Loyola Vera, ex gobernador y hoy titular de la Profepa, protagonista del despojo

En la mira de trasnacionales, el agua de los llanos de Amealco

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

El Batan, Qro. 9 de marzo. En medio de un campo en pleno estiaje en las llanuras de Amealco, miles de campesinos instalaron dos grandes lonas y se turnan para montar guardia día y noche en defensa de su agua. Para 63 comunidades de los municipios de Amealco y San Juan del Río ésta es la batalla final. Si la pierden, ya no habrá otra. De hecho, las autoridades las han desahuciado, o poco menos, mientras Coca-Cola, Kimberly Clark y un grupo de empresarios franceses instalados en San Luis Potosí, entre otros, cuentan con dominar pronto 14 mantos acuíferos, si bien oficialmente se han enajenado sólo tres a los ejidatarios y pequeños propietarios de El Batán.

La pinza está tendida: Ignacio Loyola Vera, quien gobernaba Querétaro cuando se echó a andar el negocio para beneficio de grandes empresas estadunidenses y francesas, hoy es el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y como tal, responsable de autorizar que el despojo se consume, además de estar en posición de perseguir a los campesinos que se opongan. (Viene al caso aquello de "poner la Iglesia en manos de Lutero", un rasgo cada día más común en el regimen foxista).

"El progeso de ellos es nuestra miseria", dice esta mañana el subcomandante Marcos, después de escuchar decenas de testimonios de hombres y mujeres que así saludan la otra campaña y se proclaman adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Centenares de campesinos de carne y hueso dan la cara. Defienden juntos lo que unos cuantos representantes ejidales, en asociación con el gobierno estatal, lograron quitar "voluntariamente" a un puñado de propietarios de las tierras circundantes (que no de los mantos acuíferos). La negociación fue individual, para dividirlos. Por 20 mil pesos. Unos firmaron, otros no; como sea, los representantes ejidales falsificaron sus firmas. Y se incluyó en la lista a personas ya fallecidas.

Mientras sus familiares se reúnen con el delegado Zero y hablan ante los medios de comunicación, un grupo de niños aprovecha el viento terregoso a orillas del agua para volar sus papalotes. "Es una desgracia que el gobierno de Querétaro pretenda acabar con la juventud y los niños de nuestros pueblos", dice un campesino de tez rubicunda y sombrero de palma, como todos los demás.

Las primeras amenazas

El proceso de despojo se desencadenó a finales de 2004. En junio de 2005, cuenta Guadalupe, una joven madre, empezaron las amenazas. El 24 de agosto se estableció el campamento en defensa del agua y fue atacado inmediatamente por granaderos y la guardia municipal armados y con perros de caza. "Estábamos con nuestros niños y nos dijeron que no les importaba y nos echaron encima sus carros encima para atropellarnos".

Al mismo tiempo, el nuevo gobernador, Francisco Garrido Patrón (sic de apellido), prometía agua a los empresarios de la zona industrial de San Juan del Río y la capital del estado. "No a nosotros", denuncia otro campesino. Les han ofrecido caminos y obra pública. Ni siquiera eso les ha cumplido el gobierno. "Además, no estamos dispuestos a cambiar obras por agua", dice un ejidatario de El Batán. "Si la gente no se organiza, van a entrar a llevarse todos nuestros pozos. El problema está grande y grave".

Bueno, algunas obras se concretaron: la carretera y dos iglesias. Dos, una enfrente de la otra. Y como comenta un campesino más: "ni que fuéramos tan católicos".

El señor Gachuzo exclama: "¿Dónde está el manto de El Batán? Aquí. Por lo tanto, el agua no se debe ir. Si permitimos la sobrexplotación de nuestros mantos, ¿qué nos van a decir? 'Ustedes los dejaron ir. Ahora aguántense'. Estos mantos son como un depósito en el banco para que nuestros hijos y sus nietos tengan un futuro. De esta agua vivimos muchas comunidades. Vamos a defenderla".

Los han engañado los presidentes municipales priístas de Amealco y San Juan del Río, el gobierno panista del estado y los diputados perredistas que les prometieron apoyarlos. Doña Martha, una mujer madura y robusta, dice con dolor: "Nosotros, como tontos, votamos por ellos. ¿Para qué? Para que nos maten a todos. Nos tienen amenazados. Queremos defender nuestra vegetación, no vivir en un desierto. No son dueños de nosotros. No son dueños de nuestra agua. Como dijo un muchacho el otro día: 'preferimos que nos den un balazo para morirnos de una vez'. Pero vamos a seguir unidos y le decimos a Paco Garrido que no se va a llevar el agua".

Los pobladores de El Batán, La Beata, Palos Altos, El Aserrín, Salto de Vaque-rías, Laguna de Servín, Puerto de Alegría, Rincón y los demás poblados bajo amenaza se enfrentan a una muerte lenta e inexorable. La ley no está de su parte.

Don Daniel, de Laguna de Servín, agrega otra historia. La de "una de las zonas más lejanas y olvidadas", donde están amenzadas 2 mil hectáreas de la "selva" del sur de Querétaro, zona en la cual ya se perdieron ocho mantos acuíferos y seis más están en peligro. Aunque hay una reserva decretada desde 1942, "en 1993 empezaron los destrozos y desde 1998 a la fecha la tala de los bosques" por madereros apoyados en sus grupos de choque uniformados con camisetas que decían "brigada contra incendios".

Los han apoyado el gobierno del estado, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Profepa. Patricia Carrera, ex delegada de la primera dependencia y miembro del PVEM, dio protección a los talamontes. En la pugna por el control del agua se ha criminalizado a los campesinos mediante el uso faccioso de la ley. No es de extrañar que el Ministerio Público se abstenga de recoger las quejas de los labriegos, mientras la Semarnat y la Profepa "no atienden nuestras demandas", añade don Daniel, y advierte: "No dejaremos de luchar hasta el final".

Menciona el caso de los indígenas de las zonas urbanas en San Ildefonso y Santiago, quienes carecen de agua y el gobierno no se las proporciona; en cambio, a las industrias les da mucha y barata. Para no llamarse a engaño, recuerda que Loyola Vera dijo -cuando aún era el mandatario queretano- que bosques como los de Laguna de Servín "deben aprovecharse". En efecto: "los han arrasado", concluye el agricultor.

El nuevo gobernador, Garrido Patrón (quien según estos campesinos se dio en diciembre un aguinaldo de 352 mil pesos), y su actual secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, prometen beneficios colaterales a cambio de llevarse los recursos hídricos, ya comprometidos con las grandes industrias. Y ni siquiera eso cumplen. Acusan al secretario Botello de ignorarlos, darles malos tratos y desdeñarlos, "pues son unos cuantos indios".

Yolanda, aguerrida representante de los campesinos, refiere: "Hemos pedido diálogo y estudios de impacto ambiental y no nos hicieron caso". Ante la presencia del delegado Zero, reconoce que, hasta ahora, "nadie se había acercado a nosotros". Han realizado plantones frente al ayuntamiento de Amealco y la casa de gobierno del Querétaro, "pero nadie ha salido a dar la cara".

Además de la Comisión Estatal del Agua (CEA), que les ha cobrado a los campesinos por el líquido del pozo de Los Viveros, que ellos mismos construyeron colectivamente, también son responsables directos de la corrupción y los engaños el presidente municipal de Amealco, Luis Franco Mejía, conocido popularmente como El Burro, quien firmó el convenio de aprovechamiento del agua para las industrias; el comisariado ejidal, Francisco Loa Carvajal, y su sucesor, Isaías Durán. Presumen de "tener los sellos" y el control, no obstante que Carvajal fue destituido por los propios ejidatarios.

Un pequeño propietario recuerda que dijo a los ejidatarios: "Compañeros, el agua no es de ustedes, es de la comunidad. El gobierno tiene el poder, pero no el derecho de llevársela".

Otro campesino acusa: "Tenemos un gobierno de saqueadores y ladrones. Y las empresas no tratan bien el agua, la derrochan. Tan sólo Kimberly Clark consume lo mismo que todo San Juan del Río. Pero quién los va a tocar, si entre sus accionistas están los Loyola, los Burgos, los Arana" (familias que detentan el poder en Querétaro).

Para completar el cuadro, con lo cual El Batán deviene caso emblemático de la situación actual en el país, irrumpe en la reunión de la otra campaña el señor Fernando Peralta, precandidato a diputado del PRD, con autobuses y promesas de tacos, refrescos y pancartas ya listas para todos los campesinos que acepten ir con toda su familia, ahora mismo, a "protestar" contra la alcaldesa priísta de San Juan del Río, Jacaranda López Salas, ante su sede de gobierno.

Allí están su equipo de logística y dos autobuses, con los motores encendidos, esperando levantar acarreados de la concentración convocada por la otra campaña. Peralta invita personalmente a los jefes de familia y reparte pases para el transporte y el lonch. Se presenta no como precandidato, sino como simple "ciudadano", miembro de la Unión de Industriales, Comerciantes y Ciudadanos de San Juan del Río.

La gente lo reconoce. Unos dicen que ha venido anteriormente a proponer la instalación, aquí mismo, de una empresa. Les ha dicho que así se evitaría que los despojen del agua. Otros dicen que promueve una maquiladora china. Otros más, que ha mostrado interés en adquirir tierras. Como quiera, tan desinteresado personaje no consigue reclutar a la gente y allí quedan sus autobuses, patéticamente vacíos.

Los campesinos repiten varias veces que el gobernador Paco Garrido ha declarado a la prensa local que el proyecto de explotación del agua en El Batán "está suspendido", pero hasta ahora no le consta a nadie. Exigen hoy que el mandatario lo confirme por escrito. Así como no fueron consultados al iniciarse el proyecto, no los toman en cuenta para convencerlos de la presunta cancelación de proyecto.

En este pequeño punto de la geografía llanera, lejos de todo, alambrado y amenazado, se juega un destino ejemplar. Una vez más, la voracidad del neoliberalismo cierne su sombra sobre los pueblos.