Juan José Ruvalcaba puede volver a ser citado a declarar como testigo
Interroga y libera la PGR al chofer del líder minero
La Procuraduría General de la República (PGR) interrogó al chofer de Napoleón Gómez Urrutia, Juan José Ruvalcaba, como parte de las pesquisas de la dependencia contra el depuesto líder minero.
Según fuentes oficiales, el pasado fin de semana fue ubicado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el Distrito Federal y se le trasladó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en calidad de presentado.
De inmediato, la esposa del chofer, Guadalupe Valadez Ruiz, buscó un amparo y obtuvo una suspensión provisional contra cualquier medida de incomunicación que sufriera su marido.
No obstante, antes de que se notificara la suspensión que concedió el juzgado octavo de distrito, Ruvalcaba fue liberado bajo las reservas de ley, es decir, que en cualquier momento puede volver a ser citado a declarar como testigo.
Parte del interrogatorio al chofer iba enfocado a indagar sobre el paradero de Gómez Urrutia y, según las fuentes consultadas, Ruvalcaba se deslindó de cualquier relación extralaboral con su jefe.
Incluso una de las preguntas que se le formularon era si ha fungido como prestanombres del líder sindical, pero de acuerdo con los informantes el testigo contestó que no.
Ruvalcaba "fue puesto en libertad a las 21 horas del día 19 de marzo de 2006 por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda", informó la PGR al juez octavo de distrito de amparo, José Miguel Trujillo Salceda.
El Consejo de la Judicatura Federal informó ayer en un comunicado de prensa que la esposa del chofer de Napoleón acudió ante el juez para solicitar que se concediera un amparo a su marido para evitar que las autoridades ministeriales lo mantuvieran retenido e incomunicado.
De inmediato el juez Trujillo inició el expediente 289/2006 y le concedió una suspensión provisional para que la procuraduría cesara cualquier acto de incomunicación contra Ruvalcaba.
Trujillo ordenó a la PGR que le informara las acciones que tomara para acatar la orden, apercibiéndola que de no hacerlo incurriría en el delito de abuso de autoridad.
El juzgador envió un actuario para verificar cuál era la situación del chofer del líder minero. Cuando llegó a la SIEDO, frente al Monumento a la Revolución, el actuario se encontró con que el chofer ya había sido liberado, por lo que el juez procedió a cancelar el juicio de garantías.