Aprueba el Senado reformas para combatir la explotación sexual de menores
El escándalo Marín-Nacif, catalizador del aumento de penas contra pederastia
El caso del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, no podía estar ausente ayer, cuando se aprobaron en el Senado de la República modificaciones legales para incrementar las penas contra pederastas y otras acciones encaminadas a promover la atención de menores que han sido objeto de abuso sexual.
Mediante las reformas se faculta además a la Secretaría de Seguridad Pública para que, mediante el Consejo Nacional de Seguridad Pública -que ahora encabeza Miguel Angel Yunes- desarrolle políticas de prevención.
Las modificaciones, puntualizó el perredista Rafael Palacios Cordero, estuvieron congeladas por cuatro años en el Senado, toda vez que en la Cámara de Diputados se aprobaron desde 2002. El detonador para que esto ocurriera fue el escándalo protagonizado por el gobernador de Puebla y su relación con el empresario Kamel Nacif -a quien se asocia con Jean Succar, acusado de pederastia-, lo cual obligó a legislar sobre el tema.
"Quedaron en evidencia las nefastas prácticas de complicidad, encubrimiento, contubernio y corrupción desde el poder que emana de un gobierno para favorecer a personajes también con poder económico", planteó el legislador.
El perredista insistió: "Nuestro país se encuentra sumido en una lastimosa situación de violencia y abuso en el ejercicio del poder. México se ha convertido en uno de los principales lugares donde la explotación sexual infantil ocurre a gran escala", apuntó.
Las reformas aprobadas, subrayó, son importantes, ya que van encaminadas a inhibir conductas delictivas de quienes pretendan abusar de su fuerza y su poder para explotar sexualmente a niños y discapacitados.
Al respecto, el priísta Orlando Paredes Lara precisó que se reforman tres artículos del Código Penal Federal, se adicionan dos más al Código Federal de Procedimientos Penales, y se modifican dos fracciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación.
Asimismo, se eleva la pena de prisión para los pederastas, que ahora será de ocho a diez años la mínima, y de 14 a 18 la máxima, pero bajo la consideración de que como el solo incremento de las penalidades no disminuye la comisión de "esos abominables delitos", se incluyeron cambios procesales y de acciones que deberán realizar la SEP y la Secretaría de Seguridad Pública federal para proteger integralmente a los menores.
Por ello se estableció que las investigaciones relacionadas con pederastia estén a cargo de agentes del Ministerio Público especializados en abuso de menores.
Además se instituyó la obligación de las autoridades educativas de fomentar programas y acciones que permitan a los niños desarrollar la confianza necesaria para solicitar auxilio cuando sean víctimas de delitos sexuales.
Se dejó en el Consejo de Seguridad Pública de la SSP la responsabilidad de establecer políticas de prevención de la pederastia, lo cual fue cuestionado por algunos senadores debido a que quien está a cargo de ese organismo es Miguel Angel Yunes, al cual se ha involucrado en una investigación sobre abusos de menores.