Activistas dudan que la SCJN responda positivamente a la demanda
Solicita el GDF a la Corte atraer los casos de las matanzas del 68 y del 71
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Alejandro Encinas, jefe del Gobierno del Distrito Federal, entregó un documento con 950 fojas, un video y 243 fotografías para solicitar que la Corte investigue las matanzas. El perredista estuvo acompañado de varios ex estudiantes que aún reclaman justicia
Foto: Jesús Villaseca
El Gobierno del Distrito Federal solicitó formalmente ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad para averiguar la violación de garantías individuales en los hechos represivos cometidos por el grupo paramilitar los halcones, en contra de jóvenes y estudiantes, durante las manifestaciones ocurridas el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.
En el ex Templo de Corpus Christi, el mandatario capitalino, Alejandro Encinas, consideró que frente a estos acontecimientos, hasta ahora impunes, la SCJN tiene en sus manos la oportunidad de restaurar el estado de derecho mediante la apertura del procedimiento de investigación solicitado, que fue acompañado de 950 fojas con notas periodísticas de la época, un video y 243 fotos.
"No se trata de animar ningún sentimiento de venganza, sino de recuperar la memoria, viendo hacia delante, para que las generaciones futuras lo tengan presente y no permitan crecer el odio ni la intolerancia, para que estos sucesos no vuelvan a suceder, porque estamos conscientes de que esas fechas no se olvidan", afirmó.
Ante legisladores locales y federales, así como algunas de las víctimas de esos hechos, como Jesús Martín del Campo y Salvador Martínez della Roca, quienes no confiaron en que esta nueva solicitud tenga eco, aclaró que la petición se basa en el artículo 97 de la Constitución para nombrar a alguno de sus miembros o designar uno o varios comisionados especiales, únicamente para averiguar algún hecho que constituya una grave violación de una garantía individual.
De acuerdo con una revisión de los distintos recursos e instancias civiles que se han adoptado al paso de los años, para evidenciar los acontecimientos registrados en la Plaza de las Tres Culturas y en el Caso de Santo Tomás, se determinó que, histórica y jurídicamente, está plenamente acreditado que el Estado mexicano concibió, diseñó, financió, capacitó, armó, echó a la calle y protegió a un grupo paramilitar que atacó y asesinó a estudiantes.
La SCJN tiene hoy la posibilidad privilegiada de aclarar esta situación que, a juicio del mandatario capitalino, constituyó una violación gravísima de las garantías individuales consagradas en la Constitución y amerita su intervención, en el ejercicio de sus facultades de investigación prevista, porque "no han sido debidamente examinados a la luz del derecho y de la justicia".
Además, no ha dado certidumbre a los mexicanos respecto al estado de derecho, el combate frontal a la impunidad, la violencia como mecanismo de control político y la violación a las garantías individuales y los derechos humanos, por lo que para el gobierno capitalino "no opera la prescripción, toda vez que son asuntos que conciernen a los ciudadanos todavía", precisó.
En su oportunidad, los ex estudiantes José Francisco Gallardo, Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández, Martínez della Roca, Pablo Gómez y Leopoldo Ayala, gritaron, como hace 38 años, la consigna ¡2 de octubre y 10 de junio no se olvidan!; y después de hacer un recuento de los hechos, el integrante del Comité del 68 Prolibertades Democráticas, Jesús Martín del Campo, confió en que la Federación no dé punto final, en abril próximo, a los casos de violación de las garantías individuales y derechos humanos de esa época.
Posteriormente, el secretario de Gobierno del DF, Ricardo Ruiz Suárez, entregó el paquete de cuartillas, fotografías y videos, a fin de solicitar a la Suprema Corte de Justicia realice una investigación en torno a las matanzas ocurridas 1968 y 1971.