El gobierno de Sonora retuvo participaciones federales para asegurar pago de un adeudo
Ordena la Corte a Bours liberar recursos a Empalme
Hermosillo, Son., 16 de marzo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al gobierno de Sonora liberar los recursos por concepto de participaciones federales que ha retenido al ayuntamiento de Empalme, encabezado por el presidente municipal Obed Alberto Castillo Reyes, emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática.
Al inicio de este año, el gobernador Luis Eduardo Bours Castelo ordenó al titular de la Secretaría de Hacienda estatal, Guillermo Hopkins Gámez, retener los recursos por concepto de participaciones federales, con el propósito de recuperar el adeudo del municipio perredista con el gobierno de la entidad, debido a un crédito que pidió para pagar aguinaldos.
A principios de esta semana, la SCJN también congeló 140 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento Municipal, como resultado de que en diciembre pasado el Congreso sonorense excluyó a los siete municipios perredistas (Bacoachi, Rayón, Huatabampo, Tepache, Bácum, Empalme y San Ignacio Río Muerto) de dicho presupuesto, canalizado al ejercicio de la obra pública.
En febrero pasado, Juan Manuel Sauceda Morales, entonces alcalde de Empalme, promovió una controversia constitucional ante el máximo tribunal del país, que emitió una suspensión provisional para que el gobierno de Sonora se abstenga de retener los fondos federales que corresponde manejar a dicho ayuntamiento.
En la víspera, Bours Castelo expuso que la medida de retener las participaciones obedece a un adeudo que el ayuntamiento de Empalme tiene con el gobierno del estado. "Si deben a la administración del estado tienen que pagar, pero a ellos no les gusta", indicó.
Por su parte, el alcalde de Huatabampo, el también perredista Juan José Lam Angulo, anunció que este viernes interpondrá una controversia constitucional ante la SCJN contra del gobernador Bours Castelo por la retención de las participaciones federales, porque consideró que se trata de una ilegalidad cometida por el titular del Ejecutivo estatal.