Eduardo Schiaffino calificó de "oscura barbarie" la represión de la dictadura
Admite jefe de la fuerza aérea argentina que la institución violó derechos humanos
Ampliar la imagen El brigadier general Eduardo Schiaffino, ayer durante la inauguración del año militar. Escucha la ministra de Defensa, Nilda Garré Foto: Ap
Buenos Aires, 9 de marzo. En discurso histórico, el brigadier general Eduardo Schiaffino, titular de la fuerza aérea, sorprendió este jueves al admitir que esa institución "que hoy me toca conducir asume la obligación moral ante la nación de reconocer que hubo hechos contra la dignidad del hombre" cometidos por integrantes de la misma, durante la última dictadura militar (1976-1983).
El jefe de la aeronáutica sostuvo que "los derechos humanos son una conquista moral de la humanidad y tienen por objeto establecer los límites de la acción de los poderes del Estado para evitar abusos y proteger la integridad y la dignidad de la persona humana", y añadió que "su quebrantamiento por quien es su garante nos remite a la más oscura barbarie".
La consecuencia de esto, fueron "excesos agraviantes a la dignidad humana que están siendo investigados por la justicia".
Agregó además que "las nuevas generaciones tienen derecho a construir el futuro orgullosas de su esfuerzo, sin cargar sobre sus espaldas con los errores del pasado y entender que no hay solidaridad con el delito, ni con la tortura ni con la cobardía".
En el contexto de una serie de actividades para conmemorar el trigésimo aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que instaló la más cruenta dictadura en la historia nacional, las palabras de Schiaffino causaron impacto cuando habló en el acto de inauguración del año militar en el helipuerto del Edificio Cóndor.
Estaban presentes, entre otras autoridades, la ministra de Defensa, Nilda Garré, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, ambos ex perseguidos de la dictadura en esos años.
Después de su discurso Schiaffino consideró un "error de lectura" haber omitido en su alocución la palabra "repudiar", que figuraba en el texto original en la frase en la que se reconocían los hechos contra la dignidad del hombre.
Esta fue, sin duda, la más severa y profunda autocrítica de esa institución después que en 1995 el entonces jefe de la misma, brigadier general Juan Paulik, intentó un mea culpa ambiguo admitiendo "errores", pero no el involucramiento de la fuerza aérea que dirigía.
La autocrítica de la aeronáutica sucede después de que el pasado 4 de marzo el almirante Jorge Godoy, jefe de la armada, también se refirió a la misma situación.
Godoy dijo que "el presente ofrece la posibilidad de redimir individualmente deudas de muy distintos tenores y medidas (...) contraídas con el pasado trágico de uno de cuyos hechos más tristemente emblemáticos nos separarán en breve 30 largos y meditados años", en referencia a la dictadura.
Hablando en una sede de la marina, también ante Garré, Godoy añadió que "la convivencia pacífica no será fruto de la imposición de valores, sino del diálogo fecundo y la preocupación compartida. Los medios para sostener el ejercicio de las libertades y los derechos del hombre no podrán fundamentarse sino en el contexto de la normativa jurídica de las naciones".
Garré consideró "fundamental" que la fuerza aérea "también haya asumido esta responsabilidad histórica de reafirmar la irrenunciabilidad del respeto a la dignidad del ser humano y a los derechos humanos", en lo que calificó de una "autocrítica profunda del horror que padeció Argentina", y destacó que actualmente 95 por ciento de los cuadros de esa institución "ni siquiera estaban en funciones en ese momento".
En otra cara de esta situación, el 4 de marzo pasado el Ministerio de Defensa anunció su presentación ante la justicia federal como "denunciante" ante malos tratos sufridos por un grupo de oficiales y suboficiales de la Escuela de Infantería de la base naval de Puerto Belgrano, ocurrido en diciembre de 2004.
Unos 10 marinos recién egresados recibieron entonces un "baile" de bienvenida de sus superiores y algunos compañeros y fueron golpeados brutalmente y quemados al obligarlos a sentarse sobre agua termal hirviendo. Varios fueron internados con serias quemaduras, y luego algunos familiares decidieron denunciar el hecho.
Luego del informe recibido por la Secretaría de Asuntos Militares, el Ministerio de Defensa decidió denunciar estos hechos, que consideró "aberrantes"
Garré, como abogada, viene trabajando desde hace años en la necesidad de cambios profundos en la instrucción militar y sostuvo que continuará bregando por la formación, "capacitación y educación de los hombres de armas para evitar que una mentalidad autoritaria y retrógrada pueda seguir abrigándose en algunos sectores y pueda originar estos dolorosísimos y terribles hechos".
El espejo de hoy son hechos similares que han ocurrido con soldados y miembros de algunos ejércitos en la región que fueron sometidos a torturas y otros malos tratos que inclusive dejaron víctimas fatales.
Amenazas a activista y una diputada
"Montoneros, terroristas (...) los vamos a reventar a todos; las van a pagar". Estas fueron las amenazas telefónicas anónimas que recibió ayer Angela Barili de Tasca, de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (filial Mar del Plata), después de que hace 14 días esa institución dio a conocer el hallazgo del nieto número 82, en la búsqueda que se realiza de los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura y robados por represores, que desaparecieron a los padres.
"Ese nieto es casualmente el mío y me considero muy afortunada. Sebastián es un chico encantador; a medida que nos vamos tratando lo quiero más y más", dijo.
Su nieto Sebastián decidió someterse voluntariamente a los análisis de ADN, que dieron un resultado 99.9 por ciento positivo para determinar que pertenecía a la familia que acaba de recuperar.
No es la única amenaza de las últimas horas, porque también le sucedió a la diputada Vilma Ibarra, hermana del destituido jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.
Lo anterior se produce en momentos en que entre 65 y 80 por ciento de ciudadanos encuestados rechaza la decisión de un grupo de legisladores que lo destituyó esta semana, en el contexto de severas irregularidades en el juicio político a que fue sometido.