Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Sin duda la mejor manera de incentivar el pago de impuestos es hacer transparente el destino de los ingresos que se recauden, transformados en acciones, obras y servicios con que el gobierno retribuya a sus gobernados, incidiendo siempre en el mejoramiento de su calidad de vida. Pero, contrario senso, lo observado en el quehacer del actual Ejecutivo federal ha sido la discrecionalidad ejercida tanto en los gastos como en los ingresos, las más de las veces incumpliendo con las asignaciones que son aprobadas por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La discusión en torno al presupuesto ha estado constantemente marcada por la confrontación, porque el gobierno foxista ha sido renuente a destinar el gasto a la inversión pública para esos propósitos, privilegiando la inversión privada en detrimento de las tareas fundamentales como son: salud, educación, seguridad social y pública, y la explotación racional de los recursos naturales.
Al inicio de esta administración denuncié los "guardaditos" que el gobierno acumula gracias a los subejercicios en el gasto, es decir, no gastar lo que la Cámara de Diputados le ha autorizado; y sobre los mayores ingresos que obtiene por la venta del petróleo, de cuyo destino poco o nada se sabe. Una práctica constante del gobierno, convertida en política pública, ha sido modificar, recortar, manipular y desvirtuar el presupuesto, en razón de sus propios intereses: el pago de deuda, gasto corriente o financiamiento para los Pidiregas y los contratos de servicios múltiples. Con reglas operativas emitidas a discreción, reordenaron sus prioridades y retuvieron el control de la entrega de dinero a las entidades federativas o las propias empresas paraestatales. La falta de transparencia en la información, la imprecisión, e incluso su omisión, se convirtió en práctica común, a pesar de los esfuerzos establecidos en leyes. El gasto se ha manejado al antojo, sin recibir sanciones por dejar de aplicarlo o por desviarlo a áreas menos importantes.
La controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal en contra de las modificaciones realizadas por los diputados al presupuesto en 2005 evidenció que la legislación en la materia estaba rebasada, por lo que para evitar futuras situaciones de crisis para el país se hizo indispensable aprobar una nueva ley denominada de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyo objetivo es evitar tanto incertidumbre a los ejecutores y destinatarios del gasto, como la discrecionalidad del Ejecutivo, a fin de lograr un sistema presupuestario más eficiente, una distribución ordenada del gasto público y el establecimiento de normas para que la asignación responda a los planes y programas concertados.
Debido a que en la ley en comento se incorporaron disposiciones que se encontraban dispersas en diversos ordenamientos, los temas que se incluyen son muy amplios. En cuanto a la transparencia, más que incluir medidas adicionales se retoman las que actualmente se exigen en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, relativas a la obligatoriedad en la presentación de los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas y la deuda públicas. Se establecen los criterios para el otorgamiento de subsidios, señalando que su aplicación se sujetará a los criterios de equidad, transparencia, selectividad y temporalidad. Igualmente se exige la indispensable reducción del gasto corriente del Ejecutivo federal y se incorporan medidas de racionalidad para reducir el gasto administrativo a su mínima expresión.
Adición esencial en la ley es la estimación del precio del petróleo, básicamente porque el monto de su ingreso, y la gran dependencia del presupuesto, lleva a profundas discusiones entre los legisladores, el Ejecutivo federal y las entidades federativas. Para otorgar mayor certeza a esa estimación, la ley establece una fórmula que incorpora tres elementos: el promedio de los 10 ejercicios anteriores; las cotizaciones a futuro, esperadas para un periodo mayor a tres años, y las cotizaciones esperadas para el ejercicio presupuestario en cuestión. Se pretende, claro, fijar el precio lo más técnicamente posible. En cuanto al destino de esos ingresos la ley establece la conformación de tres fondos de estabilización que permitirán a las entidades federativas, a Pemex y al gobierno federal contar con recursos suficientes, en los años en que los ingresos sean inferiores a los previstos, evitando que se realicen ajustes al gasto o recortes al presupuesto. Y sí, se busca el equilibrio presupuestal salvo excepciones que deberá fundamentar el próximo Ejecutivo.
Esta nueva ley es un gran avance, pero también es perfectible, como bien lo dijo Paco Rojas. Es justo decir que cuestiones como los fideicomisos, subsidios, entidades con autonomía presupuestal, contabilidad gubernamental y el equilibrio macroeconómico requieren de mayor precisión, especialmente porque este último ha descansado en los ingresos petroleros y en las remesas de los migrantes. Ese equilibrio se ha mantenido castigando los salarios, de por sí bajos, y sobrevaluando el peso, lo que abarata los costos empresariales y mantiene baja la inflación, pero también deriva en mayor desempleo. La certidumbre que otorga esta ley de nada servirá si no se logra una mejor distribución del ingreso nacional y bienestar económico para la mayoría, que deberá generarse por la vía de más empleo y mejores salarios.