Plantea auditar a esa empresa; condena que se desplazara a productores nacionales
La Cámara insta a Liconsa a restringir la compra de leche en polvo importada
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo que propuso la Junta de Coordinación Política, en el cual se exhorta a Liconsa a no comprar leche a personas físicas o morales -ni a sus empresas filiales o asociadas- a las que la Secretaría de Economía haya otorgado cupos de importación de leche en polvo.
Asimismo, se insta a la empresa descentralizada a comprar ese alimento a pequeños productores nacionales, y se solicita a la Auditoría Superior que determine con exactitud a qué empresa y personas compra Liconsa la leche.
El diputado panista Ramón González González manifestó en el pleno su preocupación por el problema con varios productores de leche de distintos estados que esta semana regalaron y hasta tiraron el producto, porque no ha sido posible colocarlo dentro de la industria.
Cómo es posible, cuestionó, que si el país es deficitario en leche no se compra toda la producción de los ganaderos nacionales. Los pequeños y medianos productores del país han sido desplazados por la indiscriminada importación de leche en polvo y de fórmulas lácteas que están subsidiadas, agregó.
Señaló que la industria ha importado, en complicidad con la Subsecretaría de Economía, "miles de toneladas de leche en polvo y de fórmulas lácteas, por lo que dejan de adquirir el producto de ganaderos nacionales".
A su vez, el diputado priísta Gonzalo Alemán Migliolo aseveró que es preocupante la situación de los productores de leche, por lo que es necesario apoyarlos en esta "época de vacas flacas", pues batallan "para vender un millón 500 mil litros semanales de leche ciento por ciento pura, y la cadena productiva se ha negado a adquirir esa producción nacional".
Explicó que eso se debe a que la Secretaría de Economía se extralimitó en sus facultades en cuanto a la autorización de cupos.
Revisar liquidación de Ferronales
El pleno de la Cámara también aprobó un exhorto de la Junta de Coordinación Política al titular de la Secretaría de Hacienda para que dé cumplimiento al acuerdo suscrito entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y la a su cargo, en el cual se convino la homologación del salario mínimo burocrático de los empleados del Servicio Postal Mexicano.
El diputado perredista Tomás Cruz Martínez aseveró en tribuna que existe un rezago de la administración pública federal, porque desde hace tres años se convino con los carteros la homologación de su salario con el mínimo burocrático, pero Hacienda se ha negado a cumplir, no obstante que firmó el documento y se comprometió a ejecutarlo.
También se exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a que "en el ámbito de su competencia revise el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales)", y que particularmente siga el proceso de remate de bienes muebles e inmuebles, así como la actuación del delegado fiduciario Enrique Riva.
Durante el desahogo de los trabajos, el pleno de la Cámara conoció la minuta con proyecto de decreto de reforma del artículo 75 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a fin de que el gobierno federal proporcione los recursos materiales y financieros para el debido funcionamiento de ese órgano.
Para los efectos de la regularización de los bienes inmuebles, la CNDH deberá realizar el procedimiento administrativo correspondiente ante la SFP. Dicha minuta se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El pleno aprobó también reformas al Código Penal Federal, con las cuales se agrega en las sanciones previstas a quien siendo ministro de culto religioso o se ostente como tal se aproveche de su actividad para cometer un delito de carácter sexual en menores de 18 años o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho.
Se aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia para reducir de cinco días a 24 horas el tiempo en que se considera delito la privación de la libertad; en caso de exceder este tiempo se incrementará la pena un mes por cada día de privación. La pena en que se basa la modificación establece: se impondrá de seis meses a tres años de prisión y 25 a 100 días de salarios mínimos de multa.
Además se aprobó el dictamen que reforma la fracción octava del artículo segundo y del artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer la obligación del Ministerio Público de notificar personalmente a
las víctimas u ofendidos del delito de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio de la acción penal o desistimiento.