Pese a que la terminal es un búnker, los delitos menores persisten
Imperan vejaciones a usuarios del AICM con dispositivos de seguridad
Los costos para los viajeros también han aumentado con los nuevos equipos
A petición del gobierno estadunidense, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) mantiene desde el 11 de septiembre del 2001 un plan de seguridad de riesgo moderado en las instalaciones de la terminal, que para los usuarios de vuelos nacionales e internacionales se refleja en mayores costos, dispositivos que vejan su intimidad, más presencia policiaca y cámaras de seguridad, así como en "absurdas horas de espera" para viajar.
Lo cual, según versiones oficiales, no siempre es suficiente para acabar con la inseguridad: "decirlo sería una falacia, pero se han abatido de una manera sustancial".
Periódicamente la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Oficina Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su siglas en inglés) visitan el país para certificar que se cumplan con sus normas y estándares de seguridad.
Los requisitos para complacer al gobierno estadunidense se han reflejado en los costos del servicio a los usuarios, en el que el aeropuerto capitalino ocupe la posición 40 de entre los 500 más importantes del orbe, en estar "por encima de las normas de seguridad" nacional e internacional y en ser la terminal aérea más importante de América Latina en cuanto a operaciones y manejo de viajeros.
Sin embargo, el vocero del AICM, José Luis Uribe, reconoce que la población flotante diaria de 250 mil personas que acuden a la terminal aérea en temporada baja hacen del inmueble y sus inmediaciones un atractivo botín "para tratar de cometer cualquier ilícito".
Aclara que en materia de seguridad "no se puede andar improvisando", y para ello, luego de los atentados en las Torres Gemelas, se reforzaron todas las medidas de seguridad a petición expresa de uno de los miembros de la OACI: Estados Unidos.
Actualmente, mil 500 policías de la Federal Preventiva se hacen cargo de la seguridad de todo el aeropuerto y a ellos les corresponde coordinar a los elementos adscritos de las procuradurías generales de la República y la Judicial del Distrito Federal, de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública local, y a los efectivos de seguridad privada. En conjunto, se encargan de vigilar permanentemente pasillos, vialidades, salas de espera y áreas operativas.
Adicionalmente, de 170 cámaras de circuito cerrado que vigilan el aeropuerto las 24 horas del día, se pasó a 292; actualmente los usuarios que arriban o pretenden salir a destinos nacionales o internaciones pasan por alguna de las 27 máquinas de rayos X, 29 aparatos manuales, que en filtros de acceso impiden la introducción de armas de fuego, 18 detectores de explosivos y 29 arcos detectores de metales.
Todas estas medidas de seguridad no han abatido "de manera sustancial" la delincuencia común en la terminal: si se considera la población flotante diaria, en 2000 -según estadísticas recientes de la PGR, referidas por el vocero del AICM- se cometían 12 delitos del fuero común por mes y en 2004 se redujo a 3.7.
Sin embargo, sobre el grupo de medidas electrónicas ha habido airadas protestas verbales de los usuarios al grado que a fines del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a visitadores a la terminal. En un comunicado reportó que en el periodo de pruebas de los "escáner corporal" recibió quejas de pasajeros "ante la escasa o nula información disponible por las autoridades, relativa a las características de dicha revisión, su duración, el escaneo, de partes íntimas de los pasajeros y el uso y conservación de las imágenes obtenidas".
En su boletín dio cuenta que las autoridades aduanales sólo se comprometieron a "respetar en todo momento la dignidad y la intimidad de los pasajeros sujetos a revisión mediante 'escáner corporal' haciendo difusa la imagen que se obtenga del área de la cara, senos y genitales".
De su retiro o anulación hasta el momento no se ha mencionado nada. Por el contrario, posteriormente en los vuelos con destino al extranjero y en especial los que se dirigen a Estados Unidos, a los pasajeros se les revisan sus equipajes de mano y en algunos casos al azar se les obliga a quitarse algunas prendas de vestir y con los brazos extendidos se les pasa un detector portátil en busca de explosivos.
Paralelamente, la Dirección General de Aeronáutica Civil pretende cobrar "una cuota de recuperación" de 8 pesos por la inversión en el equipo para revisar el equipaje de mano de cada usuario. Sólo está a la espera, desde inicios del año, a que la Secretaría de Hacienda publique en el Diario Oficial el gravámen.
Este cobro se integrará al de 13 dólares en vuelos nacionales y de 16 para los internacionales por concepto de Tarifa Unica Aerportuaria (TUA) y el impuesto de seguro que las aerolíneas también cobran luego del 11 de septiembre.