La Corte da plazo a legisladores para entregar pruebas
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó ayer a las cámaras de Diputados y Senadores que tienen de plazo hasta el 13 de marzo próximo para presentar la documentación que avale su petición para que el máximo tribunal investigue la presunta violación grave de garantías individuales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.
En el acuerdo publicado ayer con relación al expediente Varios 329/2006, la oficina de Mariano Azuela Güitrón señala que el 24 de febrero pasado la SCJN notificó a las cámaras del Congreso de la Unión que el plazo para cumplir con el ordenamiento del ministro presidente contaba a partir del 28 del mismo mes.
Así, los 10 días hábiles otorgados por Azuela, sin contar sábados y domingos, concluye el próximo lunes.
Cabe recordar que el ministro presidente estableció que la documentación que le entreguen los legisladores será turnada a un integrante del pleno para que éste elabore el proyecto en el que la SCJN admita o rechace la petición de investigar el caso Lydia Cacho, con base en el artículo 97 constitucional.
Entre otras cosas, el ministro señala: "una simple petición que se acompaña con los medios probatorios idóneos no debe distraer la atención del pleno de ministros", quienes tienen la responsabilidad de integrar un tribunal que resuelve controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos en contra de leyes acusadas de violentar la Carta Magna".
Recordó a los legisladores que la facultad de la SCJN para atraer una investigación, como señala el artículo 97 constitucional, es "discrecional". Además, menciona que "si en todos los casos y cualquiera que fueran las circunstancias, la Suprema Corte ejercitara esa facultad, se desvirtuarían sus altas funciones constitucionales y se convertiría en un cuerpo político".
En todo caso, señaló Azuela, si la Corte no ejerce dicha facultad, el ciudadano involucrado no quedaría indefenso, es decir, que existen mecanismos jurídicos para defender sus derechos.