al entregar ese anticipo el GDF cumple en tiempo y forma con la resolución del máximo tribunal del país, y ahora está a la espera de que el juez conceda a la autoridad capitalina un plazo de seis años para pagar, en varias exhibiciones, el monto total de la indemnización.
El mandatario capitalino dijo que ahora "el problema que se va a presentar es a quién se le va a pagar, ya que aunque el cheque se tendrá que girar a nombre de Enrique Arcipreste del Abrego, sin embargo este señor delegó sus derechos a sus abogados y ahora existe otro litigio, ya que el juez no reconoce a los abogados como los beneficiarios de la resolución de la Corte".
En tanto, continúa el conflicto por el reclamo de la Secretaría de la Reforma Agraria, debido a que esta dependencia considera que Paraje San Juan se ubica en terrenos nacionales.
Por otra parte, Encinas Rodríguez dijo que tras la clausura del cuarto Foro Mundial del Agua, la importancia de la resolución que adoptó una reunión de legisladores y el Consejo de Gobiernos Locales, que representa a más de 17 mil ciudades del mundo, es que se reconoce al agua como un bien público y un derecho humano que no debe privatizarse.
Enfatizó que, en un primer punto, la declaración de alcaldes y autoridades locales refiere que el agua debe considerarse como un bien y un derecho público y que es responsabilidad de los estados y los gobiernos locales su buena administración, en tanto que corresponde a la sociedad hacer un consumo y aprovechamiento sustentables.
Destacó que no solamente se consideró el acceso al agua como un derecho humano, sino que no se comparte definirla como una mercancía; por tanto, "la valía de la resolución es que no estamos de acuerdo en la privatización de la gestión del recurso".
Un segundo aspecto importante, dijo, fue el de fortalecer las facultades y atribuciones de los gobiernos locales y de la sociedad en la gestión del agua, como una condición para la gobernabilidad y la democracia, lo que implicará la revisión de los marcos jurídicos en cada país.
Otro punto a destacar tiene que ver con el saneamiento de las aguas residuales, para no utilizar el agua potable en actividades agrícolas e industriales, sino para consumo humano.